La palabra de la semana. Desde España nos la presenta Alberto Mesas Sainz, politólogo y director formativo de CIMAD.
2/10/26
Decreto Maricarmen
El llamado Decreto Maricarmen se ha convertido en una de las expresiones políticas de la semana en España. Lo que comenzó con el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo en la misma vivienda de Madrid, terminó transformándose en un símbolo de la crisis habitacional y en un detonante de movilizaciones, acampadas y presión social sobre el Gobierno. El caso ocupó durante días la agenda pública y empujó la negociación acelerada de nuevas medidas de vivienda, hasta el punto de que diversos medios hablaban ya de un auténtico “efecto Maricarmen” en la política nacional.
El Ejecutivo respondió impulsando dos decretos centrados en la protección de inquilinos vulnerables, la limitación de determinados desahucios y la prórroga de contratos de alquiler. Sin embargo, la votación en el Congreso acabó convirtiéndose en una prueba de resistencia para la mayoría parlamentaria. Finalmente, los textos han sido rechazados tras la oposición de la derecha parlamentaria (PP, Vox y Junts) abriendo una nueva fase de incertidumbre política y legislativa.
La reacción política refleja la profunda división existente sobre el problema de la vivienda. Desde posiciones progresistas se defiende que el caso evidenció la necesidad de reforzar la protección frente a los desahucios y contener la escalada de los alquileres. Desde sectores liberales y conservadores se argumenta que muchas de las medidas propuestas generan inseguridad jurídica y no atacan las causas estructurales de la falta de oferta. Entre ambos polos, las instituciones intentan equilibrar la garantía del derecho a la vivienda con la protección de la propiedad privada, un debate que lleva años creciendo en intensidad.
Pero la verdadera dimensión del fenómeno va más allá de la vivienda. Tras la derrota parlamentaria de los decretos, comienza a ganar terreno la hipótesis de un posible adelanto electoral, alimentada por el bloqueo legislativo y por la fragilidad de los apoyos del Gobierno. La caída del denominado Decreto Maricarmen ha dejado de ser únicamente una cuestión social para convertirse en un test sobre la estabilidad política del Ejecutivo.
top image: Gemini AI / prompt: Alberto Mesas Sainz
26/9/26
Todos somos caballas
Durante este mes de septiembre de 2026, la expresión “Todos somos caballas” se ha instalado en el centro de la conversación pública tras convertirse en un auténtico polvorín mediático en España. El término “caballa” es el gentilicio popular y cariñoso con el que se conoce históricamente a los habitantes de Ceuta, haciendo honor a la pesca tradicional de este pez en sus aguas. La frase nació originalmente como el lema de una campaña de solidaridad impulsada de forma oficial por la Asociación Valenciana de Empresarios para apoyar a los ciudadanos ceutíes y visibilizar la cohesión social tras la gravísima crisis migratoria sufrida en la frontera a finales del pasado mes de julio.
Sin embargo, el motivo por el que este concepto ha saltado a la actualidad no ha sido el consenso, sino un inesperado episodio acontecido en los minutos previos a un partido de fútbol de la Liga entre el Elche y el Real Madrid. La iniciativa solidaria contemplaba que los futbolistas saltaran al terreno de juego portando camisetas blancas con dicha inscripción, tal y como reflejó el propio club en el canal oficial del Real Madrid. La polémica estalló por completo cuando las cámaras captaron cómo las grandes estrellas madridistas Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté decidieron voluntariamente doblar o enrollar la prenda para ocultar el lema ante los espectadores.
La negativa de estos jugadores a lucir el mensaje visible en sus pechos activó de inmediato un agrio debate, destapando las complejas lecturas políticas que conviven detrás de este problema. Al tener los tres futbolistas implicados una estrecha ascendencia africana, su gesto se interpretó como un rechazo a participar en una campaña que consideraban instrumentalizada y con tintes de confrontación hacia los propios migrantes. Aunque el propio Mbappé recurrió posteriormente a sus redes sociales para aclarar el malentendido, la repercusión internacional obligó a que las directivas se pronunciaran respecto a la libertad de decisión individual de sus profesionales.
Lo que convierte a esta frase en un concepto tan discutido es precisamente la fuerte polarización que arrastra consigo en el clima político español. Mientras que los sectores progresistas y diversos analistas deportivos afearon que se forzara a los jugadores a posicionarse en dinámicas que no les correspondían, las posiciones más conservadoras interpretaron la actitud como un desprecio inaceptable hacia la seguridad nacional de la ciudad autónoma. De este modo, la polémica funciona hoy como un termómetro exacto de la tensión social, demostrando que el consenso respecto a la realidad de nuestras fronteras sigue estando muy lejos de alcanzarse.
16/9/26
Reubicación
Durante las últimas semanas, y especialmente desde finales de agosto de 2026, el término “reubicación” se ha instalado en la conversación pública española a raíz de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Tal y como comentaba la semana pasada, tras la entrada masiva de personas migrantes registrada el 31 de julio, la ciudad autónoma se ha visto desbordada, y el Gobierno central, el Ejecutivo ceutí y las comunidades autónomas llevan semanas discutiendo cómo y dónde alojar a miles de personas, entre ellas más de 2.100 menores no acompañados.
La palabra “reubicación” se repite en ruedas de prensa, titulares y entrevistas porque describe, precisamente, el paso previo y más urgente a cualquier debate sobre reparto territorial: sacar a la gente de la calle y trasladarla a espacios habilitados dentro de la propia ciudad.
Conceptualmente, conviene distinguir “reubicación” de otros términos con los que suele confundirse, como “reparto” o “distribución”. La reubicación se refiere al traslado de personas migrantes desde asentamientos improvisados, calles o instalaciones saturadas hacia nuevos recursos de acogida, habitualmente dentro del mismo territorio; es una medida logística e inmediata. El reparto o la distribución, en cambio, implica trasladar a esas personas entre distintas comunidades autónomas, algo que exige acuerdos políticos, marco legal y, en el caso de los menores, procedimientos individualizados que amparen el Real Decreto 2/2025 sobre contingencia migratoria extraordinaria. Esa distinción explica buena parte de la tensión política: mientras el Gobierno insiste en que la prioridad inmediata es reubicar dentro de Ceuta, mantiene abierta la puerta a una distribución posterior entre autonomías, una posibilidad que genera mucho más rechazo.
Ceuta cuenta oficialmente con recursos para apenas unas decenas de menores, pero soporta una cifra muy superior de niños y adolescentes migrantes filiados, además de otros que permanecen en la calle. Ante la saturación, el Ministerio de Transportes autorizó a comienzos de septiembre la utilización temporal de una parte del puerto de la ciudad para instalar un macroespacio de acogida, y días después se llevó a cabo el traslado de varios cientos de personas que dormían a la intemperie hacia unas nuevas instalaciones en el barrio de Los Rosales. El propio Gobierno ha reconocido que ya ha habilitado miles de plazas en la ciudad autónoma, con el objetivo declarado de ampliarlas aún más, mientras sigue sin resolverse el destino final de los menores no acompañados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio una nueva dimensión al debate en una entrevista en La 1 de RTVE, en la que afirmó que no descarta “ninguna opción” respecto a distribuir entre comunidades autónomas a los migrantes que llegan a Ceuta, aunque matizó que en este momento la prioridad es completar la reubicación dentro de la propia ciudad y reforzar las infraestructuras de acogida, comparando la situación con la crisis vivida en Canarias entre 2020 y 2021. Esa declaración reactivó de inmediato el debate territorial, porque varias comunidades empezaron a valorar cómo se prepararían ante un eventual reparto, mientras otras se posicionaron abiertamente en contra.
Lo que convierte a “reubicación” en un concepto tan discutido no es solo su significado técnico, sino todo lo que arrastra consigo: competencias divididas entre el Estado, la ciudad autónoma y las comunidades, la protección de menores como asunto especialmente sensible, y un choque político de fondo entre quienes reclaman solidaridad territorial obligatoria y quienes defienden que la solución pasa por devoluciones a Marruecos o por mayor financiación antes que por acoger. En ese sentido, la palabra funciona casi como un termómetro: cuanto más se usa “reubicación” en lugar de “reparto”, más claro queda que el consenso político sigue muy lejos de alcanzarse.
Las reacciones políticas reflejan justamente esa división. Desde el Gobierno y el PSOE se defiende que la reubicación dentro de Ceuta es solo un primer paso y que, si la presión no cede, habrá que estudiar la distribución entre autonomías apelando a la solidaridad territorial.
7/9/26
Violación de la integridad nacional
Este concepto se ha puesto muy de moda en la política española porque el presidente, Pedro Sánchez, lo utilizó para describir lo que pasó en Ceuta. El Gobierno usó estas palabras tan contundentes para dejar claro que la entrada masiva de personas no era solo un problema de migración, sino un desafío directo a la seguridad del país, detrás del cual operan mafias que trafican con personas.
Para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que viajar a finales de julio. Tras unos días de mucha tensión en la valla fronteriza, entre el 30 y el 31 de julio la situación estalló por completo. En un margen de apenas 24 horas, una oleada de unas 72.000 personas, la mayoría jóvenes magrebíes, cruzó a Ceuta bordeando los espigones a nado o a pie. La avalancha fue tan grande que colapsó por completo a la Guardia Civil, a la Policía y a los centros de acogida de la ciudad, que se vieron totalmente desbordados.
La reacción para frenar el caos no se hizo esperar. El 31 de julio, el Gobierno central tomó la decisión de desplegar al Ejército en las calles de Ceuta para ayudar a la policía y poner orden. Ese mismo día, el presidente Sánchez viajó de urgencia a la ciudad para liderar el comité de crisis y mandar un mensaje de tranquilidad. Por su parte, Marruecos también reaccionó esa misma noche blindando su lado de la frontera con policías antidisturbios en localidades como Castillejos para evitar que siguieran llegando más personas.
A partir de ahí, durante todo el mes de agosto, comenzó el difícil trabajo de gestionar lo que había pasado. En las primeras semanas se activaron los retornos y más de 48.000 personas volvieron a Marruecos, muchas de ellas de forma voluntaria al ver que no tenían dónde dormir ni qué comer en Ceuta. A mediados de mes, la tensión se trasladó a los despachos y a los medios de comunicación; hubo nuevos intentos de salto que la policía marroquí frenó en su propio suelo, y se llegó a restringir el acceso a la prensa internacional para enfriar el foco mediático.
Ahora que ha empezado septiembre, la crisis ha entrado en una fase más política y de reconstrucción. Aunque decenas de miles de personas ya han regresado, el gobierno local de Ceuta advierte que todavía quedan miles de migrantes en la ciudad y que los servicios públicos siguen al límite. Para solucionar esto a largo plazo, el Gobierno de España ha anunciado que va a invertir 309 millones de euros para reforzar la seguridad de la frontera, mientras en el Parlamento se debate si los servicios de inteligencia fallaron a la hora de prever este suceso.
22/7/26
Reventón térmico
El reventón térmico ha sido uno de los conceptos meteorológicos más comentados en España estos días porque ha coincidido con una ola de calor histórica, con máximas inéditas y una atmósfera extremadamente inestable. Un reventón térmico ocurre cuando el aire frío de una tormenta desciende bruscamente, se comprime al caer y llega al suelo convertido en un golpe de viento muy violento acompañado de un aumento súbito de temperatura. Este fenómeno, descrito por meteorólogos como Isabel Moreno, puede transformar un día de calor en un episodio extremo en cuestión de minutos, con saltos térmicos y rachas de viento capaces de causar daños materiales.
En el contexto actual, España atraviesa el segundo junio más cálido desde 1961, con temperaturas medias 3,3 °C por encima de lo normal y más de 300 récords provisionales de máximas y mínimas. La ola de calor del 20 al 24 de junio ha dejado jornadas que RTVE describe como “las más cálidas de la serie histórica”, con 17 capitales superando los 40 °C y noches tórridas generalizadas. Esta combinación de calor extremo, masas de aire sahariano y tormentas secas crea el ambiente perfecto para que los reventones térmicos aparezcan de forma explosiva y difícil de predecir.
La situación se ha intensificado porque el norte peninsular —tradicionalmente más templado— ha registrado valores inéditos: Euskadi alcanzó los 43,6 °C, Galicia activó alertas rojas en más de cien municipios y Cantabria registró su máxima absoluta histórica. En este escenario, los reventones térmicos se convierten en un riesgo añadido: un cielo aparentemente estable puede derivar en un desplome de aire que genera vientos súbitos, daños en infraestructuras y un aumento repentino de temperatura, como han explicado los meteorólogos de RTVE en sus análisis diarios.
El fenómeno también ha generado reacciones políticas. Desde posiciones progresistas, se interpreta como una evidencia más del impacto del cambio climático, citando herramientas como el Climate Shift Index, que indican que estas temperaturas son “hasta cinco veces más probables” debido al calentamiento global. Desde sectores conservadores, se pide prudencia y se insiste en que los reventones térmicos son fenómenos naturales que requieren mejorar la gestión de emergencias más que convertirlos en un debate ideológico. En posiciones centristas y liberales, el foco se ha puesto en la resiliencia urbana: revisar arbolado, estructuras temporales y protocolos de seguridad en eventos públicos ante episodios meteorológicos cada vez más extremos.
16/7/26
El absentismo laboral
El absentismo laboral se ha convertido en una de las palabras más repetidas en España en los últimos días. El término, aunque a menudo se usa de forma imprecisa, designa cualquier ausencia del puesto de trabajo, tanto justificada como injustificada. Para los expertos incluso las vacaciones cuentan técnicamente como absentismo, aunque en el debate público el foco está puesto en las bajas médicas por incapacidad temporal, que representan más de tres cuartas partes de todas las ausencias. En 2025, España registró una media de 24,8 horas perdidas por trabajador al mes, y si se excluyen vacaciones y festivos, el absentismo se situó en el 7% de las horas pactadas, con un 5,4% correspondiente a bajas médicas.
El motivo por el que el absentismo ha vuelto al centro del debate es político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó recientemente el absentismo de “cáncer” y sugirió que los trabajadores de baja deberían cobrar menos desde el primer día, argumentando que el coste económico “no se sostiene”. Sus declaraciones se produjeron en un encuentro con empresarios y reavivaron una discusión que llevaba meses latente, alimentada por el aumento sostenido de las bajas laborales, que se han duplicado en una década y cuyo gasto superó los 35.000 millones de euros en 2025.
La reacción del Gobierno fue inmediata. El presidente Pedro Sánchez respondió que “los derechos no se recortan” y acusó a Feijóo de demonizar a los trabajadores enfermos. Los sindicatos UGT y CCOO calificaron las palabras del líder del PP de “disparate” e “imprudentes”, recordando que nadie cobra lo mismo de baja que trabajando y que las bajas las conceden médicos, no los trabajadores. También señalaron que el aumento de las incapacidades temporales está relacionado con la saturación de la sanidad pública y los retrasos en pruebas diagnósticas, que alargan las bajas.
La patronal CEOE, por su parte, insiste en que el absentismo es un problema estructural que debe abordarse en la negociación colectiva. Su presidente, Antonio Garamendi, ha pedido a los sindicatos “responsabilidad” y ha defendido que el coste para las empresas es insostenible. EFE recoge además la preocupación de expertos y académicos, que alertan de que el gasto en bajas laborales ha crecido más de un 60% en una década, amenazando la sostenibilidad económica y social del país. La tasa de absentismo alcanzó en 2025 un máximo histórico del 7,68%, según datos difundidos por la agencia.
El debate también ha llegado a la opinión pública, donde se critica la confusión deliberada entre absentismo injustificado y bajas médicas. Según fuentes, el 80% de las ausencias diarias —1,6 millones de trabajadores— se deben a bajas justificadas, y que mezclar ambos conceptos distorsiona la realidad. En paralelo, algunos analistas interpretan que el PP busca marcar agenda conectando con las preocupaciones del empresariado, mientras otros señalan que el problema real está en la falta de inversión sanitaria y en la gestión de las incapacidades temporales.
9/7/26
Ley de nietos
La Ley de Nietos ha vuelto al centro del debate político español porque, en plena precampaña y con la regularización extraordinaria de inmigrantes sobre la mesa, varios líderes de la oposición han acusado al Gobierno de usar esta vía de acceso a la nacionalidad como una forma de “ingeniería electoral”. El concepto se refiere a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática (2022), que permite obtener la nacionalidad española a hijos y nietos de personas exiliadas por la Guerra Civil o la dictadura franquista. En estos días, el foco mediático se ha intensificado porque el volumen de solicitudes y aprobaciones es muy alto —más de 2,4 millones de solicitudes y 544.000 aprobadas, según datos oficiales citados por RTVE— y porque su impacto en el censo electoral ha generado una fuerte disputa política.
En el presente, la polémica se articula en torno a dos elementos: la magnitud del proceso de nacionalización y la gestión administrativa. El PP sostiene que el Gobierno ha actuado con “opacidad” y “urgencia”, y que la instrucción de 2022 amplió el alcance de la ley más allá de los descendientes de exiliados, permitiendo que “todos” los nacidos fuera de España con ascendencia española puedan optar a la nacionalidad. RTVE recoge que la oposición cuestiona especialmente la falta de transparencia en los consulados y la posibilidad de asignar provincias de inscripción a personas sin arraigo, lo que —según ellos— podría alterar el censo.
El Gobierno, por su parte, rechaza frontalmente estas acusaciones y las califica de “argumentos trumpistas” o directamente de bulos, defendiendo que el procedimiento es riguroso, legal y supervisado. El Ejecutivo recuerda que la ley fue aprobada democráticamente en 2022 y que el derecho a la nacionalidad de los descendientes de exiliados es una reparación histórica, no una maniobra electoral. También subraya que el PP apoyó inicialmente la medida en 2022, lo que añade tensión al giro discursivo actual.
En el espectro político más amplio, Vox ha elevado el tono y ha llegado a describir la Ley de Nietos como un “golpe de Estado a cámara lenta”, mientras que Sumar y otros partidos progresistas acusan al PP de sembrar dudas infundadas sobre un proceso administrativo legítimo. Yolanda Díaz recuerda que la medida estaba en su programa electoral y acusa a Feijóo de mentir “entonces o ahora”. El debate, por tanto, se ha convertido en un símbolo de la batalla narrativa sobre la legitimidad institucional y la confianza en los procedimientos electorales.
30/6/26
Las cejas de Zapatero
La conversación pública española ha vivido un episodio peculiar: la irrupción del tema de las cejas (sí, las cejas) del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en medio de un clima político marcado por investigaciones judiciales, filtraciones y tensiones internas en el Partido Socialista.
El origen del buzzword de esta semana está en la filtración de la agenda personal del expresidente, incorporada a un informe de la UDEF, donde aparecían detalles minuciosos de su vida privada, incluyendo sus rutinas de peluquería y el cuidado de las cejas. Este elemento aparentemente trivial se convirtió en símbolo del debate sobre los límites de la investigación judicial y la exposición mediática de la intimidad de figuras públicas.
En el presente, el asunto ha escalado porque la filtración se produjo en un momento de máxima sensibilidad: el llamado caso Plus Ultra, las joyas incautadas y las gestiones internacionales del expresidente están bajo escrutinio judicial. En ese contexto, la aparición de mensajes como “Necesito tenerlas en forma” —referidos a sus cejas— en los chats intervenidos por la Policía ha sido utilizada por algunos medios para ilustrar el nivel de detalle de la investigación. La reconstrucción de sus citas de peluquería, con frecuencia mensual y coordinación directa con su secretaria, ha alimentado titulares y comentarios irónicos, pero también críticas sobre la proporcionalidad de la filtración.
El Gobierno ha reaccionado con dureza. El ministro Óscar Puente calificó la filtración de “extrema gravedad” y cuestionó el interés público de divulgar aspectos íntimos como “que Zapatero se hace las cejas”. Para el Ejecutivo, este episodio demuestra una “causa general” contra el expresidente y un uso desmedido de información privada en procesos judiciales y mediáticos. Puente subrayó que la agenda filtrada incluía datos sensibles como claves de correo, cuentas bancarias o direcciones, y anunció que Zapatero emprenderá acciones legales.
Desde la oposición, el tono ha sido muy distinto. Sectores del PP han aprovechado la situación para reforzar la idea de que el PSOE atraviesa una crisis profunda por casos de corrupción, y han señalado que Zapatero “rechaza asumir su inocencia” al intentar anular la causa. Aunque las cejas no son el centro de su discurso, la filtración se interpreta como parte de un deterioro institucional y un síntoma del caos interno socialista.
En la izquierda crítica y en medios progresistas, el enfoque ha sido más reflexivo: se denuncia la deriva hacia un periodismo que mezcla elementos irrelevantes con filtraciones judiciales, generando ruido y desinformación. En este marco, las cejas de Zapatero se han convertido en un ejemplo de cómo detalles personales pueden eclipsar debates de fondo sobre la justicia, la privacidad y la instrumentalización política de los procesos judiciales.
20/6/26
Las joyas de Zapatero
En los últimos días, España ha vivido un debate inesperado alrededor de un expresidente muy conocido: José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernó entre 2004 y 2011. La polémica surgió cuando, durante un registro policial relacionado con otra investigación, los agentes encontraron en su despacho una colección de más de sesenta joyas —anillos, relojes, collares y piezas con piedras preciosas— valoradas en torno a 1,3 millones de euros. El hallazgo llevó a un juez a abrir una investigación específica para aclarar su origen y determinar si existe algún delito, como fraude fiscal o entrada irregular de bienes de lujo en España. Ahora la clave es demostrar si las joyas proceden de herencias familiares, regalos no declarados o compras en el extranjero sujetas a controles aduaneros.
El caso ha generado un enorme interés porque toca un tema muy sensible en la política española: la transparencia de los cargos públicos, incluso después de dejar el poder. Para muchos ciudadanos, la pregunta no es solo de dónde vienen las joyas, sino qué nivel de control y supervisión deben tener los expresidentes sobre su patrimonio. Por ahora, no hay pruebas concluyentes y la investigación está en una fase preliminar, centrada en verificar documentación, tasaciones y movimientos patrimoniales.
La polémica también ha estallado en un momento especialmente tenso para el Gobierno actual, ya que coincide con otras causas judiciales que afectan al entorno del PSOE. Dentro del partido hay preocupación por el impacto mediático, aunque sus dirigentes insisten en defender la presunción de inocencia. Zapatero, que sigue siendo una figura influyente en la izquierda española, ha asegurado que colaborará plenamente con la justicia y que podrá justificar el origen de todas las piezas.
Las reacciones políticas han sido intensas y muy polarizadas. Desde la oposición conservadora, especialmente el Partido Popular, se ha utilizado el caso para criticar lo que consideran una “crisis ética” del socialismo español. En cambio, desde el Gobierno y sectores progresistas se insiste en que se trata de un proceso judicial normal y que no debe convertirse en un arma política antes de que haya conclusiones. Algunos comentaristas han señalado que el caso refleja un patrón habitual en España: cada hallazgo llamativo —en este caso, unas joyas— se convierte rápidamente en un símbolo que alimenta narrativas partidistas.
Lo importante es entender que este episodio no trata solo de objetos de lujo, sino de la relación entre política, justicia y opinión pública en España. Las “joyas de Zapatero” se han convertido en un tema viral porque combinan misterio, impacto mediático y un expresidente en el centro de la escena. El desenlace dependerá exclusivamente de la investigación judicial, que deberá determinar si se trata de un simple malentendido patrimonial o de un caso con implicaciones legales más serias.
4/6/26
La basílica de la Sagrada Familia
El templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, vuelve a ser noticia porque coincide con la visita del Papa a España, un acontecimiento que reabre el foco sobre el templo de Gaudí como símbolo religioso, cultural y turístico de primer nivel en la ciudad. En estos días se habla tanto de ella porque el viaje pontificio incluye una misa en la basílica y porque la Santa Sede ha confirmado la cita dentro de una agenda oficial muy cargada.
La Sagrada Familia no es solo una iglesia: es la gran obra de Antoni Gaudí, empezada en 1882, todavía en construcción y convertida en una de las imágenes más reconocibles de España en el mundo. Su valor está en esa mezcla de arquitectura modernista, simbolismo religioso y proyecto inacabado que ha atravesado generaciones enteras. Por eso cada anuncio sobre el templo tiene eco inmediato, especialmente cuando se vincula a un evento de alcance internacional como la visita papal.
El contexto presente es especialmente llamativo porque la visita del Papa León XIV se enmarca en la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí y en la recta final de las obras del templo. La elección de la Sagrada Familia refuerza la idea de Barcelona como escaparate mundial de patrimonio y también como escenario de un gesto simbólico muy potente para la Iglesia católica. Además, el interés turístico se ha disparado en torno a la fecha, hasta el punto de que ya se habla de una enorme demanda de entradas.
Desde la política, el Gobierno y las instituciones vinculadas al viaje lo presentan como una oportunidad cultural, institucional y de proyección internacional para España, mientras que la oposición suele poner el acento en el coste, la gestión del dispositivo y el peso público de un acto de carácter religioso. En paralelo, la Iglesia subraya el valor espiritual y patrimonial de la visita, insistiendo en la importancia histórica de celebrarla en un lugar tan cargado de significado como la Sagrada Familia. Esa combinación de fe, turismo, patrimonio y política explica que el tema haya ganado tanto espacio en la conversación pública.
22/5/26
Rescate a Plus Ultra
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada que investiga las supuestas irregularidades detrás del rescate estatal de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021. El caso gira en torno a una presunta red en la que, según los autos judiciales, el exmandatario se habría erigido como el supuesto núcleo decisor para mediar ante instancias públicas y priorizar la inyección económica a esta aerolínea, caracterizada por su escasa actividad y sus estrechos vínculos comerciales con rutas hacia Venezuela. Aunque la causa inicial por el rescate a través de la SEPI fue archivada en los tribunales madrileños durante el año 2023, el hallazgo de nuevas ramificaciones financieras ha hecho estallar de nuevo este polémico asunto en el panorama nacional.
El escenario actual sitúa el debate en el presente debido al alzamiento del secreto de sumario y a las agendas intervenidas a asesores ministeriales, las cuales revelan supuestas reuniones estratégicas previas a la aprobación de la ayuda pública por parte del Consejo de Ministros. La reactivación del caso se ha precipitado tras recibir la Fiscalía Anticorrupción varias solicitudes de cooperación internacional procedentes de las autoridades de Suiza y Francia, países donde se sigue el rastro a un entramado de presunto blanqueo de capitales vinculados a fondos venezolanos. De acuerdo con las informaciones recopiladas por los investigadores de la UDEF, la causa ha tomado una nueva dimensión al detectarse presuntos pagos canalizados a través de una consultora y supuestos nexos directos con personas de máxima confianza de la formación socialista. Ante la gravedad de los indicios y la citación judicial programada para el próximo mes de junio, la dirección del Gobierno de Pedro Sánchez ha salido en bloque a defender la absoluta pulcritud en la tramitación del expediente.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar y reflejan una profunda división institucional, donde los partidos de la oposición han desplegado una ofensiva total para exigir responsabilidades políticas inmediatas en las Cortes Generales. Por un lado, la formación Vox ha recordado su personación histórica como acusación popular y ha reclamado de forma contundente la convocatoria de elecciones anticipadas, mientras presiona al Partido Popular para forzar una moción de censura en el Congreso. En una postura similar, el Partido Popular ha activado su maquinaria parlamentaria en el Senado impulsando un desfile de comparecencias que incluye a antiguos ministros y gestores de la SEPI vinculados al rescate. Por su parte, los socios habituales de la coalición gubernamental han manifestado su profunda incomodidad y decepción, llegando a calificar de desolador que referentes históricos de la izquierda compatibilicen el prestigio político con actividades lucrativas bajo sospecha. La defensa gubernamental se ha apoyado de forma unánime en la estricta legalidad formal del procedimiento administrativo para frenar las críticas del bloque conservador. En este contexto, el Ministerio de Hacienda ha emitido declaraciones oficiales defendiendo que el rescate cumplió la normativa, argumentando que los avales contaron con el visto bueno de consultores externos e independientes, la Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas. Mientras la opinión pública sigue con máxima atención el goteo de filtraciones sobre las cuentas declaradas de las empresas implicadas, la propia aerolínea ha emitido un comunicado oficial sobre su disposición a colaborar con la Audiencia Nacional, solicitando al mismo tiempo que se eviten interpretaciones sesgadas o descontextualizadas de una ayuda que consideran vital para mantener la conectividad del sector aéreo.
13/5/26
Crucero Hondius
En los últimos días, el nombre Hondius —un buque de expedición que navegaba bajo bandera neerlandesa— se ha convertido en el centro del debate político y social en España. El detonante fue la detección de un brote de hantavirus a bordo, que obligó a activar un dispositivo sanitario excepcional en Canarias. La operación incluyó el desembarco controlado de más de un centenar de pasajeros y tripulantes, su traslado a instalaciones médicas y la puesta en marcha de un seguimiento epidemiológico que continuará durante varias semanas. La situación adquirió relevancia nacional porque España asumió la gestión a petición de organismos internacionales, lo que convirtió el caso en un ejemplo de cooperación sanitaria global.
El contexto ha estado marcado por la tensión entre la urgencia sanitaria y la necesidad de coordinación institucional. El Gobierno central defendió que España actuó por responsabilidad internacional y por obligación humanitaria, subrayando que el país debía responder ante una emergencia que afectaba a ciudadanos de múltiples nacionalidades. La operación fue descrita como técnicamente exitosa, aunque se advirtió que el riesgo no había desaparecido debido a la posibilidad de nuevos casos entre los evacuados. El seguimiento médico se mantiene activo y los protocolos continúan aplicándose en centros hospitalarios especializados.
Sin embargo, el Hondius no solo ha sido un episodio sanitario: se ha convertido en un punto de fricción política. Desde el Gobierno de Canarias se denunció falta de información y de coordinación, especialmente en relación con el momento del atraque y la gestión de los primeros positivos. Las autoridades autonómicas sostuvieron que se enteraron tarde de la existencia de contagios confirmados y que las decisiones se tomaron desde Madrid sin suficiente diálogo. Estas críticas elevaron el tono institucional y alimentaron un debate más amplio sobre la transparencia y la distribución de competencias en situaciones de emergencia.
Las reacciones políticas han sido diversas. Desde el Ejecutivo central se insistió en que la operación se llevó a cabo siguiendo criterios técnicos y en estrecha colaboración con organismos internacionales, destacando el papel de España como país comprometido con la salud global. En contraste, desde Canarias se defendió que la gestión estatal había sido precipitada y que el archipiélago había quedado al margen de decisiones clave pese a ser el territorio directamente afectado. La oposición nacional, por su parte, utilizó el caso para cuestionar la capacidad del Gobierno para gestionar crisis complejas, mientras que otros actores políticos pidieron evitar la confrontación y centrarse en la respuesta sanitaria.
El Hondius se ha convertido así en un símbolo de cómo una emergencia sanitaria puede transformarse en un debate político de primer orden. El caso ha reabierto discusiones sobre la preparación del sistema sanitario y el papel de España en la gestión de crisis internacionales. Más allá del brote, el término se ha instalado como una palabra clave que resume una semana de tensión territorial, diplomacia sanitaria y disputa política.
1/5/26
Prórroga de los alquileres
En España, pocas expresiones han generado tanto ruido político, jurídico y mediático en tan poco tiempo como “la prórroga de los alquileres”. El término ha pasado de ser una medida técnica incluida en un real decreto a convertirse en un auténtico campo de batalla semántico: para unos, un salvavidas para inquilinos en plena crisis de vivienda; para otros, un parche improvisado con efectos inciertos. La caída del decreto en el Congreso ha terminado de consolidarlo como la palabra de moda en el debate público.
La prórroga extraordinaria permitía extender hasta dos años los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027, manteniendo las mismas condiciones y limitando la actualización anual al 2%. La medida entró en vigor el 22 de marzo de 2026, pero necesitaba convalidación parlamentaria. No la obtuvo. El Congreso la tumbó apenas cuatro semanas después, dejando en el aire a millones de inquilinos y abriendo un escenario de inseguridad jurídica sin precedentes.
El contexto explica parte del revuelo. España vive un momento de precios del alquiler en máximos históricos: 14,46 €/m² de media nacional, con ciudades como Madrid o Barcelona superando los 22 €/m². En este escenario, la prórroga se presentó como un mecanismo de contención temporal. Su derogación, sin embargo, ha generado un limbo legal: los expertos discrepan sobre si las prórrogas solicitadas mientras la norma estaba vigente siguen siendo válidas o no, lo que anticipa una avalancha de litigios entre propietarios e inquilinos.
Las reacciones políticas han sido intensas. El Gobierno defendía la medida como una herramienta de protección social en un mercado tensionado. Sus detractores —entre ellos PP, Vox y Junts, cuyos votos fueron decisivos para tumbar el decreto— argumentaban que la prórroga podía retraer la oferta de vivienda y generar más distorsiones en el mercado. En medio, juristas y asociaciones de inquilinos han pedido claridad normativa, mientras que organizaciones de propietarios alertan de la inseguridad jurídica creada por la derogación.
26/4/26
Prioridad nacional
La expresión “prioridad nacional” ha generado debate en España porque se ha incorporado recientemente a pactos autonómicos entre el partido de la derecha tradicional, PP, y el ultraderechista, Vox, donde se plantea que ciertos recursos públicos se asignen antes a quienes acrediten un arraigo prolongado en el territorio. Aunque Vox lo presenta como “españoles primero”, los textos oficiales lo formulan mediante criterios de residencia y vinculación territorial.
En los últimos días, el término ha ocupado titulares debido a su inclusión en acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón, impulsados por Vox y aceptados por el PP con matices. Según la literalidad de los pactos, la medida no se basa en la nacionalidad, sino en el arraigo real, duradero y verificable, evaluado mediante años de empadronamiento, vínculos laborales, familiares o educativos, y trayectoria de cotización. Esta formulación busca encajar legalmente con la Constitución y la normativa europea, que impiden discriminar por nacionalidad en el acceso a ayudas públicas.
El concepto, sin embargo, ha sido presentado por Vox en términos más explícitos. Dirigentes del partido han defendido públicamente que “los españoles deben ir primero”, comparándolo con políticas de preferencia nacional en otros países. En intervenciones recientes, representantes de Vox han insistido en que los recursos públicos deben priorizar a quienes consideran parte del “cuerpo nacional”, aunque reconocen dificultades legales para aplicar una preferencia estrictamente basada en la nacionalidad.
Las reacciones políticas han sido intensas y variadas. Desde el PP, se defiende que la medida no discrimina por nacionalidad y que se limita a premiar el arraigo, subrayando que los criterios no incluyen el lugar de nacimiento ni el pasaporte. En cambio, partidos como PSOE o Sumar han criticado la propuesta por considerarla incompatible con la igualdad de derechos y han señalado que, en la práctica, puede introducir filtros que afecten especialmente a población extranjera. Algunas voces dentro del propio PP han mostrado incomodidad con la interpretación más dura que hace Vox, y figuras socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero han calificado estos acuerdos de “inconstitucionales” y próximos a modelos iliberales.
En este contexto, el debate sigue abierto y polarizado. Para Vox, la prioridad nacional es una herramienta para “ordenar” el acceso a recursos públicos y responder a lo que consideran una presión migratoria excesiva. Para sus críticos, se trata de una categoría que, aunque formulada legalmente mediante el arraigo, introduce una jerarquía de acceso que puede afectar a la cohesión social. Mientras tanto, los pactos autonómicos continúan afinando los criterios técnicos —como años mínimos de empadronamiento o historial de cotización — que permitirían aplicar esta preferencia sin vulnerar la legislación vigente.
18/4/26
Regularización extraordinaria de inmigrantes
La regularización de la que tanto se habla estos días en España es un proceso especial que el Gobierno ha puesto en marcha para que personas inmigrantes que viven en el país sin papeles (sin documentos) puedan obtener un permiso legal para residir y trabajar. No se trata de una medida habitual: es algo extraordinario que solo se activa en momentos concretos. En este caso, el Gobierno aprobó un decreto el 14 de abril de 2026, y el proceso comenzó el 16 de abril, lo que explica por qué está tan presente en las noticias.
El objetivo principal es reconocer la situación de personas que ya llevan tiempo viviendo en España, trabajando muchas veces en empleos esenciales pero sin protección legal. Para poder solicitar esta regularización, deben demostrar que estaban en España antes del 1 de enero de 2026, que han permanecido aquí al menos cinco meses seguidos y que no tienen antecedentes penales. Es decir, no se trata de atraer a nuevas personas, sino de dar estabilidad a quienes ya forman parte de la vida cotidiana del país.
El trámite se puede hacer por internet o de forma presencial, y estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. Si la solicitud se aprueba, la persona obtiene un permiso de residencia y trabajo que le permite acceder a derechos básicos como la sanidad, la Seguridad Social y un empleo formal. Esto también ayuda a reducir la economía sumergida y a que el Estado recaude más impuestos y cotizaciones.
La medida ha generado debate porque afecta a un número muy alto de personas — se habla de alrededor de 500.000 — y porque la inmigración es un tema sensible en la política española. El Gobierno defiende que es una decisión necesaria para la economía y para garantizar derechos básicos; la oposición critica su alcance o el momento en que se ha aprobado. En medio del debate, también han circulado informaciones incorrectas, como la idea de que esta regularización permite votar, algo que es falso: solo la nacionalidad española da derecho al voto.
En resumen, la regularización es un proceso temporal que busca dar estabilidad legal a personas que ya viven en España y que cumplen ciertos requisitos. No cambia las normas de entrada al país, no concede derechos políticos y no es una puerta abierta para nuevas llegadas. Es, más bien, una forma de ordenar una situación que ya existe y de integrar de manera más justa a quienes ya forman parte de la sociedad.
9/4/26
Campaña de la Renta
La Campaña de la Renta en España es el periodo anual en el que los contribuyentes deben declarar a la Agencia Tributaria los ingresos obtenidos el año anterior. Esta declaración sirve para calcular el IRPF, un impuesto progresivo que grava la renta personal.
Estos días se habla especialmente de la campaña porque cada primavera se abre oficialmente el plazo para presentar la declaración. En 2026, por ejemplo, el inicio es el 8 de abril y el cierre el 30 de junio, lo que marca un periodo de intensa actividad informativa, avisos oficiales y preparación de documentos. Los medios recuerdan fechas, requisitos y cambios, y la Agencia Tributaria lanza campañas de comunicación para que nadie se quede fuera de plazo.
El proceso se puede realizar por tres vías: internet, teléfono o atención presencial. La mayoría de contribuyentes lo hace online mediante Renta WEB, donde pueden consultar su borrador, corregir datos y presentar la declaración. Para quienes necesitan asistencia, existe el plan “Le Llamamos” por teléfono y la atención en oficinas, ambos con cita previa. Esta estructura escalonada explica por qué durante semanas se habla tanto del tema: cada vía abre en fechas distintas y genera oleadas de información.
Cada año también hay novedades, lo que aumenta la atención mediática. En la campaña de 2026, por ejemplo, cambian los umbrales de obligación de declarar para rentas bajas y pensionistas, se mantienen deducciones por eficiencia energética y vehículo eléctrico, y se introduce un nuevo tramo del 30% para rentas del ahorro superiores a 300.000 euros. Estos ajustes hacen que incluso quienes ya conocen el sistema deban revisar si su situación ha cambiado.
Finalmente, la campaña es importante porque regulariza la situación fiscal de cada persona: puede resultar a pagar, a devolver o quedar neutra. Presentarla correctamente evita recargos y permite recibir devoluciones si corresponde.
26/3/26
MiDNI
En los últimos días se ha hablado mucho de la aplicación MiDNI porque la Junta Electoral Central (JEC) decidió suspender su uso como forma de identificación para votar en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17 de mayo. MiDNI es una aplicación oficial del Gobierno español que permite llevar una versión digital del Documento Nacional de Identidad en el móvil. Aunque su uso ya había sido autorizado en procesos anteriores, la JEC dio marcha atrás debido a dudas sobre la seguridad del sistema.
El origen de la polémica está en que el Partido Popular (PP) presentó una petición formal alertando de que la aplicación permitía mostrar el DNI digital sin necesidad de verificar un código QR actualizado, que sería el mecanismo que garantiza la autenticidad del documento. Según el PP, esto podía generar inseguridad en la identificación de los votantes y, por tanto, afectar a la confianza en el proceso electoral. La JEC aceptó este argumento y decidió suspender temporalmente el uso de MiDNI.
La decisión supone un cambio importante porque la propia JEC había permitido el uso del DNI digital en elecciones anteriores, como en Castilla y León, sin que se registraran incidentes. En aquel momento, el organismo consideraba que la información mostrada en la aplicación —nombre, número de documento y fotografía— era suficiente para identificar a un votante. Sin embargo, ante las nuevas dudas planteadas, la JEC optó por una postura más prudente para evitar cualquier riesgo de suplantación.
El debate también tiene un trasfondo tecnológico y político. Por un lado, el Gobierno había impulsado la digitalización de documentos oficiales, defendiendo que MiDNI tenía plena validez legal. Por otro lado, algunos partidos y expertos cuestionaban si las mesas electorales disponían de los medios necesarios para verificar la autenticidad del documento digital, especialmente en zonas con mala cobertura o sin dispositivos adecuados. Esta falta de garantías técnicas fue uno de los motivos que llevó a la suspensión.
En resumen, la controversia sobre MiDNI refleja una tensión entre la modernización digital y la necesidad de asegurar la integridad del proceso electoral. Aunque la aplicación sigue siendo válida para identificarse ante la policía o en trámites administrativos, no podrá usarse para votar en Andalucía hasta que se garantice un sistema de verificación seguro. La decisión ha reabierto el debate sobre cómo introducir tecnología en procesos democráticos sin comprometer la confianza ciudadana.
16/3/26
HODIO
HODIO (sí, con H) es la sigla de Huella del Odio y la Polarización, una nueva herramienta presentada por el Gobierno de España para medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance del discurso de odio en redes sociales. La iniciativa ha generado un enorme debate público durante la última semana porque supone un intento explícito de cuantificar y visibilizar cómo circula el odio en plataformas como Instagram, TikTok, X, YouTube o Facebook. Según las fuentes oficiales, el sistema combina algoritmos de inteligencia artificial con revisión humana para analizar patrones de difusión y elaborar informes periódicos.
El Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, ha puesto en marcha la herramienta, presentándola públicamente durante la Cumbre contra el Odio celebrada en Madrid. En ese acto, Sánchez defendió que el odio “no nace por generación espontánea” y que las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva, extremadamente rentable para algunos actores. La presentación oficial ha sido el detonante de la intensa conversación pública de estos días, tanto por el contenido de la herramienta como por el contexto político y social en el que se lanza.
Mucho se ha hablado de HODIO y la razón principal es que toca un tema especialmente sensible: el equilibrio entre combatir el discurso de odio y evitar cualquier deriva hacia la censura o el control excesivo del debate público. Algunos medios y analistas lo han interpretado como un avance necesario para exigir responsabilidad a las plataformas digitales, mientras que otros han expresado preocupación por el riesgo de que el Estado adquiera un papel demasiado amplio en la monitorización del contenido online. Este choque de percepciones ha amplificado la discusión en redes y prensa.
En cuanto a su funcionamiento, HODIO rastrea mensajes, evalúa su prevalencia y mide la amplificación del contenido, generando un ranking público que compara el nivel de exposición al odio entre plataformas. La idea es ofrecer datos transparentes y periódicos que permitan observar tendencias, detectar picos de polarización y comprender mejor cómo se propagan ciertos discursos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), es el organismo responsable del desarrollo técnico y metodológico.
El objetivo declarado del proyecto es doble: por un lado, proporcionar herramientas de análisis que permitan a instituciones, investigadores y ciudadanía entender mejor el fenómeno del odio digital; por otro, presionar a las grandes plataformas para que asuman mayor responsabilidad en la moderación de contenidos dañinos. El Gobierno sostiene que, igual que existe la huella de carbono para medir el impacto ambiental, HODIO pretende ofrecer una “huella del odio” que haga visible un problema creciente y que permita diseñar políticas públicas más informadas.
9/3/26
Fragata
En los últimos días, la palabra fragata ha vuelto a ocupar un lugar central en la conversación pública española, impulsada por el despliegue de la nave Cristóbal Colón, uno de los buques más avanzados de la Armada. La decisión del Gobierno de enviarla al Mediterráneo oriental, en plena escalada tras los ataques de Irán, ha reactivado un debate que combina geopolítica, defensa europea y tensiones políticas internas.La fragata, equipada con el sistema AEGIS y considerada la joya tecnológica de la Armada, se dirige a Chipre para integrarse en una misión internacional de protección aérea y apoyo logístico, un movimiento que España enmarca en su compromiso con la seguridad de la Unión Europea.
El anuncio del Ministerio de Defensa ha sido interpretado como un gesto de alineamiento con los esfuerzos europeos para reforzar la frontera oriental de la UE. La Cristóbal Colón actuará como escolta del portaaviones francés Charles de Gaulle, junto a otros navíos aliados, en una operación que pretende blindar el espacio aéreo chipriota ante posibles nuevas agresiones. Según ha explicado el Gobierno, este despliegue no constituye una misión nueva, sino un reposicionamiento dentro de un marco europeo ya existente, lo que ha servido para justificar que no se solicitara autorización parlamentaria.
Sin embargo, esta interpretación no ha sido compartida por todos. Desde la oposición, especialmente el Partido Popular, se ha cuestionado la legalidad del movimiento, alegando que la Ley de Defensa Nacional exige la participación del Congreso en decisiones de este tipo. Editoriales recientes han subrayado que el Ejecutivo estaría actuando al margen del control parlamentario, alimentando un debate que mezcla la gestión de la política exterior con la tensión institucional que España arrastra desde hace meses. Para algunos analistas, el Gobierno está forzando los límites de la ley al presentar el despliegue como una simple variación operativa.
La discusión también ha adquirido un tono simbólico. El propio presidente Sánchez ha reivindicado una postura de “no a la guerra”, insistiendo en que la misión es estrictamente defensiva y que España no participa en acciones ofensivas. No obstante, voces críticas señalan que, más allá de la retórica, el envío de la fragata implica asumir la posibilidad de derribar amenazas aéreas iraníes si fuera necesario, lo que sitúa a España en una posición delicada dentro del tablero internacional. Esta tensión entre discurso pacifista y responsabilidad militar ha sido ampliamente analizada en la prensa, que destaca la complejidad de equilibrar ambos planos en un contexto tan volátil.
Mientras tanto, la Cristóbal Colón continúa su ruta hacia Chipre como parte de un grupo naval europeo que busca reforzar la estabilidad regional. Su presencia simboliza tanto la capacidad tecnológica de la Armada española como el papel creciente que España quiere desempeñar en la defensa europea. Más allá del debate político, la fragata se ha convertido en un recordatorio de cómo un solo buque puede condensar cuestiones de seguridad, diplomacia y narrativa pública en un momento en el que Europa vuelve a mirar con preocupación hacia su frontera oriental.
28/2/26
Desclasificación
Desclasificación se ha convertido esta semana en España en la palabra más comentada en televisión, radio y en la calle. Su irrupción tiene su motivo:el Gobierno ha decidido abrir al público 167 documentos hasta ahora secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un gesto que ha reactivado debates antiguos.
En su sentido técnico, desclasificar implica retirar el sello de secreto o reservado a documentos protegidos por razones de seguridad nacional. En España, buena parte de estos materiales seguían amparados por una normativa heredada del franquismo, donde prácticamente todo se consideraba secreto por defecto.
Pero esta semana el término ha trascendido lo jurídico: se ha convertido en un símbolo de transparencia, de ajuste de cuentas con el pasado y de disputa política sobre quién controla el relato histórico. Los documentos publicados abarcan transcripciones de llamadas, notas del antiguo CESID (el servicio secreto español) y comunicaciones internas de los golpistas durante el asalto al Congreso. Entre ellas, destacan conversaciones del propio Antonio Tejero desde el interior del hemiciclo.
La coincidencia con el 45º aniversario del 23-F ha amplificado su impacto. La apertura de estos archivos no solo ilumina zonas oscuras del golpe, sino que también reabre preguntas sobre responsabilidades, silencios institucionales y decisiones políticas de la época. El resultado es que “desclasificación” ha dejado de ser un tecnicismo administrativo para convertirse en un catalizador político.
11/2/26
Prestación universal por crianza
En los últimos días, los medios españoles destacan que el Gobierno ha retomado una propuesta para crear una ayuda económica mensual destinada a todas las familias con hijos menores. La medida aparece dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y se presenta como una herramienta clave para combatir la elevada tasa de pobreza infantil en el país, que afecta aproximadamente a uno de cada tres menores.
Lapropuesta consiste en una prestación universal — es decir, para todas las familias, sin límite de ingresos— que rondaría los 200 euros mensuales por hijo, aunque también se baraja una versión reducida de 100 euros. La idea es que esta ayuda sea compatible con otras prestaciones ya existentes y que se financie mediante los Presupuestos Generales del Estado, aún pendientes de aprobación.
Los debates políticos se centran en si la medida podrá aprobarse pronto, ya que requiere apoyos parlamentarios que el Gobierno todavía no tiene garantizados. Algunos partidos y organizaciones sociales, como UNICEF, insisten en que la ayuda debe ponerse en marcha cuanto antes, argumentando que tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza infantil y en la mejora del bienestar de las familias.
En términos prácticos, la prestación universal por crianza sería un ingreso mensual para cualquier familia residente legal en España con hijos menores de 18 años. No exigiría nacionalidad española, no tendría límite de número de hijos y se solicitaría mediante documentación básica que acredite la filiación. Su carácter “universal” significa que no depende del nivel de renta: todas las familias la recibirían, aunque su implantación podría ser gradual empezando por los menores de menor edad.
En España, donde la pobreza infantil es un problema estructural, esta prestación se plantea como una inversión social de largo recorrido más que como una ayuda puntual, cuyo objetivo es aliviar los costes de tener hijos, fomentar la natalidad y reducir desigualdades sociales.
5/2/26
Tecno-oligarcas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha empleado la palabra tecno‑oligarcas para referirse a Elon Musk y Pavel Dúrov después de que ambos reaccionaran con dureza a las medidas anunciadas por el Ejecutivo español para restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y responsabilizar a las plataformas del contenido dañino que difunden.La expresión aparece en su respuesta pública —«Deja que los tecno‑oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos»— tras los insultos de Musk y el mensaje masivo enviado por Dúrov a los usuarios de Telegram en España.
Sánchez utiliza el término para subrayar que estos magnates tecnológicos concentran un poder privado capaz de influir en el debate público y presionar a gobiernos democráticos. En su relato, la regulación que propone —prohibición de redes a menores, verificación de edad, sanciones por manipulación algorítmica o difusión de contenido ilegal— choca con los intereses de quienes controlan plataformas globales.
El conflicto estalla cuando Musk acusa a Sánchez de “tirano”, “fascista” y “traidor al pueblo español” tras el anuncio de las nuevas normas, mientras que Dúrov alerta a los usuarios de Telegram de una supuesta “alarma roja” para la libertad de expresión y denuncia que España podría convertirse en un “Estado vigilado”. Ambos presentan las medidas como una amenaza a las libertades digitales.
La Moncloa, por su parte, acusa a Dúrov de utilizar su plataforma para “señalar, desinformar y difundir propaganda política contra un Gobierno democrático”, y sostiene que la regulación busca proteger a los menores y evitar que las redes sociales queden impunes ante la difusión masiva de desinformación, odio o actividades delictivas.
En este contexto, la palabra tecno‑oligarcas funciona como un recurso retórico para contraponer el poder democrático del Estado al poder económico y comunicativo de los dueños de las grandes plataformas digitales, enmarcando la disputa como un choque entre regulación pública y privilegio privado.
26/1/26
Descarrilamiento
La palabra “descarrilamiento” ha ocupado un lugar central en la conversación pública en España durante los últimos días debido a varios accidentes ferroviarios de gran impacto. En términos sencillos, descarrilar significa que un tren sale de los raíles por los que debería circular, perdiendo la guía que le proporciona la vía. Este fenómeno puede deberse a fallos en la infraestructura, problemas mecánicos en el tren o la combinación de varios factores. Aunque no siempre provoca víctimas, sí implica un riesgo elevado y suele generar una fuerte alarma social.
El caso que más atención ha recibido es el grave accidente del tren Iryo en Adamuz (Córdoba), donde el convoy salió de la vía e invadió la contraria, provocando decenas de fallecidos y heridos. Las primeras investigaciones apuntan a una posible fractura del riel, una rotura en la propia vía que habría desencadenado la pérdida de estabilidad del tren. Este tipo de fallo estructural es una de las causas más temidas en seguridad ferroviaria, ya que puede producirse de forma súbita y con consecuencias muy graves.
En Cataluña, la situación ferroviaria ha sido especialmente crítica en los últimos días, con dos descarrilamientos consecutivos en la red de Rodalies que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos meteorológicos extremos. El primero ocurrió en la línea R1, entre Blanes y Maçanet, cuando un tren impactó contra una roca caída en la vía durante la borrasca Harry. Horas más tarde, en la línea R4, otro convoy chocó contra un muro de contención colapsado en Gelida, provocando la muerte del maquinista y decenas de heridos. Ambos incidentes se produjeron en menos de 24 horas y obligaron a suspender toda la circulación ferroviaria en Rodalies, generando un colapso en la movilidad regional. Estos hechos han intensificado el debate sobre el mantenimiento de las líneas suburbanas, la gestión de riesgos climáticos y la necesidad de reforzar la seguridad en una red que transporta a miles de personas cada día
A estos siniestros se suma un contexto estadístico inquietante: España ha registrado en los últimos años una proporción de descarrilamientos muy superior a la media europea. Según datos de Eurostat, alrededor del 21% de los accidentes ferroviarios en el país corresponden a salidas de vía, una cifra cinco veces mayor que la media de la Unión Europea. Estos datos han reavivado el debate sobre el estado de la red ferroviaria y la necesidad de reforzar el mantenimiento.
Además, distintos medios han señalado que España es actualmente el país europeo con mayor número de descarrilamientos registrados entre 2022 y 2024, lo que ha intensificado la preocupación pública. Las deformaciones y roturas en las vías han aumentado en los últimos años, según los propios informes técnicos, y los maquinistas llevan tiempo alertando de vibraciones y baches en ciertos tramos. Todo ello ha llevado a reducir la velocidad en varios puntos de la red mientras se realizan inspecciones adicionales.
En conjunto, la repetición de incidentes, la gravedad del accidente de Adamuz y los datos comparativos europeos han convertido la palabra “descarrilamiento” en un término omnipresente en la actualidad española. Más allá del impacto emocional, el debate gira en torno a cómo garantizar que un tren —un medio de transporte seguro por definición— permanezca siempre dentro de su trayectoria prevista.
12/1/26
Vasallaje
La palabra “vasallaje” se colocó en el centro del debate político español después de quePedro Sánchez afirmara que ser atlantista “no implica vasallaje” hacia Estados Unidos. La expresión llamó la atención porque el presidente quiso subrayar que apoyar a la OTAN no equivale a aceptar una relación de subordinación frente a Washington. En sus declaraciones defendió que la contribución española a la seguridad colectiva debe hacerse “sin vasallajes”, incluso ante las presiones de Donald Trump.
Estas palabras se pronunciaron durante una rueda de prensa en La Moncloa junto al primer ministro griego Kyriákos Mitsotákis. Allí, Sánchez reiteró que España mantiene un compromiso sólido con la OTAN, pero que ese compromiso no supone aceptar imposiciones unilaterales de Estados Unidos. Aunque moderó el tono respecto a Trump, mantuvo la idea de que el atlantismo español no debe confundirse con una actitud de sumisión hacia Washington.
La controversia aumentó cuando Sánchez vinculó su rechazo al vasallaje con la necesidad de que Europa no permanezca en silencio ante violaciones del Derecho Internacional. Puso como ejemplo la situación en Venezuela para defender que la Unión Europea debe actuar con autonomía y no dejarse arrastrar por presiones externas. También insistió en la importancia de una política exterior europea más firme y menos dependiente de Estados Unidos.
El debate se intensificó en un contexto de tensión entre Trump y varios aliados europeos.En los últimos meses, el presidente estadounidense había lanzado advertencias sobre el gasto militar y llegó a sugerir la posibilidad de “expulsar” a España de la OTAN por no alcanzar el nivel de inversión que él reclamaba. Estas amenazas contribuyeron a que el término “vasallaje” adquiriera mayor relevancia en la discusión pública española.
En medio de este clima, otras figuras del Gobierno español respondieron con contundencia.La vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que España “no admite amenazas de nadie”, en referencia a las presiones de Trump sobre el gasto en defensa. Sus palabras reforzaron la idea de que la posición del Ejecutivo dentro de la OTAN se basa en la cooperación, pero no en la sumisión.
17/12/25
Estatuto Marco de Sanidad
El llamado Estatuto Marco de Sanidad ha vuelto al centro del debate público en España porque el Ministerio de Sanidad y los principales sindicatos alcanzaron la pasada semana un preacuerdo para reformarlo.Esta norma es la que regula las condiciones laborales básicas de todo el personal del Sistema Nacional de Salud, y su actualización llevabaaños pendiente. El pacto incluye medidas de gran impacto, como la jornada de 35 horas semanales y la posibilidad de acceder a la jubilación parcial o anticipada en determinadas categorías, lo que ha permitido suspender las huelgas que estaban previstas para enero en gran parte del sector.
Sin embargo, la noticia no ha cerrado el conflicto. Los sindicatos médicos, especialmente la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han rechazado el borrador ymantienen la amenaza de una huelga indefinida. Sus reivindicaciones van más allá de lo acordado: piden un estatuto específico para la profesión médica, el reconocimiento de las guardias como actividad extraordinaria que compute para la jubilación, y la limitación de jornadas que en la práctica superan las 45 horas semanales. Estas demandas han aparecido en titulares recientes porque los facultativos consideran que el texto actual no resuelve los problemas estructurales de su trabajo.
El debate también ha tenido un componente político. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular solicitaron retirar el borrador, alegando que no se había consensuado lo suficiente. El Ministerio, por su parte, ha defendido que el documento es fruto de más de sesenta reuniones de negociación y que incorpora todas las demandas que son de su competencia.Esta tensión entre Gobierno central y comunidades autónomas ha sido destacada en los medios como un reflejo de la dificultad de alcanzar acuerdos en un sistema sanitario descentralizado.En definitiva, lo que se discute estos días no es solo una reforma técnica, sinoun cambio que afecta directamente a cientos de miles de profesionales y que puede marcar la organización futura del sistema sanitario español. Las noticias han subrayado que el Estatuto Marco se ha convertido en un símbolo de la pugna entre sindicatos y Gobierno, entre médicos y resto de personal, y entre el Ministerio y algunas comunidades. La aprobación definitiva prevista para enero de 2026 será un momento clave, y de ahí que el tema esté ocupando tanto espacio en la actualidad informativa.
10/12/25
Sanidad pública de gestión privada
El concepto de “sanidad pública de gestión privada” hace referencia a hospitales y centros de salud que forman parte de la red del sistema público, financiados con impuestos y accesibles para todos los ciudadanos, pero cuya administración y gestión se delega en empresas privadas. Es decir, el dinero es público, pero la organización del personal, los contratos y la gestión económica se llevan a cabo por compañías que operan con ánimo de lucro.Este modelo se introdujo en España con la Ley 15/1997, que abrió la puerta a la colaboración público-privada, y desde entonces se ha extendido especialmente en comunidades como Madrid o la Comunidad Valenciana.
En los últimos años, este sistema ha generado un intenso debate. Sus defensores sostienen que permite mayor flexibilidad y eficiencia, sobre todo en momentos de saturación como la pandemia, mientras que sus críticos denuncian que prioriza el beneficio empresarial sobre la calidad asistencial y que erosiona la sanidad pública. El gasto destinado a hospitales privados dentro del Sistema Nacional de Salud ha crecido de manera notable: según datos oficiales, entre 2011 y 2023 aumentó un 84,6%, alcanzando los 4.800 millones de euros, lo que refleja la magnitud del fenómeno.
Esta semana el tema ha vuelto a ocupar titulares porque el Gobierno ha anunciado una nueva ley que derogará la normativa de 1997 y establecerá la llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS. El objetivo es blindar la gestión directa y limitar la entrada de empresas privadas en hospitales financiados con dinero público. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que la sanidad debe estar libre de intereses económicos y que la nueva norma busca garantizar la transparencia y la integridad del sistema.
El debate se ha intensificado además por los escándalos recientes en hospitales gestionados por empresas privadas. En el Hospital de Torrejón, en Madrid, se investiga la práctica de aumentar listas de espera de manera intencionada para derivar pacientes a la privada. A esto se suma la filtración de un audio del exCEO de Ribera Salud en el que se hablaba de recortar gastos en farmacia y de estrategias para ahorrar costes a costa de los pacientes. Estos hechos han provocado que el Ministerio amplíe las inspecciones a otros centros gestionados por grupos como Quirón.
Las reacciones políticas han sido inmediatas. Desde el Gobierno central se insiste en que la sanidad pública debe ser gestionada directamente por el Estado, mientras que líderes como Yolanda Díaz han pedido una auditoría nacional y han calificado el modelo como “un agujero en la sanidad pública”. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha defendido que actuará con contundencia si se confirman las irregularidades, pero mantiene que la colaboración público-privada puede ser útil.
En definitiva, la “sanidad pública de gestión privada” se ha convertido en uno de los grandes temas de discusión en España, con un futuro incierto marcado por la nueva ley y por la presión social que exige reforzar el carácter público del sistema sanitario.
3/12/25
Pitufeo
El término «pitufeo» ha vuelto a ocupar el centro del debate político y mediático esta semana tras la entrevista a Koldo García, pero esta vez el foco no se pone tanto en el blanqueo de capitales convencional, sino en la supuesta financiación irregular de partidos políticos, concretamente del PSOE. En este contexto, la palabra deja de referirse únicamente a la evasión de controles bancarios para describir una mecánica de «atomización» de donaciones: una estrategia diseñada para introducir dinero en la caja de una formación política burlando los férreos controles del Tribunal de Cuentas y la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
La operativa que se desprende de este concepto es sencilla en su ejecución pero compleja en su detección. La legislación española prohíbe las donaciones anónimas y establece límites máximos anuales que una persona física puede aportar a un partido. El «pitufeo», en este escenario, consiste en coger una gran suma de dinero —cuyo origen real podría ser un único donante empresarial o fondos no declarados— y fragmentarla en múltiples aportaciones pequeñas realizadas por diferentes afiliados o simpatizantes. De esta forma, lo que en realidad es una inyección de capital única y excesiva se disfraza administrativamente como una ola de micro-mecenazgo legal y legítima.
La referencia a esta práctica subraya la vulnerabilidad del sistema de control financiero de los partidos. Al utilizar a terceros para realizar estos ingresos fraccionados, se rompe la trazabilidad del verdadero origen del dinero, permitiendo que fondos que no deberían entrar en el circuito político lo hagan bajo una apariencia de legalidad. El problema no es solo fiscal, sino de transparencia democrática, ya que esta técnica podría permitir que grandes contratistas o intereses privados financien formaciones políticas sin dejar rastro, ocultándose detrás de listas de pequeños donantes ficticios.
Para los expertos en cumplimiento normativo y transparencia institucional, el regreso del «pitufeo» a los titulares es una señal de alerta sobre la necesidad de reforzar los controles internos en las organizaciones políticas. Más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse, la mera sospecha de esta práctica erosiona la confianza pública, sugiriendo que las estructuras de financiación siguen teniendo grietas por las que se cuelan prácticas del pasado. Este caso nos recuerda que el compliance en el sector público y político es tan crítico, o más, que en el sector privado, pues está en juego la integridad del juego democrático.
21/11/25
Condena al fiscal general del Estado
Esta semana hemos conocido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. La sentencia impone dos años de inhabilitación para ejercer su cargo, una multa aproximada de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros en indemnización por daños morales al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El núcleo del caso es la difusión de información reservada sobre González Amador desde la Fiscalía, considerada por el Supremo una vulneración del derecho a la intimidad y a la protección de datos en un contexto de alto impacto político y mediático. La resolución fue aprobada por mayoría: cinco magistrados votaron a favor y dos anunciaron votos particulares discrepantes.
La condena es inédita en España para un fiscal general por revelación de secretos, y marca un precedente sobre los límites de la comunicación institucional cuando hay procedimientos en curso. Subraya la obligación de la Fiscalía de custodiar información sensible y delimita con claridad las responsabilidades penales ante filtraciones desde la propia institución.
En el plano político, el fallo supone un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, que había respaldado públicamente a García Ortiz. También intensifica la confrontación con la oposición, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el caso ha estado muy presente en el debate público y en la narrativa mediática.
En el ámbito judicial, la defensa de González Amador ha sostenido que la filtración le causó indefensión, lo que podría tener efectos procesales en causas abiertas. La sentencia reaviva el debate sobre la protección de datos reservados, el uso de filtraciones con fines políticos y la independencia de la Fiscalía General del Estado frente al poder ejecutivo.
14/11/25
Baliza V16
Llevamos algunos meses, y más intensamente estas últimas semanas, escuchando hablar en España de la V16. Pero no se alarmen, no se trata de un nuevo virus. Las balizas V16 son dispositivos luminosos diseñados para sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia en España.
Se trata de una luz intermitente de color amarillo visible en 360 grados, que se coloca en el techo del vehículo mediante un imán sin necesidad de que el conductor tenga que bajarse de él. Además de su función de señalización, estas balizas cuentan con conectividad: incorporan una eSIM y un sistema de geolocalización que transmite la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, lo que permite alertar al resto de conductores y a los sistemas de tráfico de la existencia de un obstáculo en la vía.
La normativa establece que hasta finales de 2025 se pueden seguir utilizando los triángulos de emergencia o balizas no conectadas, pero a partir del 1 de enero de 2026 los triángulos quedarán prohibidos y únicamente serán válidas las balizas V16 conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico.
No llevar una de estas balizas supondrá una multa de 200 euros, y no utilizarlas en caso de emergencia puede derivar en sanciones más graves, incluso en responsabilidades penales si se produce un accidente.
La medida ha generado debate. Por un lado, se defiende que las balizas V16 aumentan la seguridad al evitar que los conductores tengan que bajarse del coche para colocar los triángulos, reduciendo así el riesgo de atropellos. Por otro lado, algunos expertos señalan que en condiciones de mucha luz las balizas pueden ser menos eficaces que los triángulos, lo que plantea dudas sobre si ambos sistemas deberían convivir. También existen preocupaciones sobre la privacidad, ya que el dispositivo transmite datos de ubicación, aunque la Dirección General de Tráfico asegura que solo lo hace en caso de activación por emergencia. A esto se suma la cuestión económica, pues los precios varían según el fabricante y el origen, siendo más elevados los modelos producidos en España frente a los importados, aunque todos deben cumplir con la homologación oficial.
En la práctica, se recomienda adquirir únicamente modelos homologados por la DGT, llevar la baliza siempre en la guantera para un uso rápido y comprobar periódicamente la batería, que debe garantizar al menos 30 minutos de funcionamiento continuo y una vida útil mínima de 18 meses.
En definitiva, las balizas V16 se convertirán en el único sistema legal de preseñalización en carretera en España a partir de 2026, con ventajas en seguridad y conectividad, pero también con polémicas sobre su eficacia y el impacto en la privacidad.
7/11/25
Estatuto del becario
En los últimos días, el llamado Estatuto del Becario ha vuelto al centro del debate en España. Se trata de una propuesta de ley que busca regular de forma clara y justa las prácticas que realizan estudiantes en empresas. Hasta ahora, muchas de esas prácticas se movían en una especie de limbo legal: no eran empleo, pero tampoco estaban del todo protegidas. El resultado ha sido que miles de jóvenes han acabado trabajando como si fueran empleados, pero sin sueldo, sin derechos y sin reconocimiento. Este estatuto quiere cambiar eso.
La idea es que las prácticas sean realmente formativas, no una excusa para cubrir puestos de trabajo sin pagar. Por eso, el texto aprobado por el Consejo de Ministros esta pasada semana establece límites claros: los becarios no podrán hacer tareas que no estén relacionadas con su aprendizaje, tendrán derecho a descansos, y las empresas deberán cubrir los gastos básicos que les suponga ir a trabajar, como el transporte o la comida. No se habla de un salario como tal, pero sí de que no les cueste dinero formarse. Además, se pone un tope de 480 horas para las prácticas extracurriculares, para evitar que se alarguen indefinidamente.
Uno de los puntos más contundentes del estatuto es el régimen sancionador. Si una empresa incumple lo establecido y utiliza becarios como mano de obra barata, puede enfrentarse a multas de hasta 225.000 euros. Parece que, por fin, esto va en serio”. En España hay más de un millón de personas haciendo prácticas no laborales, así que esta ley podría tener un impacto enorme en cómo se entiende la transición entre estudios y mundo laboral.
Ahora bien, no todo el mundo está de acuerdo. Los sindicatos apoyan la medida, porque la ven como una forma de dignificar el trabajo juvenil. Pero las universidades y las patronales empresariales han mostrado su rechazo. Dicen que el texto se ha negociado sin contar con ellos, y que puede dificultar la colaboración entre centros educativos y empresas. Incluso dentro del Gobierno hay tensiones, y algunos partidos no están convencidos. De hecho, su aprobación definitiva en el Congreso está en el aire.
En resumen, el Estatuto del Becario busca que las prácticas sean lo que deberían ser: una oportunidad para aprender, no una trampa para trabajar gratis. Si se aprueba, puede marcar un antes y un después en la forma en que los jóvenes se incorporan al mundo laboral. Pero como suele pasar, lo que parece justo sobre el papel se enfrenta a muchos intereses cruzados. Habrá que ver si esta vez gana el sentido común.
29/10/2025
Cribados
Cuando en España hablamos estas semanas de los “cribados” nos estamos refiriendo a los programas de detección precoz de cáncer, especialmente de mama, que actualmente están en el centro de una grave crisis sanitaria y política por fallos en su gestión en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los cribados son pruebas médicas preventivas que se realizan a personas aparentemente sanas para detectar enfermedades en fases tempranas. En Andalucía, existen programas para detectar cáncer de mama, colon y cuello de útero.
Desde finales de septiembre de 2025, se ha destapado una crisis en el programa de cribado de cáncer de mama debido a diversas razones.
Por un lado, a los retrasos en los diagnósticos: La Junta de Andalucía admitió que 2.317 mujeres no fueron informadas de que sus mamografías eran no concluyentes y que debían repetir pruebas. El problema se atribuye a errores en el sistema de notificación entre centros sanitarios y pacientes.
La consejera de Salud, Rocío Hernández, dimitió tras la presión pública y política. Miles de personas, convocadas por la asociación Amama (mujeres con cáncer de mama), se manifestaron en Sevilla y otras ciudades exigiendo transparencia y responsabilidades.
La Fiscalía de Andalucía ha abierto diligencias tras recibir denuncias por parte del Defensor del Paciente y se han anunciado más de 150 demandas individuales contra la Junta por parte de mujeres afectadas.
La Junta ha anunciado un plan de choque para mejorar la participación y recuperar la confianza. La oposición acusa al gobierno de Juanma Moreno (PP) de intentar “tapar la crisis con propaganda” en los presupuestos. Se ha generado una “guerra de cifras”, ya que algunas asociaciones creen que el número de afectadas podría superar las 20.000 mujeres. Y todo esto está ocurriendo a escasos 8 meses de la próxima cita electoral para elegir representantes en el parlamento de la región, hecho que genera una mayor tensión política tanto en el gobierno responsable de la gestión que busca revalidar su mayoría, como en la oposición, que aspira a quitarle el mando.
Mientras tanto, miles de ciudadanas contemplan con impotencia como la administración del servicio sanitario público les ha fallado de una forma muy cruel.
20/10/2025
Visado por puntos
El visado por puntos ha generado debate esta semana porque forma parte del nuevo Plan Nacional de Inmigración presentado por Alberto Núñez Feijóo, jefe del partido de la oposición al gobierno en España, el pasado 14 de octubre. Es una medida central del decálogo del Partido Popular para “ordenar” la inmigración, y ha sido interpretada como un intento de diferenciarse tanto del Gobierno como de Vox.
Consiste en un sistema inspirado en modelos de países como Canadá, Australia o Reino Unido. En lugar de conceder visados de forma general, se asignarían puntos a los solicitantes según criterios objetivos:
- Idioma: dominio del español como factor clave.
- Formación académica y experiencia laboral.
- Sector de empleo: prioridad para sectores con escasez de mano de obra.
- Arraigo cultural: conocimiento de la cultura española.
- País de origen: se penalizaría a quienes provienen de países que no colaboran con España en el control migratorio.
Feijóo lo presentó como una forma de “elegir quién, cómo y para qué entra en España”, buscando atraer inmigrantes que puedan integrarse y contribuir activamente. También se vincula con otras medidas del plan, como la residencia condicionada al empleo y la expulsión por delitos graves.
Originalmente inspirado en el modelo canadiense, la principal diferencia es que mientras el canadiense se basa en atraer talento y personas capacitadas para potenciar la economía nacional, el modelo de Feijoo pretende controlar la inmigración y priorizar la integración del visitante.
Los juristas apuntan que muchas propuestas ya están recogidas en la legislación actual, como los requisitos para obtener la nacionalidad; que no se especifica cómo se aplicaría el sistema de puntos ni qué criterios exactos se usarían y que algunas medidas podrían requerir reformas constitucionales o enfrentarse a límites legales.
13/10/2025
Registro de objetores de conciencia al aborto
Esta semana en España se ha reavivado el debate sobre el registro de objetores de conciencia al aborto, un mecanismo legal que forma parte de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reformada en 2023.
Es un censo obligatorio que deben crear todas las comunidades autónomas para identificar a los profesionales sanitarios (como médicos o enfermeros) que, por motivos de conciencia —ya sean éticos, religiosos o personales—, se niegan a participar en abortos. Su objetivo es garantizar que el derecho al aborto pueda ejercerse en la sanidad pública, asegurando que haya personal disponible para realizarlo.
El Gobierno central ha exigido a cuatro comunidades (Madrid, Aragón, Baleares y Asturias) que creen este registro en un plazo de tres meses, advirtiendo que si no lo hacen, se tomarán medidas legales.
La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, se ha negado a implementarlo, alegando que sería una “lista negra” que vulnera derechos constitucionales como la libertad ideológica y religiosa.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto eliminar el registro de objetores y crear uno alternativo con los médicos dispuestos a practicar abortos, argumentando que lo relevante para las mujeres es saber quién puede atenderlas.
El Gobierno y partidos como Sumar han respondido con firmeza, acusando a Ayuso de desacato y defendiendo que este registro es clave para evitar desigualdades en el acceso al aborto.
Este conflicto refleja una tensión entre el derecho individual a la objeción de conciencia y el derecho colectivo de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva.
6/10/25
Sindrome post aborto
Esta semana en España el llamado “síndrome post aborto” ha generado un intenso debate político, mediático y científico por varias razones clave:
El Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción impulsada por Vox y apoyada por el PP para que los centros municipales informen obligatoriamente a las mujeres sobre el “síndrome post aborto”.
Esta medida provocó una fuerte reacción del Gobierno central. El presidente Pedro Sánchez anunció su intención de blindar el derecho al aborto en la Constitución, y de impedir que se difunda “información engañosa o contraria a la ciencia” sobre el aborto.
El llamado síndrome post aborto se refiere a un conjunto de síntomas emocionales y psicológicos que algunas personas atribuyen a la experiencia de haber abortado. Sin embargo, no está reconocido como diagnóstico clínico por organismos médicos internacionales como la OMS, la American Psychiatric Association (APA) o manuales como el DSM-5 o el CIE-11. Quienes defienden su existencia lo describen como una forma de duelo psicológico que podría manifestarse con:
- Tristeza profunda o melancolía
- Sentimientos de culpa o arrepentimiento
- Ansiedad o insomnio
- Aislamiento social
- En casos extremos, síntomas similares al estrés postraumático
La comunidad médica sostiene que no existe evidencia científica sólida que respalde este síndrome como entidad clínica. Lo que sí se reconoce es que algunas mujeres pueden experimentar emociones diversas tras un aborto, como tristeza, culpa o alivio, pero no constituyen un trastorno específico.
La Conferencia Episcopal Española y figuras como el obispo Munilla han defendido públicamente la existencia del síndrome, describiéndolo como una “herida profunda” en muchas mujeres que han abortado.
El término ha sido usado como herramienta política por sectores provida, mientras que otros lo consideran una etiqueta estigmatizante sin base médica. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, matizó que no se obligará a ninguna mujer a recibir esa información, sino que se ofrecerá sólo a quienes lo soliciten.
29/9/25
Pulseras antimaltrato
Las pulseras antimaltrato son dispositivos electrónicos de geolocalización utilizados para proteger a víctimas de violencia de género. Funcionan mediante un sistema dual: una pulsera que lleva el agresor y un receptor que porta la víctima. Si el agresor se acerca a una distancia prohibida, se activa una alerta que puede ser enviada a las autoridades y poder activar así el protocolo de protección policial a la víctima.
En las últimas semanas, estas pulseras han generado polémica en la política española porqu se han reportado disfunciones en el sistema, especialmente tras una migración de datos que provocó errores en el funcionamiento de algunos dispositivos.
Magistrados y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alertaron desde julio de 2024 sobre problemas en su operatividad (aunque se ha hecho publico ahora en la memoria anual que se publica en septiembre), lo que ha puesto en duda su fiabilidad.
La oposición ha criticado duramente al Gobierno por estos fallos, exigiendo responsabilidades. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad ha reconocido “incidencias” pero niega que haya habido fallos graves. El Gobierno ha anunciado que volverá a licitar el contrato de las pulseras, lo que ha reavivado el debate sobre su gestión y eficacia.
Este tema ha cobrado especial relevancia por su impacto directo en la seguridad de las víctimas y por el cruce de acusaciones entre partidos políticos en torno a su implementación.
22/9/25
Kale borroka
En España se ha hablado mucho de la kale borroka esta última semana por la polémica generada tras las protestas propalestinas que obligaron a cancelar la etapa final de La Vuelta Ciclista en Madrid el 14 de septiembre. Algunos partidos políticos, especialmente desde la derecha, compararon los altercados ocurridos durante esa manifestación con la violencia callejera asociada históricamente a la kale borroka, término vinculado a los grupos radicales de apoyo a ETA en el País Vasco.
Un apunte necesario: Kale borroka significa “lucha en la calle” en euskera y se refiere a la violencia callejera cometida por militantes o simpatizantes de la izquierda abertzale, principalmente en el País Vasco y Navarra. Estas acciones, que pueden incluir el lanzamiento de objetos, ataques a edificios públicos y a cargos políticos, han sido consideradas por la Audiencia Nacional como actos de terrorismo o “terrorismo de baja intensidad”.
Los partidos de la oposición, PP y Vox, calificaron los disturbios de estos días como “terrorismo callejero” y “kale borroka”, lo que generó una fuerte reacción del Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno de “utilizar la kale borroka para mantenerse en el poder”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró “grave” esa equiparación, argumentando que banaliza el dolor de las víctimas del terrorismo y negó que entre los manifestantes hubiera personas condenadas por kale borroka o yihadismo, como había publicado el diario El Mundo. Según Interior, de los 97 identificados, solo 11 tenían antecedentes, y ninguno por terrorismo.
Todo esto ocurre en medio de una creciente tensión diplomática entre España e Israel, por las críticas del Gobierno español a la ofensiva israelí en Gaza y su apoyo a las movilizaciones propalestinas y el término kale borroka ha resurgido como arma retórica en el enfrentamiento político, más que por hechos concretos relacionados con el fenómeno original.
15/9/25
Ley Antitabaco
Esta semana, el Gobierno de España ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley Antitabaco, una reforma ambiciosa que busca reforzar la lucha contra el tabaquismo y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Las principales medidas del anteproyecto son la prohibición de fumar y vapear en nuevos espacios (terrazas de bares y restaurantes; piscinas públicas; marquesinas y estaciones de transporte; campus universitarios; parques infantiles y zonas culturales o deportivas; vehículos de transporte con conductor…).
Los cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina, shishas y dispositivos de tabaco calentado se regulan igual que el tabaco convencional. Por primera vez, se prohíbe no solo la venta, sino también el consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad. No se podrá fumar ni vapear en un radio de 15 metros alrededor de centros sanitarios, educativos, deportivos o parques infantiles. También se prohíbe la venta y suministro de los cigarrillos electrónicos desechables.
Se ha quedado fuera el empaquetado genérico neutro y la subida de impuestos al tabaco, pese a las recomendaciones de expertos y la OMS.
El Ministerio de Sanidad defiende que es una “profunda reforma” con respaldo social y que busca una “generación libre de humo” para 2040, y el sector hostelero considera la ley “desproporcionada” y teme un impacto negativo en el turismo.
La ley aún debe pasar por audiencia pública, recibir informes constitucionales y volver al Consejo de Ministros antes de llegar al Parlamento. Si se aprueba, entraría en vigor en 2026.
8/9/25
Apertura del año judicial
La apertura del año judicial en España es un acto solemne que marca el inicio oficial de la actividad jurisdiccional tras el verano. Se celebra en el Tribunal Supremo con la presencia del Rey, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el fiscal general del Estado. Aunque tradicionalmente es un evento protocolario, este año ha estado marcado por una fuerte polémica institucional y política.
El foco principal ha sido la presencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien está procesado por un presunto delito de revelación de secretos. Su asistencia ha generado rechazo entre asociaciones judiciales y partidos políticos, especialmente el Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, decidió no acudir como forma de protesta. El Gobierno, por su parte, defendió la legalidad de su presencia, subrayando que está obligado por ley a participar.
Durante el acto, García Ortiz defendió su papel y propuso reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Fiscalía dirija las investigaciones penales. Por otro lado, Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, criticó duramente las recientes declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien había acusado a algunos jueces de “hacer política”. Perelló calificó estas palabras como “inoportunas e impropias”, lo que evidenció la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El ambiente fue tenso, con gestos de desaprobación y escasos aplausos al fiscal. La ausencia de Feijóo fue interpretada como una desconsideración hacia el Rey, mientras que el PP lo justificó como una defensa de la independencia judicial.
Este inicio del año judicial refleja una profunda fractura institucional y plantea serias preguntas sobre la separación de poderes y la confianza ciudadana en el sistema judicial.
1/9/25
Ley de Montes
Este verano, España ha sufrido una ola devastadora de incendios forestales, lo que ha reavivado el debate sobre el uso del suelo tras los incendios. Y aquí es donde entra la Ley de Montes.
La Ley 43/2003 de Montes regula la gestión, conservación y protección de los montes en España. Su objetivo principal es garantizar el uso sostenible de los recursos forestales, prevenir incendios, y fomentar la biodiversidad.
Pero, ¿por qué es tan mencionada últimamente? El artículo 50 de la ley prohíbe cambiar el uso forestal de un terreno incendiado durante 30 años, salvo excepciones muy específicas. Esto busca evitar recalificaciones urbanísticas que podrían incentivar incendios provocados. Circulan teorías conspirativas que sugieren que los incendios se provocan para construir urbanizaciones, parques eólicos o explotar recursos como tierras raras. Sin embargo, expertos y organizaciones como Greenpeace han desmentido que existan casos probados de incendios provocados con fines urbanísticos.
Algunos afirman que la ley impide limpiar los montes, lo que favorece la propagación del fuego , aunque en realidad, la ley obliga a los propietarios a realizar tareas de mantenimiento y prevención, como podas y desbroces.
La ley ha permitido que comunidades autónomas externalicen servicios de extinción a empresas privadas, generando críticas sobre la eficiencia y transparencia del sistema.
En resumen, la Ley de Montes se ha convertido en el centro del debate por su papel en la prevención, gestión y recuperación de los incendios forestales, así como por las implicaciones políticas y urbanísticas que surgen tras cada desastre.
14/7/25
Estar a la fresca
Llega el verano y esta expresión pasa a ser habitual en las calles de los pueblos de toda España.
Estar a la fresca (o su variante, salir a la fresca) es mucho más que una expresión… es casi una escena de verano.
Cuando cae el sol y el calor desciende, especialmente en los pueblos, empieza el ritual:
Las vecinas sacan sus sillas a la puerta de casa, los abuelos se acomodan en los bancos, y los niños corren de un lado a otro mientras alguien cuenta lo que ha pasado durante el día.
Estar a la fresca es eso: sentarse en la calle, en el portal o en el patio, a disfrutar del aire más suave de la noche.
Sin móviles, sin prisas. Solo conversación, risas y tranquilidad.
Es una tradición de generaciones. En tiempos sin aire acondicionado, era la única forma de soportar las noches de verano. Hoy sigue viva en muchos barrios y pueblos… y algunos hasta lo reivindican como un acto de vida lenta y comunitaria.
Estar a la fresca es descansar, pero también convivir, observar, recordar y sentirse parte de algo.
7/7/25
Prisión comunicada y sin fianza
“El juez decreta prisión comunicada y sin fianza para Santos Cerdán tras su declaración en el Supremo“
Cuando se habla de prisión comunicada y sin fianza en el contexto judicial español, se refiere a una situación muy específica de privación de libertad provisional. Es una medida cautelar, no una condena, que se impone antes de un juicio.
Una orden de prisión comunicada y sin fianza implica que un juez ha decidido que una persona debe ingresar en prisión de forma inmediata y obligatoria (sin posibilidad de evitarlo pagando dinero) mientras se investiga un delito, pero que mantendrá sus derechos a comunicarse con su abogado y con el exterior (a diferencia de la prisión incomunicada). Es una de las medidas cautelares más graves que se pueden imponer antes de que exista una sentencia firme.
La prisión provisional es una medida de privación de libertad que un juez puede ordenar sobre una persona que está siendo investigada por un delito. Su objetivo principal no es castigar, sino asegurar el buen desarrollo del proceso judicial. Se aplica solo si se cumplen ciertos requisitos y fines, como la existencia de indicios racionales de delito, la gravedad del delito, o por los llamados fines legítimos (evitar el riesgo de fuga del investigado, evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas relevantes o evitar que el investigado cometa otros hechos delictivos).
Es una medida excepcional, subsidiaria y proporcional, lo que significa que solo se aplica si no hay otras medidas menos restrictivas (como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas) que garanticen los mismos fines.
Cuando la prisión es “comunicada”, significa que el detenido o investigado mantiene el derecho a comunicarse con el exterior. Esta es la modalidad ordinaria de la prisión provisional. Lo contrario sería la prisión incomunicada, una medida mucho más excepcional y restrictiva, limitada en el tiempo, en la que se suspenden temporalmente estos derechos de comunicación para preservar la investigación (por ejemplo, en casos de terrorismo o crimen organizado).
Que sea “sin fianza” (o incondicional) significa que la persona no tiene la opción de pagar una cantidad de dinero (fianza) para evitar ingresar en prisión o para salir de ella mientras dure la investigación.
Cuando un juez decreta la prisión provisional “eludible bajo fianza”, permite al investigado sustituir su ingreso en prisión por el depósito de una garantía económica. Si la fianza se deposita, la persona queda en libertad provisional con ciertas obligaciones (como comparecer regularmente en el juzgado).
Sin embargo, cuando la prisión provisional es “sin fianza”, el juez o tribunal considera que el riesgo que se pretende evitar (fuga, destrucción de pruebas, reiteración delictiva) es tan elevado que una garantía económica no es suficiente para asegurar la presencia del investigado o evitar que cometa otros delitos. Es la medida de prisión provisional más restrictiva en cuanto a la libertad del investigado.
30/6/25
Huelga de jueces
Los jueces y fiscales en España están protestando esta semana por las reformas impulsadas por el Gobierno que, según ellos, amenazan la independencia judicial y la separación de poderes. Una reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, o el traspaso de la instrucción de causas penales a la Fiscalía son algunas de las razones para la protesta.
Critican que las reformas se tramitan con urgencia y sin un consenso real, y alertan de una creciente carga de trabajo en temas sensibles (violencia de género, instrucción penal) sin reforzar las garantías ni recursos.
En resumen, exigen frenar estas reformas para defender un sistema de justicia independiente, fundamentado en el Estado de derecho y libre de interferencias políticas.
Pero en España, la huelga de jueces no es legal. Aunque la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga para los trabajadores, este derecho está limitado para ciertos funcionarios públicos, especialmente aquellos cuyas funciones son consideradas servicios públicos esenciales y fundamentales para el funcionamiento del Estado, como es el caso de la Administración de Justicia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula la carrera judicial, prohíbe expresamente el ejercicio del derecho de huelga a los miembros de la Carrera Judicial. Se considera que la función judicial es un servicio público esencial que no puede interrumpirse, y que la huelga podría comprometer la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados.
Por lo tanto, cualquier intento de huelga por parte de jueces en España sería considerado una vulneración de su estatus legal y profesional. Lo que sí pueden realizar son otras formas de protesta o reivindicación, como concentraciones o comunicados, siempre que no impliquen la paralización de la actividad judicial.
23/6/25
La UCO
La UCO está en el centro de la actualidad española por su papel clave en la investigación de casos de corrupción que involucran a altos cargos del Gobierno y del partido en el poder.
La UCO (Unidad Central Operativa) es una división de élite de la Guardia Civil española, creada en 1987, que investiga delitos de especial complejidad como el crimen organizado y la corrupción a nivel nacional e internacional. Cuenta con unos 600-700 agentes especializados y está organizada en varios departamentos que cubren desde el narcotráfico y la investigación económica hasta el cibercrimen y el apoyo tecnológico.
En estos días se habla tanto de la UCO porque está liderando una investigación de gran impacto político: el “caso Koldo”, una trama de corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos públicos y presuntos pagos de comisiones que afecta a miembros destacados del PSOE, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. La UCO ha accedido recientemente a la sede del PSOE y a varios ministerios para recabar pruebas, bajo orden judicial, lo que ha generado una fuerte crisis política y mediática.
16/6/25
La banda del Peugeot
La llamada “banda del Peugeot” hace referencia a un grupo de políticos socialistas vinculados a Pedro Sánchez, incluyendo José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Estos tres acompañaron a Sánchez en un Peugeot 407 mientras recorría España en 2017 para recuperar apoyos dentro del PSOE.
Esta búsqueda epopéyica de apoyos llevó a Sánchez a ganar las primarias del partido y hacerse de nuevo con el control del PSOE.
Sin embargo, con el tiempo y ya en la actualidad, los tres han sido señalados en investigaciones judiciales por presunta corrupción.
Uno de los casos más relevantes es el de Koldo García, quien fue investigado por supuestas mordidas en contratos públicos durante la pandemia, específicamente en la compra de mascarillas. También se ha señalado a Santos Cerdán por presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el caso de José Luis Ábalos, se le ha vinculado con escándalos relacionados con el uso de fondos públicos.
El Partido Popular ha utilizado este escándalo para atacar al PSOE, incluso publicando un video generado por inteligencia artificial que recrea el recorrido de Sánchez y sus acompañantes en el Peugeot, destacando las acusaciones en su contra.
9/6/25
El Rocio
Esta semana absolutamente todos los medios españoles tienen un espacio reservado a El Rocío. La Romería de El Rocío es una de las manifestaciones de religiosidad popular más importantes y multitudinarias de España. Esta celebración anual, que tiene lugar en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), se realiza en honor a la Virgen del Rocío.
La festividad se desarrolla durante el fin de semana de Pentecostés, una fecha que varía cada año en función del calendario litúrgico. El núcleo de la celebración es la peregrinación que realizan cientos de hermandades procedentes de toda Andalucía, España y el extranjero. Los peregrinos, conocidos como “romeros”, recorren a pie, a caballo o en carretas engalanadas los diferentes caminos que conducen a la aldea, enclavada en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Durante el trayecto, los actos de devoción se combinan con expresiones folclóricas, como los cantos de sevillanas y el sonido característico de la flauta y el tambor, que acompañan a las hermandades. Esta simbiosis entre lo religioso y lo lúdico crea un ambiente social y cultural único.
El momento culminante de la romería ocurre en la madrugada del Lunes de Pentecostés. Tras la recitación del Santo Rosario, se produce el tradicional “salto de la reja”, en el que los almonteños acceden al presbiterio del santuario para sacar la imagen de la Virgen, conocida popularmente como la “Blanca Paloma”. A continuación, da comienzo la procesión de la imagen por las calles de la aldea, un acto de gran fervor que congrega a cientos de miles de fieles y que se prolonga durante gran parte del día.
En definitiva, El Rocío constituye un complejo fenómeno sociocultural que fusiona devoción mariana, tradición y folklore, convirtiéndose en un punto de encuentro anual de enorme magnitud.
2/6/25
Fontanero
En España, esta semana el término “fontanero” ha saltado a la palestra del debate político, pero no para hablar de arreglar tuberías. Se refiere a personas que, dentro de los partidos políticos —en este caso el PSOE, partido del gobierno—, operan en la sombra.
Estos “fontaneros” son los encargados de manejar crisis, influir en decisiones importantes o realizar trabajos discretos que no suelen ver la luz pública, traspasando si es necesario la frontera de la legalidad. Esta semana, una serie de revelaciones sobre supuestas maniobras internas han puesto el foco en esta figura, generando bastante revuelo.
El escándalo gira en torno a Leire Díez, una militante socialista que habría intentado obtener información comprometedora contra un alto mando de la Guardia Civil, Antonio Balas, quien lidera investigaciones sobre casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno. La filtración de audios en los que Díez y otros presuntos “fontaneros” del PSOE discutían estrategias para desacreditar a Balas ha provocado una tormenta política, con amenazas de moción de censura y protestas en la calle.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la polémica para criticar al Gobierno y, con cierta ironía, ha pedido disculpas “a todos los fontaneros de España” por la asociación de su profesión con estas prácticas políticas. Además, el gremio de fontaneros ha expresado su malestar por el uso despectivo del término, argumentando que está generando una imagen negativa de su oficio.
26/5/25
Hermanísimo
En la política española, el término “hermanísimo” se ha convertido en un apodo con bastante carga irónica. Se usa para referirse a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha ganado notoriedad no precisamente por cuestiones familiares entrañables, sino por las investigaciones judiciales que lo rodean. Se le acusa de tráfico de influencias y prevaricación en relación con su puesto en la Diputación de Badajoz, y eso ha desatado un torbellino político.
El asunto ha generado bastante ruido. Se ha señalado que su contratación pudo haber sido un traje a medida, algo diseñado específicamente para él, lo que ha levantado sospechas y ha intensificado el debate en España. De hecho, la jueza Beatriz Biedma ha decidido abrir juicio oral contra él y otros implicados, un paso que ha encendido aún más la polémica.
Ahora bien, ¿por qué “hermanísimo” y no simplemente “hermano”? Pues aquí entra el componente lingüístico y, por supuesto, la intención detrás de la palabra. En español, el sufijo “-ísimo” se usa para formar superlativos absolutos, es decir, para llevar algo a su máxima expresión. Normalmente, lo aplicamos a adjetivos como “bueno” → “buenísimo” o “rápido” → “rapidísimo”. Pero en este caso, el uso es más sarcástico y coloquial.
“Hermanísimo” no solo subraya que es hermano de Pedro Sánchez, sino que sugiere que ese vínculo ha jugado un papel clave en su relevancia pública, mucho más de lo que sería común. En otras palabras, no es un hermano cualquiera, es EL hermano, el que está en el centro de la tormenta mediática. Es un recurso que en política y en los medios se emplea para destacar, exagerar o satirizar la influencia de familiares de figuras clave. Un ejemplo similar en España fue el término “cuñadísimo”, que se usó hace años para referirse a Ramón Serrano Suñer, el cuñado y colaborador cercano de Francisco Franco.
19/5/25
Pájara
La palabra “pájara” ha estado en el centro del debate político en España esta semana debido a la filtración de mensajes privados entre el presidente Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos. En estos mensajes, Sánchez se refería a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como “una pájara“, lo que ha generado controversia y múltiples interpretaciones.
El término “pájara”, según la Real Academia Española, puede significar “persona astuta y con pocos escrúpulos”. Sin embargo, Robles ha restado importancia a la polémica, afirmando que se trata de conversaciones privadas de hace años y que no le afectan. La oposición ha aprovechado la situación para criticar la actitud del presidente, mientras que el Gobierno ha intentado minimizar el impacto de la filtración.
Este episodio ha reavivado el debate sobre la cohesión dentro del Ejecutivo y la forma en que se gestionan las discrepancias internas.
12/5/25
Robo de cobre
El robo de cobre ha sido un tema candente en España últimamente debido a un aumento significativo en los casos registrados. En 2024, se reportaron 4.433 robos, lo que representa un incremento del 87% en comparación con cinco años atrás. Este delito ha afectado especialmente a infraestructuras críticas, como la red ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, donde un reciente robo de cable de señalización dejó a casi 11.000 viajeros varados.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado algunos de estos incidentes como sabotajes deliberados, aunque la Guardia Civil apunta a bandas organizadas que operan en diversas regiones. Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid han sido las comunidades más afectadas.
El robo de cobre no solo genera pérdidas millonarias, sino que también afecta el transporte, el suministro eléctrico y la seguridad de infraestructuras clave. Se estima que el precio del cobre alcanza los 10.000 euros por tonelada, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para el crimen organizado.
Las autoridades han intensificado las investigaciones y buscan endurecer las penas para frenar este delito.
5/5/25
Apagón
Un apagón es la interrupción repentina del suministro eléctrico en una zona determinada, lo que puede afectar hogares, negocios, transporte y servicios esenciales.
Aunque lo más común es asociarlo con la falta de electricidad, “apagón” también se usa en otros contextos. Por ejemplo, un apagón informativo, cuando hay una falta de comunicación o restricción de información, ya sea por censura o por un fallo en los medios; o un apagón digital, cuando un servicio en línea o una red social deja de funcionar masivamente.
En España, se habla mucho de ello últimamente porque el país ha sufrido uno de los apagones más grandes de su historia reciente, dejando a millones de personas sin electricidad y causando caos en infraestructuras clave como hospitales, aeropuertos y redes de transporte.
Este apagón ocurrió el 28 de abril de 2025, afectando España, Portugal y parte de Francia. Aunque el suministro se ha restablecido, las causas del incidente siguen bajo investigación. Se manejan varias hipótesis, desde fallos técnicos en la red eléctrica hasta posibles ciberataques. También se ha mencionado un fenómeno atmosférico inusual que pudo haber generado oscilaciones en las líneas de alta tensión, desconectando el sistema eléctrico español del resto de la red europea.
El Gobierno declaró la emergencia nacional en varias comunidades y está trabajando en medidas para reforzar el sistema eléctrico. Mientras tanto, la población tuvo que adaptarse a la falta de electricidad, con supermercados arrasados, problemas en el transporte y dificultades en la comunicación.
28/4/25
Quiniela de los papables
La palabra “quiniela” significa, en su origen, una apuesta o predicción sobre el resultado de varios eventos, especialmente deportivos, donde se intenta acertar los resultados de una serie de partidos o sorteos. Por extensión, en el contexto actual de la Iglesia católica, se utiliza el término “quiniela de los papables” para referirse a las listas y pronósticos sobre quién será elegido como el próximo papa.
Actualmente se habla de “quinielas de los papables” porque, tras la muerte del papa Francisco, se ha abierto el proceso de sucesión y, como es tradición, periodistas, analistas, fieles y hasta casas de apuestas elaboran listas y cábalas sobre los cardenales que tienen más posibilidades de ser elegidos en el próximo cónclave. El término “papable” se refiere a los cardenales que, por su perfil, trayectoria o influencia, son considerados con opciones reales de convertirse en el nuevo pontífice.
Estas “quinielas” no son oficiales ni tienen valor vinculante, pero reflejan el interés y la especulación pública sobre un proceso que, por su importancia y secretismo, genera mucha expectación. En ellas se analizan perfiles, corrientes ideológicas (conservadores, progresistas, moderados), trayectorias y equilibrios geográficos dentro de la Iglesia. Incluso, en algunos países y plataformas, se permite apostar dinero sobre el posible resultado, como ocurre con otros eventos de gran interés mediático.
14/4/25
El DNI digital
El DNI digital es una versión telemática del tradicional documento de identidad que permite a los ciudadanos españoles llevar su identificación en el teléfono móvil mediante la aplicación oficial MiDNI. A diferencia del DNI electrónico, que se utiliza para autenticar la identidad en línea, el DNI digital está diseñado para la identificación presencial, generando códigos QR temporales para verificar la identidad.
El Gobierno aprobó el decreto que lo regula, y desde el 2 de abril de 2025, los ciudadanos españoles pueden utilizar la aplicación MiDNI para identificarse. Aunque ofrece comodidad y seguridad, todavía no sustituye al documento físico en todos los aspectos, como identificarse en el extranjero o realizar trámites administrativos en línea.
Busca modernizar la forma en que acreditamos nuestra identidad, llevándola al entorno digital donde muchas de nuestras interacciones ya ocurren. Permite identificarse sin necesidad de llevar el documento físico encima y utiliza códigos QR temporales firmados por la Policía Nacional para verificar la identidad, lo que añade una capa de seguridad y evita falsificaciones. Además, permite mostrar solo los datos necesarios en cada situación, protegiendo la privacidad.
En una segunda fase, prevista para 2026, se espera que el DNI digital permita realizar trámites online y firmas electrónicas.
featured image: Grok AI / prompt: Alberto Mesas Sainz
7/4/25
Aranceles
Los aranceles están en el centro de atención actualmente debido a su impacto en la economía global y las tensiones comerciales entre países.
Los aranceles son impuestos que los gobiernos aplican a productos importados o exportados. Su objetivo principal puede variar, pero suelen servir para proteger la industria local, generar ingresos fiscales o regular el comercio internacional.
Recientemente, el presidente de EE.UU. Donald Trump ha implementado aranceles significativos a las importaciones de varios países, incluidos China y la Unión Europea, lo que ha generado respuestas similares de estos países. Esto ha desencadenado una especie de “guerra comercial”, afectando mercados financieros, precios de bienes y cadenas de suministro globales.
El Gobierno de España ha respondido a los aranceles impuestos por Estados Unidos con un plan de contingencia significativo. El presidente Pedro Sánchez anunció un Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial dotado con 14.100 millones de euros para mitigar el impacto de estos aranceles en sectores clave como el agroalimentario y el industrial. Este plan incluye medidas como líneas de financiación, apoyo a la internacionalización y ayudas para reorientar capacidades productivas.
Además, Sánchez instó a la Unión Europea a actuar con unidad y proporcionalidad frente a estas medidas, y destacó la importancia de proteger la economía española y europea. También se han activado mecanismos como el RED, que busca mantener empleos en las empresas más afectadas, similar a los ERTE utilizados durante la pandemia.
31/3/25
La mili
“La mili” es el término coloquial para referirse al servicio militar obligatorio en España. Durante años, todos los hombres españoles eran llamados a realizar este servicio como parte de su deber ciudadano. Normalmente, se trataba de un período en el que los jóvenes eran entrenados y desempeñaban funciones dentro de las Fuerzas Armadas del país. Podía durar entre 9 y 18 meses, dependiendo de la época.
En 2001, España eliminó la obligatoriedad del servicio militar, transformando sus Fuerzas Armadas en un ejército profesional compuesto únicamente por voluntarios.
Actualmente, debido a la reciente posición de la seguridad y defensa en la UE se empieza a hablar en España del regreso de “la mili”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado categóricamente esta posibilidad, afirmando que no figura entre las prioridades del Ministerio. Aunque la Constitución Española establece el deber de defender el país, el sistema actual se basa en el reclutamiento voluntario.Sin embargo, el debate sobre la reinstauración de la mili ha resurgido debido a las tensiones internacionales, como el conflicto en Ucrania. Una encuesta reciente muestra que el 31,7% de los españoles estarían a favor de retomar el servicio obligatorio.
24/3/25
Ley contra el Desperdicio Alimentario
La Ley contra el Desperdicio Alimentario ha sido tema de conversación recientemente porque el Congreso español la aprobó el 20 de marzo de 2025.
La llamada oficialmente Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario nace con la pretensión de reducir los residuos que se generan en toda la cadena, desde el campo hasta la hostelería y los hogares. La cifra en España es de 1,2 millones de toneladas, que contribuye así a los cerca de 1.300 millones de toneladas que anualmente el mundo desperdicia en cuanto a alimentos o, lo que en términos porcentuales, supone el 30% de los alimentos producidos. Esta ley busca promover un uso más responsable de los recursos, ayudar a quienes lo necesitan y minimizar el impacto ambiental asociado con el desperdicio de alimentos.
Entre sus principales medidas, destaca la obligación para los supermercados de donar los excedentes de alimentos a entidades sociales en lugar de desecharlos. Además, se exige a bares y restaurantes ofrecer envases para que los clientes puedan llevarse a casa los alimentos que no han consumido.
La reacción del público hacia la Ley contra el Desperdicio Alimentario ha sido variada. Por un lado, muchas personas y organizaciones han elogiado la iniciativa como un paso necesario hacia un sistema alimentario más sostenible y eficiente. Destacan que fomenta la economía circular, reduce el impacto ambiental y promueve la solidaridad al priorizar la donación de alimentos.
Sin embargo, también ha habido críticas. Algunos sectores consideran que las sanciones previstas para quienes incumplan la ley son demasiado severas, llegando hasta los 500.000 euros, lo que ha generado debate sobre si los incentivos serían una mejor alternativa. Además, la implementación de ciertas medidas, como los planes de prevención de desperdicios en empresas, ha sido vista como un desafío logístico, especialmente para las pequeñas empresas.
17/3/25
Protocolos de la vergüenza
En el ámbito político español, los denominados “protocolos de la vergüenza” aluden a una controvertida gestión de la COVID-19 en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Durante la pandemia, se habrían emitido directrices que establecían criterios para decidir quiénes podían ser trasladados desde las residencias a los hospitales. Según diversas denuncias y críticas, estos criterios habrían excluido a algunos ancianos, especialmente a los más vulnerables, lo que desató indignación y dio origen al término “vergüenza”.
Esta semana, el tema ha vuelto a ser noticia al cumplirse cinco años de la implementación de dichos protocolos. Este aniversario ha reavivado el debate sobre la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria. Las familias de las víctimas han reiterado sus denuncias sobre la falta de atención médica adecuada y la discriminación hacia los mayores sin seguro privado. Además, figuras políticas como Mónica García han cuestionado públicamente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntándole si volvería a firmar esos protocolos.El asunto sigue siendo un foco de debate político y mediático, especialmente en torno a la figura de Díaz Ayuso. Mientras algunos niegan la existencia de estos protocolos o defienden su gestión, otros la critican duramente, señalando las cifras de fallecimientos en residencias como un punto clave de la controversia.
10/3/25
Delegación de competencias
La semana pasada en España se habló mucho sobre la delegación de competencias estatales a la comunidad autónoma de Cataluña debido a las recientes decisiones del gobierno de Pedro Sánchez para sostener el acuerdo de legislatura con los partidos independentistas catalanes. Esta medida ha generado controversia y críticas por parte de la oposición, especialmente del Partido Popular, que considera que estas cesiones son una “humillación” y que Sánchez es un “pelele”.
Las críticas y preocupaciones han aparecido en varios frentes.
Impacto en la lengua catalana: El acuerdo también ha generado polémica por la posibilidad de que el conocimiento del catalán se convierta en un requisito para obtener permisos de residencia en Cataluña. Esto ha sido visto como una medida que podría discriminar a los inmigrantes que no hablan catalán y ha generado críticas tanto dentro como fuera de Cataluña.
Competencias en seguridad y defensa: La transferencia de competencias a los Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos ha sido vista como una pérdida de poder para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esto ha generado tensiones y críticas, especialmente por parte de los agentes de la Guardia Civil que sienten que han sido “arrinconados”.
Gestión de la inmigración: La delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat ha sido otro punto de controversia. La Generalitat ahora tiene la capacidad de gestionar la devolución de extranjeros y supervisar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo que ha generado preocupaciones sobre la posible discriminación y desigualdad en la aplicación de las leyes de inmigración.
Constitucionalidad: Algunos catedráticos y juristas han argumentado que la delegación de competencias en materia de inmigración es inconstitucional, ya que la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo. Esto ha generado un debate sobre la legalidad de estas transferencias de competencias. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece el marco normativo para la delegación de competencias en España, permitiendo que los órganos administrativos transfieran sus atribuciones y funciones a otros órganos dentro de la misma Administración, siempre y cuando se cumplan los requisitos y limitaciones establecidos por la ley.
3/3/25
Condonación de la deuda
La condonación de la deuda autonómica en España ha sido un tema candente recientemente. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la propuesta del Gobierno central para condonar (perdonar) la deuda de las comunidades autónomas de régimen común. Esta medida tiene su origen en un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.
La propuesta reconoce que, debido al impacto de la crisis financiera entre 2010 y 2013, las comunidades autónomas de régimen común se endeudaron en exceso. Durante esos años, estas regiones accedieron a financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo extraordinario creado por el Gobierno central para dar liquidez a las comunidades a tipos de interés muy ventajosos.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se ha opuesto firmemente a la condonación de la deuda, argumentando que es una maniobra política del gobierno para ganar el apoyo de los partidos regionales. Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “comprar el alquiler de la Moncloa” con esta medida. Por otro lado, Sánchez ha instado al líder de la oposición a reconsiderar su rechazo a la condonación.
Los partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts han mostrado su apoyo a la condonación de la deuda, viéndola como un paso hacia una mayor autonomía financiera para sus regiones. Sin embargo, Junts también ha criticado la medida por “consolidar el café para todos”.
También ha habido Instituciones financieras como Moody’s que han advertido que la condonación de la deuda podría impactar negativamente en la solvencia de España y crear un riesgo moral.
Algunas figuras políticas, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han criticado la medida, argumentando que beneficia injustamente a ciertas regiones a expensas de otras. Por otro lado, algunos miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han defendido la medida como necesaria para abordar los desequilibrios financieros causados por la crisis económica.
Estas reacciones destacan la naturaleza compleja y controvertida del tema de la condonación de la deuda en España.
25/2/25
Enrocarse
Si la semana pasada hablábamos del choque entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo por la propuesta de este último de eliminar la obligación de tributar por las rentas del trabajo a los trabajadores que cobren el salario mínimo (SMI) en España, esta semana tenemos que hablar de la respuesta de la ministra de Hacienda.
La titular de Hacienda, Maria Jesus Montero, defiende que los trabajadores que cobran el SMI deben pagar IRPF como medida para garantizar la financiación del Estado del bienestar. Argumenta que, aunque solo el 20% de los perceptores del SMI se verán afectados, es una medida necesaria para evitar recortes en servicios públicos esenciales como el ingreso mínimo vital, las pensiones, el transporte público gratuito y la prohibición de corte de suministros básicos.
Se dice entonces que la ministra Montero se enroca en su posición. Significa que ella se mantiene firme y obstinada en su decisión de hacer tributar el salario mínimo interprofesional para no recortar la financiación del Estado del bienestar.
En otras palabras, Montero está decidida a no cambiar su posición a pesar de las críticas y la oposición que enfrenta. Este uso del término “enrocarse” es similar a la jugada de ajedrez en la que el rey se protege moviéndose junto a una torre, simbolizando una defensa firme y estratégica.
14/2/25
IRPF
El IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es un impuesto personal, progresivo y directo que grava la renta de las personas físicas en España. Su carácter personal se debe a que considera las circunstancias individuales del contribuyente, como tener hijos a su cargo. Es progresivo porque el porcentaje de impuesto aumenta con el nivel de renta, y directo porque se aplica directamente sobre los ingresos.
El IRPF se calcula anualmente y se liquida mediante la declaración de la renta, que recoge todos los ingresos obtenidos por el contribuyente durante el año fiscal, incluyendo salarios, rendimientos del capital y ganancias patrimoniales. El impuesto se paga en función de estos ingresos y de las circunstancias personales y familiares del contribuyente, lo que puede dar lugar a deducciones y reducciones.
Recientemente, el IRPF ha sido objeto de debate debido a la polémica medida de hacer pagar impuestos a los trabajadores que cobran el salario mínimo, que esta semana ha aumentado hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas. La controversia surgió cuando el Ministerio de Hacienda decidió que los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberán pagar impuestos por primera vez. Esta decisión ha sido criticada por varios sectores, incluyendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien afirmó que no estaba al tanto de esta medida antes de su anuncio.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que solo el 20% de los perceptores del SMI se verán afectados por esta medida.
10/2/25
Fachaparty
Este fin de semana, la portavoz del gobierno de España, Pilar Alegría utilizó el término “fachaparty” para describir el evento del partido europeo “Patriotas” celebrado en Madrid y organizado por el partido de ultraderecha VOX. Alegría criticó el tipo de patriotismo que, según ella, promueven, sugiriendo que está más enfocado en intereses financieros que en el bienestar genuino del país. El uso del concepto “fachaparty” es una crítica hacia aquellos que Alegría considera que promueven un patriotismo superficial y mercenario, en lugar de uno basado en valores auténticos y democráticos.
Otros miembros del gobierno se han unido a las críticas al encuentro, presidido por Santiago Abascal. Han utilizado el evento, para lanzar ataques al Partido Popular, de la derecha moderada institucional, al ser socios de gobierno en algunas comunidades autónomas.
El término “facha” tiene sus raíces en la palabra italiana “fascio”, que originalmente se refería a una unión o grupo. En el contexto político, surgió con la fundación del fascismo italiano liderado por Benito Mussolini a principios del siglo XX. Hoy en día, en España, se utiliza para referirse a ideologías políticas conservadoras, autoritarias o ultraderechistas.
3/2/25
Internacional reaccionaria
La “Internacional reaccionaria” es un término que ha utilizado el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, para describir una alianza de líderes y movimientos políticos que, según él, van en contra de los intereses de Europa. Albares menciona a figuras como Donald Trump, Javier Milei, Benjamin Netanyahu, Viktor Orbán y Giorgia Meloni como parte de esta alianza.
El ministro ha expresado su preocupación de que esta “Internacional reaccionaria” no ayuda a los verdaderos intereses de los europeos y que es extraño que líderes extraeuropeos se fijen tanto en lo que es bueno para Europa. Albares también ha señalado que la política internacional se encuentra en un momento crucial, similar a la caída del Muro de Berlín, y que Europa debe decidir su rumbo en las próximas décadas.
27/1/25
Tecnocasta
La “tecnocasta” es un término que se refiere a los magnates de la tecnología, especialmente aquellos de Silicon Valley, que tienen una gran influencia en las redes sociales y, por ende, en el debate público y la política. Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido sobre el peligro que representan estos magnates, como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, quienes, según él, podrían usar su poder para controlar la democracia y el desarrollo de Europa.
Sánchez ha propuesto medidas para regular los contenidos ilegales, la desinformación y la publicidad en las redes sociales, incluyendo la eliminación del anonimato y la responsabilidad penal para los propietarios de estas plataformas. La preocupación es que estas figuras tecnológicas puedan influir en la política y la sociedad de manera desproporcionada.
Durante el evento “HispanIA 2040”, Sánchez llamó a Europa a “rebelarse” contra esta amenaza y defender la democracia, enfatizando que “la democracia no es un euro, un voto; no es un tuit, un voto, sino una persona, un voto”.
Con la activación de ALIA, la inteligencia artificial desarrollada por el Gobierno, se ponen en marcha también los trabajos para aplicarla en dos proyectos piloto: uno para agilizar el trabajo de la Agencia Tributaria y otro para mejorar el diagnóstico de las insuficiencias cardiacas en la Atención Primaria.
Se espera que ALIA, uno de los ejes principales de la estrategia nacional de inteligencia artificial, se diferencie de los desarrollados en otros países por su transparencia, si bien se prevé la creación de otros modelos de lenguaje más pequeños y específicos para diferentes sectores.
20/1/25
Ley Begoña
Esta semana se ha hablado en España de la llamada “Ley Begoña”, que es una propuesta legislativa impulsada por el PSOE que busca limitar la figura de la acusación popular en los procesos judiciales. Este proyecto ha generado una intensa polémica política y social, siendo interpretado por sus críticos como un intento de proteger al entorno personal y político del presidente Pedro Sánchez, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, quienes enfrentan investigaciones judiciales.
Un inciso: La acusación popular es una figura jurídica del derecho procesal penal español que permite a cualquier ciudadano o entidad, sin ser víctima ni haber sido directamente perjudicado por un delito, personarse en un proceso penal para actuar como parte acusadora en defensa de la legalidad y el interés general. Este derecho está reconocido en el artículo 125 de la Constitución Española y regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 101 y 270)
La norma pretende eliminar la posibilidad de que partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos puedan ejercer como acusación popular en casos judiciales. Además, limita esta figura a delitos muy específicos como corrupción, genocidio o crímenes de lesa humanidad. Incluye una disposición transitoria que permite aplicar los cambios a procesos judiciales en curso, lo que podría beneficiar directamente a personas cercanas al presidente Sánchez.
La oposición y algunos sectores judiciales consideran que esta ley busca garantizar impunidad para el entorno del presidente, debilitando el Estado de Derecho. Se argumenta que centralizar las decisiones en la Fiscalía —percibida como controlada por el Gobierno— podría limitar la independencia judicial y favorecer intereses políticos.
En resumen, la “Ley Begoña” es vista por sus defensores como una reforma para evitar abusos en el sistema judicial, pero sus críticos la califican como un mecanismo para blindar al entorno presidencial frente a investigaciones legales.
12/1/25
Pascua Militar
El pasado 6 de enero, como cada año, se celebró en la capital española, la ceremonia de la Pascua Militar. La Pascua Militar es una ceremonia castrense española que se celebra cada 6 de enero en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Este evento marca el inicio del año militar y en él se realiza un balance del año anterior y se establecen las líneas de acción para el año que comienza. Durante la ceremonia, el Rey de España recibe al Presidente del Gobierno, a los responsables del Estado Mayor de la Defensa, de los tres Ejércitos, de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de la Guardia Civil y de la Hermandad de Veteranos.
El origen de esta celebración se remonta al siglo XVIII, cuando el rey Carlos III instauró la Pascua Militar en 1782 para conmemorar la recuperación de Menorca de manos británicas. Desde entonces, se ha convertido en un acto solemne y tradicional en el que también se imponen condecoraciones a militares que se han distinguido durante el año anterior.Se dan la casualidad de que es el rey, siendo la máxima autoridad militar, quien preside el acto, el mismo día que se celebra en muchas partes del mundo (incluida en España) la festividad civil de la llegada de los tres Reyes Magos. Y para cumbre de las casualidades, el anterior monarca, Juan Carlos I, celebraba de igual manera el día de su cumpleaños.
13/12/24
Cuestión de confianza
El grupo parlamentario de Junts registraba esta semana en el Congreso de los Diputados una solicitud para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.
Este mecanismo parlamentario, recogido en la Constitución Española de 1978, está diseñado para medir el respaldo de un Gobierno y tiene características específicas que lo distinguen de otros procedimientos como la moción de censura –aunque ambos están recogidos en los artículos 112, 113 y 114 dentro del Título V que regula las relaciones entre el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales.
Según Carles Puigdemont, presidente de Junts, esta iniciativa surge ante la falta de avances en los acuerdos con el PSOE y su deseo de que Sánchez “dé la cara” en el Parlamento, tras considerar que “no ha hecho suficiente” para mantener la confianza de los diputados de Junts.
La cuestión de confianza es un recurso que el presidente del Gobierno puede emplear para comprobar si cuenta con el apoyo suficiente de la mayoría parlamentaria para seguir al frente del Ejecutivo. Según el artículo 112 de la Constitución, esta herramienta permite al presidente someter a votación en el Congreso un programa o una declaración de política general, previa deliberación en el Consejo de Ministros.
El proceso es comparable a un Debate de Investidura. Una vez que se haya presentado la petición, la Junta de Portavoces del Congreso establece una fecha para el pleno, en el cual se discute la cuestión planteada. La votación, que se efectúa de manera pública y por llamamiento, necesita una mayoría simple (más votos a favor que en contra) para que el presidente logre la confianza de la Cámara y debe realizarse antes de que transcurran 24 horas.
Si el Congreso decide no otorgar la confianza al presidente, este debe renunciar ante el Rey, quien comenzará el procedimiento para nombrar a un nuevo líder del Ejecutivo. Este proceso implica consultas con los grupos parlamentarios, una nueva sesión de investidura y la correspondiente votación en el Congreso.
A diferencia de la moción de censura, que se considera una herramienta destinada a la oposición para exigir responsabilidades políticas, la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusivamente del presidente del Gobierno. Mientras que la cuestión de confianza necesita una mayoría simple para ser superada, la moción de censura requiere una mayoría absoluta (176 votos) y debe proponer un candidato alternativo a la Presidencia.
En este marco, Junts ha presentado su solicitud para que Sánchez se someta a este procedimiento. No obstante, el propio presidente del Gobierno tiene la última decisión sobre si avanzar o no con la cuestión de confianza, lo que podría establecer un precedente en la política reciente.
9/12/24
SAREB
La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), conocida comúnmente como el “banco malo”, es una entidad creada en España en 2012 durante la crisis financiera. Su objetivo principal es gestionar y vender los activos inmobiliarios y créditos tóxicos que los bancos españoles transfirieron tras recibir un rescate financiero europeo. Los bancos transfirieron a la Sareb propiedades y créditos problemáticos a precios ventajosos.
Esta entidad es financiada parcialmente por el sector privado y supervisada por el Banco de España y las autoridades europeas.
Propósito de la Sareb:
1. Desinversión de activos tóxicos: Facilitar que los bancos se deshagan de los activos inmobiliarios problemáticos, especialmente propiedades y créditos vinculados al sector inmobiliario.
2. Estabilizar el sector financiero: Ayudar a sanear el sistema bancario español al liberar a las entidades financieras de estos activos de alto riesgo.
3. Venta progresiva de activos: La Sareb tiene un horizonte limitado para deshacerse de estos activos de forma eficiente y maximizar su valor.
En los últimos años, el gobierno ha buscado transformar parte de los activos de Sareb en vivienda pública para abordar la crisis habitacional en el país y es durante esta última semana cuando Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha anunciado nuevos planes para ampliar el parque público de viviendas utilizando activos de Sareb, buscando aliviar la presión sobre los precios del mercado.
2/12/24
Permiso climático
El nuevo permiso climático, establecido por el Real Decreto-Ley 8/2024, garantiza a los trabajadores el derecho a ausentarse del trabajo hasta 4 días remunerados en situaciones de emergencia climática. Este permiso se activa en casos de catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos adversos que impidan el acceso al lugar de trabajo o cuando las autoridades competentes imponen limitaciones o prohibiciones de desplazamiento.
Este permiso se puede solicitar en las siguientes circunstancias:
- Imposibilidad de acceder al lugar de trabajo debido a catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos.
- Limitaciones o prohibiciones de desplazamiento impuestas por las autoridades competentes.
- Situaciones de riesgo grave e inminente derivadas de fenómenos como inundaciones, nevadas extremas, o alertas climatológicas.
El permiso climático permite a los trabajadores ausentarse del trabajo hasta 4 días consecutivos sin que esto afecte a su salario, garantizando su seguridad y protección económica en situaciones de emergencia. Este derecho se incorpora al Estatuto de los Trabajadores a través de una modificación recogida en la Disposición final segunda del Real Decreto-Ley 8/2024.
Una vez transcurridos los 4 días de permiso retribuido, si las circunstancias que justificaron el permiso persisten, la empresa podrá solicitar un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en caso de que las limitaciones o impedimentos derivados de la emergencia climática afecten su actividad normal.
25/11/2024
AEMET
La AEMET está en el centro de atención debido a la reciente DANA que ha afectado a España y que ha reabierto el debate sobre los protocolos de aviso y actuación ante emergencias meteorológicas. Es por ello que la ministra Ribera ha sido sometida en los últimos días a un duro escrutinio en su examen para formar parte del colegio de comisarios europeos.
La agencia juega un papel crucial en la previsión de desastres naturales y en la seguridad de la aviación, lo que la convierte en una entidad fundamental en la gestión de situaciones de emergencia.
17/11/24
Apagón informativo
El 29 de octubre, durante las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia, hubo acusaciones de un “apagón informativo” por parte del Gobierno. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó que no se proporcionó información suficiente y a tiempo sobre la crecida del cauce de agua en el barranco del Poyo, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo que depende del gobierno central. Las acusaciones del presidente valenciano se refieren a información sesgada que dificultó la eficaz reacción en la toma de decisiones para evitar la magnitud de la tragedia.
Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó estas acusaciones, asegurando que se emitieron todos los avisos necesarios de manera continua y precisa. Según Marlaska, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) suministraron información de manera automática a las instituciones competentes.
Un apagón informativo se refiere a la censura o supresión de noticias sobre un tema específico por parte de los medios de comunicación de masas. Este fenómeno puede ser voluntario, aceptado por los propios medios, o forzado por el gobierno o entidades que financian a los medios, limitando así su autonomía.
Pero en este contexto se aproxima más a la idea de que una administración estatal restringe la información que debe compartir con otra administración regional (y que en este caso está gobernada por un adversario político) con el fin de perjudicar políticamente, por no comunicar todos los elementos necesarios para la toma de decisiones.
11/11/24
Zona catastrófica
El gobierno español declaró Valencia como zona catastrófica el 5 de noviembre de 2024. Esto se debe a los daños causados por la DANA, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, que provocó fuertes lluvias e inundaciones en la región.
La declaración de Valencia como zona catastrófica significa que la zona ha sido afectada por un desastre natural que ha causado daños significativos. Esto permite que el gobierno español proporcione apoyo financiero y recursos a los hogares, empresas, autónomos e instituciones de carácter extraordinario que han sido impactados por el desastre.
La Ley 17/2015, del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece los requisitos y procedimientos para declarar una zona como catastrófica, así como las medidas de ayuda y apoyo que se pueden poner en marcha.
4/11/24
DANA
Las inundaciones en Valencia del pasado 29 de octubre de 2024 han causado un elevado número de muertes y daños significativos. Las lluvias torrenciales, producto de una DANA, provocaron inundaciones severas en la región, especialmente en la provincia de Valencia. La cifra más reciente de muertos habla de 200 personas y centenas permanecen desaparecidas. Estas inundaciones también dejaron a miles de hogares sin electricidad y causaron daños importantes en la infraestructura.
¿Y qué es una DANA?
Una DANA, que significa Depresión Aislada en Niveles Altos, es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por una masa de aire frío que se desprende de una corriente fría y desciende sobre una masa de aire caliente. Este contraste de temperaturas, junto con la humedad y la energía del mar Mediterráneo, puede generar lluvias torrenciales y fuertes vientos, lo que puede provocar inundaciones y otros desastres naturales como los que hemos podido ver estos días en Valencia.
28/10/24
Pa´lante
“Pa’lante” es una expresión coloquial que significa “adelante” o “seguir adelante”. Se utiliza para expresar la idea de avanzar sin mirar atrás, de continuar con determinación. En España, esta expresión se utiliza con frecuencia en el discurso público, especialmente por los políticos, para transmitir un mensaje de optimismo y esperanza.
La expresión “pa’lante” se ha vuelto bastante popular en el entorno político de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta frase ha sido utilizada frecuentemente por Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, especialmente en sus intervenciones públicas y en redes sociales.
Rodríguez ha empleado “pa’lante” para proyectar una imagen de resistencia y fortaleza frente a las adversidades, y Ayuso ha adoptado esta expresión como parte de su retórica política. Este lema se ha convertido en un símbolo de su oposición al gobierno de Pedro Sánchez y en una forma de motivar a sus seguidores a mantenerse firmes.
También se ha utilizado en los últimos días de forma diferente y merece la pena mencionar este otro sentido que dota de un matiz bien diferente la expresión. Isabel Diaz Ayuso la utilizó para hacer referencia a todas esas personas del entorno de Pedro Sánchez, incluido él mismo, para manifestar el hecho de que acabarán siendo procesados judicialmente. “Pa’lante” es lo que vendría a decir un carcelero a su preso cuando está delante de su celda.
21/10/24
Registro de alquileres temporales y turísticos
Esta semana el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de un registro estatal de alquileres temporales y turísticos para controlar el mercado de alquileres de corta duraci.
Este registro estará disponible a partir del 2 de enero de 2025 con el objetivo de regular este tipo de alquileres. El registro se gestionará a través del Colegio de Registradores de la Propiedad, y será este el encargado de asignar los números de identificación para cada alquiler. El trámite de entrada en el registro será gratuito y obligatorio para todas las viviendas cuya finalidad sea la de alquiler de corta duración, aunque se establece un periodo de transición voluntario.
El registro de alquileres temporales y turísticos tiene como funciones principales:
Controlar el mercado: El registro permite al gobierno tener una mejor visión de cuántos alquileres de corta duración hay en el país, dónde se encuentran y quién los ofrece. Esto ayuda a entender mejor el mercado y a tomar decisiones más informadas.
Evitar la competencia desleal: Algunos propietarios que alquilan sus propiedades a corto plazo no cumplen con las mismas normas que los hoteles o los alojamientos tradicionales. El registro ayuda a garantizar que todos los alquileres temporales cumplan con las mismas reglas y que la competencia sea justa.
Proteger a los turistas: El registro ayuda a garantizar que los turistas se alojen en lugares seguros y legales. También permite que los turistas tengan acceso a información sobre las propiedades que alquilan, como la ubicación, las comodidades y las normas de la casa.
Combatir el fraude: El registro ayuda a evitar que se alquilen propiedades que no son legales o que se utilizan para actividades ilegales.
Mejorar la seguridad: El registro permite a las autoridades tener una mejor idea de quién se aloja en las propiedades de alquiler a corto plazo. Esto puede ayudar a mejorar la seguridad en las zonas turísticas.
14/10/24
Ley sobre antecedentes penales
La reforma de la ley sobre antecedentes penales ha sido un tema de debate reciente en España y que ha generado controversia. Esta reforma, aprobada por todos los partidos en el Congreso el 18 de septiembre, permitirá convalidar a los presos de ETA que hayan cumplido parte de su condena en Francia. La ley también facilita el intercambio de información penal entre España y la Unión Europea. Sin embargo, el Senado ha aplazado la votación de la ley, a petición del PP que considera que ha sido víctima de un engaño a pesar de haber votado a favor de la propuesta.
El punto de controversia sobre la reforma de la ley de antecedentes penales se centra en la enmienda que se introdujo (hace meses) en la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y que podría beneficiar a presos de ETA que hayan cumplido parte de su condena en Francia.
La ley original, aprobada en 2014, buscaba homogeneizar el cumplimiento de penas en la Unión Europea, evitando que una persona cumpliera múltiples condenas por el mismo delito en diferentes países. La nueva enmienda, sin embargo, eliminaría una disposición que excluía a sentencias dictadas antes de 2010, beneficiando a 44 presos de ETA.
El PP ha mostrado su oposición a la reforma de la ley de antecedentes penales, argumentando que la enmienda que podría beneficiar a los presos de ETA que hayan cumplido parte de su condena en Francia es un error. El PP ha pedido que se aplace la votación de la ley en el Senado para buscar revertir la enmienda.
7/10/24
Bajas médicas flexibles
Las bajas médicas flexibles son una reciente propuesta del Gobierno español que busca ofrecer una opción intermedia entre estar completamente de baja o completamente de alta. La idea es permitir que los trabajadores puedan reincorporarse parcialmente a sus labores mientras aún están en proceso de recuperación, siempre con la aprobación de un médico y de manera voluntaria.
Esta medida está pensada para casos específicos, como personas que están terminando tratamientos de enfermedades graves como el cáncer, y que podrían beneficiarse de una reincorporación gradual al trabajo.
Sin embargo, la propuesta ha generado diversas opiniones y preocupaciones, especialmente entre asociaciones de pacientes que temen que pueda generar incertidumbre y presión para reincorporarse al trabajo antes de estar completamente recuperados.
También se plantea que no todos los sectores laborales puedan implementar esta medida de manera justa, lo que podría generar desigualdades entre trabajadores de diferentes industrias. E incluso algunos expertos en salud advierten que una reincorporación parcial podría no ser beneficiosa para todos los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades graves o crónicas.
Varios partidos políticos han expresado su oposición a la propuesta de bajas médicas flexibles del Gobierno español:
EH Bildu: Ha calificado la propuesta como una “barbaridad” y ha manifestado un rechazo rotundo.
Podemos: Ha criticado la medida, describiéndola como una “nueva deriva hacia la derecha” del Gobierno y advirtiendo que podría obligar a los trabajadores a reincorporarse antes de estar completamente recuperados.
Sumar: Junto con ERC y otros socios del Gobierno, también ha mostrado su desacuerdo, señalando la falta de detalles y claridad en la propuesta.
29/9/24
Senda de déficit
El Gobierno ha decidido retirar la tramitación parlamentaria de la senda de déficit tras constatar la falta de apoyos a la propuesta y evitar así una nueva votación fallida en el Parlamento.
La retirada de la tramitación deja en suspenso la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, ya que no se cumplirá con los plazos marcados por la Constitución y se desconoce en qué fecha se volverá a intentar tramitarla.
La senda de déficit (o senda de estabilidad presupuestaria) es un plan a largo plazo (para los próximos tres años) que establece los objetivos de reducción del déficit público durante ese periodo de tiempo.
Los objetivos de déficit, la deuda pública y la regla del gasto conforman las tres metas cuyo objetivo es reducir la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, evitar un endeudamiento excesivo y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La senda de déficit debe establecerse conforme a lo pactado con la Comisión Europea.
La aprobación de una senda de déficit o senda de estabilidad es clave para elaborar las cuentas públicas, y aunque no es imprescindible para aprobar unos PGE, sí influye directamente sobre las cuantías y límites de estos.
¿Qué supone la falta de una senda de déficit?
De no aprobarse, las administraciones locales y regionales se verían afectadas, ya que la senda presentada contaba con hasta 12.000 millones de euros más de margen para ellas a gastar en los próximos dos años, y deberían ajustar sus presupuestos a objetivos más estrictos.
La falta de una senda de déficit genera incertidumbre económica, ya que no se detallaría ninguna estrategia para reducir el déficit, al menos de forma detallada. También supondría dificultades para cumplir los objetivos establecidos por la UE para la reducción del déficit y limitaría la capacidad para llevar a cabo otras políticas económicas, como el aumento del gasto público.
En cualquier caso, el Gobierno asegura que, con senda de déficit o sin ella, presentará un proyecto de Presupuestos.
23/9/24
Ley ELA
Esta semana ha habido avances significativos en la tramitación de la Ley ELA en España.
El 10 de octubre es la fecha elegida para firmar el acuerdo alcanzado entre PSOE, PP, Junts y Sumar y presentar el texto único de la ley destinada a las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas, conocida como Ley ELA.
El 8 de marzo de 2022, el Congreso de los Diputados había aprobado por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas que padecen ELA, aunque los principales partidos políticos no llegaron a un acuerdo y, tras la convocatoria de elecciones en julio de 2023, la ley se abandonó. En abril de este año se ha vuelto a retomar y ahora por fin iniciará su tramitación parlamentaria.
Algunos puntos clave del acuerdo incluyen:
Reconocimiento de discapacidad: Todas las personas diagnosticadas con ELA recibirán automáticamente un reconocimiento de discapacidad del 33%, lo que les permitirá acceder a diversas prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Atención continuada: Se garantiza atención especializada las 24 horas del día para pacientes en estadios avanzados de la enfermedad.
Formación de cuidadores: Se implementarán cursos específicos para formar a los cuidadores profesionales en el manejo de enfermedades neurológicas complejas como la ELA.
Ayudas económicas: Se ofrecerán ayudas para cubrir los gastos de los pacientes electrodependientes, incluyendo un bono social eléctrico para paliar los costos de mantener equipos médicos conectados continuamente.
17/9/24
REPARTO DE MENORES MIGRANTES
El reparto de menores migrantes en Canarias ha sido un tema de gran relevancia debido a la crisis migratoria que enfrenta el archipiélago. Recientemente, el Gobierno central y el de Canarias han acordado un modelo obligatorio de reubicación de menores extranjeros no acompañados.
La Federación Canaria de Islas (Fecai) ha solicitado un reparto solidario de estos menores entre todas las comunidades autónomas para aliviar la presión sobre Canarias.
El número de menores migrantes que llegan a Canarias ha variado en los últimos años, pero ha habido un aumento significativo debido a la ya mencionada crisis migratoria. En 2023, se registraron más de 2,000 menores no acompañados en el archipiélago. Este incremento ha puesto una gran presión sobre los recursos de acogida y ha llevado a la implementación de medidas para su reubicación en otras comunidades autónomas y también un aporte extra de recursos para su correcta gestión en las islas.
- Modelo Obligatorio de Reubicación: Este modelo se activa cuando una comunidad autónoma supera el 150% de su capacidad de acogida. En ese caso, se distribuyen los menores a otras comunidades autónomas para equilibrar la carga.
- Reforma de la Ley de Extranjería: Se está trabajando en una reforma legal para establecer el deber obligatorio, para otras comunidades autónomas, de reubicación de menores no acompañados. Esta reforma busca asegurar una distribución equitativa basada en criterios como la renta y el desempleo de cada comunidad.
- Colaboración Interinstitucional: El Gobierno central y el de Canarias, junto con otras comunidades autónomas, están colaborando para gestionar mejor la situación. Esto incluye la creación de más plazas de acogida y la mejora de los servicios de atención a los menores.
- Apoyo Financiero: Se han destinado fondos adicionales para mejorar las infraestructuras de acogida y proporcionar los recursos necesarios para el bienestar de los menores.
Estas medidas buscan no solo aliviar la presión sobre Canarias, sino también garantizar que los menores reciban la atención y el apoyo que necesitan.
2/9/24
MIGRACIÓN CIRCULAR
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó la pasada semana una gira diplomática por Mauritania, Gambia y Senegal, con el objetivo de fortalecer la colaboración con estos países frente a la crisis migratoria mediante iniciativas como la migración circular.
La migración circular es un programa que forma y contrata a trabajadores en sus países de origen para cubrir puestos de trabajo estacionales o de temporada en España, tras lo cual regresan a su país. Este sistema está regulado por el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Actualmente, los programas de migración circular se basan en un modelo de contratación fijo-discontinuo y autorizaciones de cuatro años, permitiendo a los trabajadores laborar en España un máximo de nueve meses al año. Esto asegura que puedan regresar a su país con la garantía de ser convocados en la siguiente temporada.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprueba anualmente una previsión de las ocupaciones y cifras de empleo que se pueden cubrir mediante la migración circular. Solo los trabajadores extranjeros que no residan en España pueden acceder a estas oportunidades.
La Dirección General de Gestión Migratoria coordina con las embajadas españolas en cada país, que informan a las autoridades locales sobre las ofertas de empleo. Si el país puede satisfacer la demanda, se inicia el proceso de selección de trabajadores.
Las ofertas de trabajo por migración circular están dirigidas a países con los que España tiene acuerdos sobre regulación de flujos migratorios, como Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. También pueden beneficiarse ciudadanos de Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Níger, México, El Salvador, Filipinas y Paraguay.
En 2024, 20.515 trabajadores extranjeros se han beneficiado del sistema de migración circular, un aumento respecto a los 17.200 de 2023. Marruecos es el país con más beneficiarios, seguido de Colombia.
17/7/24
CANTAR EL ALIRÓN
La selección nacional española venció en la final de la Eurocopa 2024 a la selección de Inglaterra y pudo cantar el alirón.
“Cantar el alirón” es una expresión muy conocida en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, que se utiliza cuando un equipo logra un triunfo importante o gana un campeonato. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define esta expresión como: “Cantar, entonar el alirón, para celebrar la victoria en una competición deportiva”.
El origen de esta expresión es bastante interesante y tiene varias teorías:
1. Origen mexicano: Según Alfredo Relaño en su libro Futbolcedario, “alirón” era el ala de un ave sagrada que se entregaba como regalo a héroes o a vencedores en pruebas de destreza en México.
2. Origen árabe: La palabra podría provenir de una palabra árabe (‘al’il’lān’), que significa ‘proclamación’.
3. Origen inglés: La expresión podría tener su origen en Vizcaya, cuando mineros ingleses venían a las minas de Ortuella a extraer hierro. Cada vez que se encontraba una veta buena, eran gratificados con una paga extra. El jefe de obra solía colgar un cartelón que ponía ‘All Iron’, mientras era jaleado por los mineros que veían así aumentada su paga.
4. Origen musical: Según un artículo publicado en la web de LaLiga, el término viene de una canción que cantaba una cupletista en 1913 llamada Marietina, titulada ‘El Alirón’.
6/7/24
CHUPINAZO
El sábado 6 de julio a las 12:00 horas (hora peninsular española) tiene lugar en Pamplona el esperado Chupinazo que da inicio a las Fiestas de San Fermín 2024 de Pamplona.
Se trata del acto con el que Pamplona da inicio a sus fiestas más internacionales. Miles de personas llegan desde todo el mundo para vivir la tradición que marca el comienzo de San Fermín.
Para encontrar la razón de la tradición del chupinazo nos tenemos que remontar a principios del siglo XX. Anteriormente a esta fecha, una empresa de pirotecnia contratada por el Ayuntamiento de Pamplona era la encargada de disparar los cohetes el 6 de julio.
Fue ya en los años 30 cuando la multitud de personas empezó a reunirse en la plaza para ver el momento en el que se daba inicio a las fiestas de la ciudad, hasta el punto de que en 1940 se hizo oficial.
1/7/24
RENOVACIÓN DEL CGPJ
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España ha sido un tema del que más se ha hablado esta última semana.
El desbloqueo del CGPJ ocurrió hace unos días después del ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien amenazó con medidas drásticas si el PP de Alberto Núñez Feijóo no llegaba a un acuerdo.
El acuerdo para renovar a los 20 vocales del CGPJ, que estaba bloqueado desde hace casi seis años, ha sido recibido con alivio y fue firmado por las dos principales fuerzas parlamentarias españolas.
Los 20 nuevos vocales del CGPJ pactados por el PSOE y el Partido Popular tendrán que ser refrendados por una mayoría de tres quintos en el Congreso (210 diputados) y en el Senado (150 senadores).
Es importante mencionar que el CGPJ se renueva en su totalidad cada cinco años. Este proceso es fundamental para mantener la independencia y la eficacia del sistema judicial en España.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España tiene varias implicaciones importantes para la justicia española:
Por un lado, el fin del bloqueo institucional. La renovación marca un punto de inflexión crucial en la política española, concluyendo un período de bloqueo institucional que ha suscitado críticas por su impacto adverso en la Administración de Justicia.
Aporta legitimidad democrática: El debate sobre la renovación del CGPJ y la posible alianza entre PSOE y PP tiene implicaciones profundas en la legitimidad democrática del sistema judicial español.
Mejora del servicio judicial: La renovación del CGPJ no solo aborda una larga crisis judicial, sino que también promete reducir los retrasos en los tribunales y mejorar la calidad del servicio judicial, beneficiando directamente a los ciudadanos que dependen de un sistema judicial eficiente y justo.
Inclusión más amplia y representativa: La renovación debe ser vista no solo como una resolución de un impasse político, sino como una oportunidad perdida para reforzar la Justicia mediante una inclusión más amplia y representativa de otros actores del ámbito de la judicatura más allá de jueces, magistrados y fiscales.
24/6/24
FINANCIACIÓN SINGULAR
La “financiación singular” es un término que se ha utilizado en el contexto político de España, específicamente en relación con Cataluña. Se refiere a una propuesta de financiación autonómica que busca que la Generalitat (Gobierno autonómico) de Cataluña tenga control total sobre la recaudación de impuestos en la región.
Esta propuesta se inspira en los modelos de financiación del País Vasco y Navarra, donde las respectivas comunidades autónomas tienen un alto grado de control sobre sus finanzas. En el caso de Cataluña, la idea es que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña y luego haga dos transferencias al Estado. Una de estas transferencias sería para los servicios que el Estado presta en la comunidad y la otra para contribuir a la equidad entre territorios.
Es importante mencionar que la implementación de esta propuesta implicaría una modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que requeriría una mayoría absoluta en el Congreso. Por lo tanto, aunque la propuesta ha sido discutida, su implementación es un tema complejo y sujeto a negociaciones políticas.
Los argumentos a favor y en contra de la financiación singular son variados y dependen en gran medida de la perspectiva política y económica de quien lo mire.
A favor de la financiación singular:
1. Autonomía fiscal: Los defensores de la financiación singular argumentan que permitiría a Cataluña tener un mayor control sobre sus finanzas, similar al modelo de País Vasco y Navarra. Esto implicaría que Cataluña recaudaría y gestionaría el 100% de los impuestos.
2. Justicia fiscal: Algunos sostienen que Cataluña, siendo la tercera comunidad en aportar recursos, no debería ser la decimocuarta en recibirlos. La financiación singular podría ayudar a equilibrar esta situación.
3. Negociación política: La financiación singular puede ser vista como una herramienta de negociación política para obtener apoyos parlamentarios.
En contra de la financiación singular:
1. Desigualdad entre comunidades: Algunos argumentan que la financiación singular podría crear una “España de dos velocidades”, favoreciendo a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas.
2. Impacto económico: Existe la preocupación de que la financiación singular podría tener un impacto económico negativo en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, si se aplicara un sistema de cupo a Cataluña, otras comunidades como Madrid y Baleares podrían salir perjudicadas.
3. Legalidad: Algunos sostienen que la financiación singular es inviable con la actual normativa y que su implementación requeriría una modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que requeriría una mayoría absoluta en el Congreso.
4. Responsabilidad fiscal: Hay quienes argumentan que la financiación singular podría permitir a los gobernantes catalanes manejar irresponsablemente los recursos financieros.
Es importante tener en cuenta que estos argumentos representan una variedad de puntos de vista y que el debate sobre la financiación singular es un tema complejo y en constante evolución.
16/6/24
MARCHA REPUBLICANA
Este domingo, miles de personas se congregaron en el centro de Madrid para participar en una marcha republicana, coincidiendo con el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España.
La manifestación, convocada por decenas de organizaciones, entre ellas Podemos, abogó por la abolición de la monarquía.
Según la delegación del Gobierno, la marcha reunió a unas 4.000 personas, mientras que la organización la cifra en 30.000. La marcha culminó en la Puerta del Sol, donde se leyó un manifiesto a cargo del cineasta Benito Rabal, hijo del actor Paco Rabal, y la periodista Irene Zugasti.
Convocada bajo el lema “diez años bastan”, la manifestación ha discurrido acompañada de cánticos como “España mañana será republicana”, “no hay dos sin tres, república otra vez” o “los Borbones son unos ladrones” y algunos más actuales como “hay que cambiar el poder judicial”. Los manifestantes portaban numerosas banderas republicanas y algunas en apoyo a Palestina, con cánticos propalestino como “desde el río hasta el mar”.
10/6/24
SE ACABÓ LA FIESTA
“Se Acabó la Fiesta” es una agrupación política española fundada por Luis ‘Alvise‘ Pérez Fernández, un analista y consultor político conocido por sus actividades en redes sociales. En las elecciones europeas de 2024, la formación ha logrado un éxito inaudito en España, obteniendo tres escaños en el Parlamento Europeo con un total de 800.000 votos (el 4,59% de los votos emitidos), sin haber tenido ningún tipo de visibilidad en los medios informativos tradicionales.
“Se acabó la fiesta” es una frase en español que se traduce literalmente como “the party is over” en inglés. Se utiliza para indicar que algo (no necesariamente una fiesta) ha llegado a su fin.
El programa electoral de “Se Acabó la Fiesta” se centra en varios puntos clave:
1. Combate a la corrupción: Alvise Pérez se compromete a luchar contra la corrupción, asegurando transparencia y justicia en todos los niveles de gobierno, con el objetivo de erradicar la “mafia política, mediática y judicial”.
2. Renovación política: Busca renovar la clase política española, eliminando a aquellos que han sido cómplices de la corrupción y el mal manejo de recursos, y promueve una política de meritocracia y responsabilidad.
3. Voz firme en Europa: Pérez promete defender los intereses de España con firmeza y determinación en el Parlamento Europeo, buscando que las políticas europeas beneficien más directamente a los ciudadanos españoles.
4. Modificación constitucional: Propone cambiar la Constitución para implementar trabajos forzados para pederastas y asesinos, buscando un sistema de justicia más severo.
5. Deportación masiva de ilegales: Aboga por la deportación inmediata de inmigrantes que hayan entrado ilegalmente, con el objetivo de controlar las fronteras y mantener la seguridad.
El éxito de “Se Acabó la Fiesta” en las elecciones europeas ha sido visto como una sorpresa y un avance para las fuerzas “patrióticas y soberanistas” en España, lo que puede erosionar el espacio electoral de partidos de ultraderecha como Vox.
6/6/24
RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA
El gobierno español ha adoptado la decisión de reconocer a Palestina como estado a partir del 28 de mayo. Noruega e Irlanda también han anunciado su intención de reconocer el Estado de Palestina al mismo tiempo que España.
La escalada verbal y diplomática entre España e Israel tras el reconocimiento de Palestina por parte de España ha tenido un impacto significativo en las relaciones bilaterales entre ambos países.
El Ministerio de Exteriores de Israel ha comunicado a los embajadores de España que el reconocimiento del Estado de Palestina tendrá consecuencias “graves” para las relaciones bilaterales, ya que lo consideran como “una recompensa para el terrorismo” de Hamás.
Además, Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, ha acusado al presidente español de ser “cómplice de incitar al genocidio judío y de crímenes de guerra”.
En respuesta a la decisión de España, Israel ha formalizado la prohibición de la asistencia consular de la delegación española a los palestinos.
A pesar de estas tensiones, es importante destacar que el reconocimiento de Palestina por parte de España tiene más efectos simbólicos que jurídicos, ya que España ya mantenía relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina. Además, España no abrirá una embajada en Ramala y encargará las relaciones con Palestina al cónsul en Jerusalén.
27/5/24
RETIRADA DEFINITIVA DEL EMBAJADOR
Esta semana el asunto que ya nos ocupó la pasada edición, ha escalado en gravedad.
España anunció que retira definitivamente a su embajadora española en Buenos Aires. Una represalia diplomática ante la negativa de una disculpa pública del presidente de Argentina, Javier Milei, con respecto a sus comentarios sobre Begoña Gómez, esposa del presidente español.
Desde la Casa Rosada, la Presidencia argentina valoró la decisión de “delirante idea” y afirmaron que nunca se les pensó hacer lo propio con su representante en Madrid.
“Se queda definitivamente en Madrid… retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Argentina continuará sin embajador”, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares este martes 21 de mayo, tras la rueda de prensa del Consejo de ministros.
El Gobierno español tendrá, a partir de ahora la representación de un jefe de negocios, un rango menor. La actual embajadora María Jesús Alonso no regresará a Argentina y, cuando la crisis diplomática termine, España deberá nombrar un nuevo representante.
Por su parte, el Ejecutivo argentino declaró este martes que “jamás” tuvo “la delirante idea” de retirar a su embajador, Roberto Bosch, de España, en reciprocidad al gesto del Gobierno español de Pedro Sánchez, según informó este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
El presidente argentino insistió que no pedirá disculpas al presidente de España tras llamar corrupta a Begoña Gómez, su esposa, que tiene una investigación en contra por presunto tráfico de influencias.
20/5/24
LLAMADA A CONSULTAS
El Gobierno ha llamado a consultas ‘sine die’ a la embajadora en Argentina, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya llamado “corrupta” a la mujer del presidente del Gobierno.
La llamada a consultas es una herramienta de protesta diplomática y supone la retirada temporal del embajador del país que protesta.
El Diccionario Panhispánico del español jurídico define una llamada a consulta como una orden que se envía a un jefe de misión diplomática por el ministro de Asuntos Exteriores del Estado acreditante para que se persone urgentemente con objeto de informar sobre un determinado asunto y recibir instrucciones particulares.
Existen distintos grados de ‘anomalía’ en las relaciones diplomáticas como son la convocatoria, la llamada a consultas y la retirada. En la escala de medidas de protesta diplomática, la llamada a consultas está un nivel por debajo de la retirada definitiva del embajador y la ruptura de relaciones diplomáticas.
La convocatoria de un embajador se produce cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores correspondiente hace ir físicamente a su sede a un embajador de otro país para expresar una queja.
Cuando los embajadores acuden al ministerio, se les puede transmitir la queja de forma verbal o a través de un documento (conocido como ‘nota verbal’), entre otras fórmulas.
En el caso de la llamada a consultas, el Ministerio llama a su propio embajador para que vuelva a su país. La ausencia puede durar días, meses por ser indefinida (sine die).
Durante la ausencia del embajador, al frente de la embajada queda el encargado de negocios ad interim, funcionario diplomático que sustituye provisionalmente al jefe de la misión. Es, por tanto, una reducción de la representación diplomática.
12/5/24
OPA HOSTIL
Esta semana, la entidad financiera española BBVA ha estado en el centro de las noticias debido a su propuesta de adquisición del Banco Sabadell, otra entidad española, para hacerse con su control.
BBVA anunció el martes que quiere comenzar las conversaciones para adquirir Banco Sabadell. En un comunicado posterior el miércoles, BBVA detalló una oferta de acciones en una carta a la junta de Sabadell, proponiendo una relación de cambio de una nueva acción de BBVA por cada 4.83 acciones de Sabadell. Esto daría a los accionistas de Sabadell el 16% del grupo combinado y representaría una prima del 30% al precio de cierre de Sabadell.
A pesar de que la junta de Sabadell rechazó la oferta inicial de BBVA de 12 mil millones de euros a principios de la semana, calificándola de “significativamente infravalorada”, BBVA sorprendió a los mercados al anunciar una oferta de adquisición hostil para el rival doméstico Banco Sabadell.
BBVA llevó su oferta de todas las acciones directamente a los accionistas del banco. BBVA calificó la propuesta, que crearía la segunda institución financiera más grande de España si tiene éxito, como “extraordinariamente atractiva”.
Una OPA (Oferta Pública de Adquisición) es un mecanismo financiero mediante el cual una empresa o un inversionista busca adquirir el control de otra compañía al ofrecer comprar un porcentaje significativo de sus acciones.
El objetivo de una OPA es obtener el control de la empresa objetivo, generalmente a través de la compra de la mayoría de las acciones. La oferta de compra se realiza de manera pública y se dirige a todos los accionistas de la empresa objetivo, no solo a un grupo selecto. El precio ofrecido por las acciones suele ser superior al precio de mercado, con el fin de atraer a los accionistas. Las OPAs están sujetas a una estricta regulación por parte de las autoridades financieras, con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios.
Esta OPA puede transformarse en una OPA hostil, que es un tipo de OPA en la que la empresa que realiza la oferta de compra no tiene el apoyo o la aprobación de la dirección de la empresa objetivo.
La empresa objetivo suele poner en marcha estrategias de defensa para evitar la adquisición, como la emisión de nuevas acciones, la venta de activos clave, etc.
Existe un conflicto de intereses entre la empresa adquirente y la dirección de la empresa objetivo, que puede llevar a una batalla legal y financiera.
Las OPAs hostiles suelen estar sujetas a una mayor regulación y escrutinio por parte de las autoridades, con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios.
Existe un conflicto de intereses entre la empresa adquirente y la dirección de la empresa objetivo, que puede llevar a una batalla legal y financiera.
Las OPAs hostiles suelen estar sujetas a una mayor regulación y escrutinio por parte de las autoridades, con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios.
5/5/24
LEYES DE LA CONCORDIA
Las llamadas leyes de concordia han dado mucho que hablar esta semana. Son leyes propuestas o aprobadas en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia que están siendo impulsadas por los partidos PP y Vox. Estas leyes sustituyen a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022 y promovida por el gobierno de Pedro Sánchez.
Esta ley tiene como objetivo fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia del país y mantener viva la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Se considera un paso importante para fortalecer la sociedad española en sus valores democráticos y recordar el pasado para construir un futuro más justo y consciente.
Es por esto que las leyes de concordia han generado controversia debido a sus disposiciones, resumidas aquí:
- Supresión de términos como ‘dictadura’: Estas leyes eliminan la palabra “dictadura” de los documentos oficiales y no obligan a retirar símbolos franquistas.
- Eliminación de mapas de fosas comunes: Las leyes de concordia también suprimen los mapas que indican la ubicación de fosas comunes relacionadas con la Guerra Civil.
- Retiro de subvenciones: Las organizaciones que trabajan en favor de la memoria democrática perderán sus subvenciones bajo estas leyes.
- Fecha de reconocimiento de las víctimas: Estas leyes establecen el año 1931 como punto de partida para el reconocimiento de las víctimas, coincidiendo con el inicio de la Segunda República.
Reprobación por la ONU: La ONU ha criticado duramente estas leyes, instando a España a garantizar el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica.
Este “choque de leyes” ha generado preocupación debido a su impacto en la preservación de la memoria histórica y las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo. La controversia persiste y se espera que estas leyes sean objeto de debate y recurso legal en el futuro.
27/04/24
¿MERECE LA PENA?
¿Merece la pena todo esto? Es la pregunta que se ha hecho esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta abierta a la ciudadanía en la red social X (anteriormente Twitter).
Una carta en la que el presidente afirma estar superado por el acoso de la derecha y ultraderecha política y mediática que está viviendo su esposa con la intención de atacarle políticamente a él.
Se pregunta si le compensa el esfuerzo de seguir soportando ataques personales por parte de sus adversarios políticos y pone en cuestión su continuidad como jefe del Ejecutivo.
En la carta, Sánchez se da 4 días para reflexionar y tras ese plazo trasladar su decisión a la ciudadanía.
El detonante de esto ha sido que se ha conocido que un juzgado ha abierto una investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a raíz de una denuncia por un supuesto delito de tráfico de influencias.
La denuncia se basa en publicaciones periodísticas sobre las supuestas conexiones de Begoña Gómez con empresarios que se habrían beneficiado económicamente de fondos públicos.
Un juzgado ha admitido a trámite la denuncia y ha abierto diligencias previas: se inicia la investigación y por el momento no recae una acusación formal sobre Gómez.
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abrió las diligencias de investigación tras recibir la querella en la que el sindicato vinculado a la ultraderecha expone que Gómez, “prevaliéndose” de su matrimonio con Pedro Sánchez, habría avalado con “cartas de recomendación” a empresarios que se presentan a licitaciones públicas y que sus esfuerzos “dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad”.
14/4/24
Violencia vicaria
Esta semana, lamentablemente, se han sumado dos víctimas más al recuento de lo que se viene llamando desde 2012, violencia vicaria. La violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres.
La Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, recoge que no solo la mujer es víctima de este tipo de violencia, también lo son sus hijos e hijas, utilizados por su maltratador para producir daño.
Puede tener diversas manifestaciones, pero entre las más comunes se encuentran:
Amenazas de llevarse a los niños y niñas, quitarle la custodia o incluso matarlos.
Aprovechar la presencia de los hijos e hijas para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla y amenazarla.
Interrumpir los tratamientos médicos o farmacológicos de los niños y niñas cuando deberían de estar en tratamiento.
Utilizar los momentos del régimen de visitas para inventarse información dolorosa acerca de las hijas e hijos o la ausencia de información durante esos días.
En lo que va de año ya son 7 niños asesinados como consecuencia de una agresión hacia las madres “desplazada” a sus hijos, la cifra más alta desde que existen registros en España.
Según los datos registrados en la plataforma Viogén, se han detectado 1.431 casos de violencia machista en los que menores de edad se encuentran en riesgo de sufrir agresiones por parte de su progenitor.
7/4/24
Ibización
La “ibización” en el Pirineo catalán es un fenómeno que afecta a la región del Valle de Arán, en el Pirineo de Lleida, una zona de turismo de temporada invernal.
Este término hace referencia al proceso por el cual la zona se está transformando debido a la masificación turística y la falta de oferta de viviendas asequibles para la población local que ejerce su actividad laboral relacionada con el turismo.
El concepto es una creación reciente y tiene su origen en la isla de Ibiza, primer lugar en España donde se empezó a producir el fenómeno del que tomó su nombre.
En este contexto, los alquileres han aumentado un 48% en el último año, y muchos trabajadores se ven obligados a vivir en condiciones precarias, como por ejemplo en una caravana o en un automóvil.
La situación es desafiante, ya que el mercado de alquiler es escaso, y los precios superan con creces los mil euros al mes. La ibización ha llevado a desahucios silenciosos, y muchas personas se ven forzadas a abandonar el valle debido a los altos costos de vivienda.
En resumen, la ibización es un término que refleja la difícil situación de vivienda en el Pirineo catalán, donde la masificación turística ha tenido un impacto significativo en la vida de los habitantes locales.
24/3/24
Viacrucis
Estamos en Semana Santa y en España se van a representar los viacrucis durante esta semana por todo el territorio.
El viacrucis es una de las devociones o prácticas de oración más extendidas entre los católicos. Se realiza el Viernes Santo y los viernes de la Cuaresma y representa los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde su captura hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección.
El camino se representa con una serie de catorce imágenes de la Pasión, denominadas estaciones, correspondientes a incidentes particulares que, según la tradición católica, Jesús sufrió por la salvación de la humanidad basados en los relatos evangélicos y la tradición.
También se llama viacrucis al recorrido de cruces que señalan un camino o una ruta donde se puede realizar este ejercicio piadoso.
La expresión se usa también comúnmente para expresar todo tipo de dificultades que se presentan en la vida cuando se quieren alcanzar ciertos objetivos.
Formas análogas de esta expresión y como alternativas tenemos el calvario, el suplicio o el martirio.
15/3/24
Revelación de secretos
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desveló el pasado martes en los pasillos del Congreso de los Diputados información del expediente tributario de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Lo hizo aduciendo que se había enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública» y con «comisiones de las mascarillas», pero cuatro horas antes de que se publicara esa información, lo que apunta a que podría tener información privilegiada y haber vulnerado el principio de confidencialidad.
El artículo 95 de la Ley General Tributaria recoge que todos los “datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria tienen carácter reservado” y sólo podrán ser utilizados para “la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”.
Es por ello por lo que Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se querellará contra la ministra María Jesús Montero por revelación de secretos.
El delito de descubrimiento y revelación de secretos engloba una serie de conductas punibles que tienen en común evitar que cierta información de la vida privada de una persona se dé a conocer sin su consentimiento.
El artículo 417 del Código Penal español ”hace referencia a las penas para la autoridad o funcionario público que revele secretos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgados”.
Según esto, la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puede incurrir en la ”pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
10/3/24
11-M
Veinte años se cumplen esta semana de está fatídica fecha que marcó un antes y un después en el país. El 11 de marzo de 2004, España sufrió uno de los atentados terroristas más graves de su historia. En las primeras horas de la mañana, una serie de bombas explotaron en cuatro trenes de cercanías en Madrid, dejando 191 muertos y más de 1,800 heridos.
Este atentado, conocido como el 11-M, cambió la política y la sociedad española. Fue perpetrado por una célula de Al Qaeda, grupo fundamentalista islámico, y marcó una de las primeras veces que el terrorismo islamista llegaba a Europa.
El atentado ocurrió tres días antes de las elecciones generales en España. La respuesta del gobierno y la gestión de la crisis se convirtieron en temas centrales en la campaña electoral. El partido en el poder en ese momento, el Partido Popular, fue criticado por su manejo de la situación y como consecuencia, el gobierno cambió de manos. El gobierno de J.M. Aznar se había unido a la coalición liderada por Estados Unidos en la Guerra de Irak, a pesar de la oposición popular. Muchos españoles vieron esta decisión como una respuesta al atentado.
El pueblo español demostró una gran solidaridad y unidad. Hubo manifestaciones masivas en todo el país para condenar el terrorismo y apoyar a las víctimas. Se creó un fuerte sentimiento de comunidad y resistencia. El 11-M sigue siendo recordado y conmemorado en España cada año. En resumen, el 11-M dejó una marca indeleble en la historia de España, afectando a nivel político, social y emocional. Es un recordatorio constante de la importancia de la paz y la unidad frente al terrorismo.
2/3/24
Grupo Mixto
Esta semana, una sombra de dudas ha caído sobre José Luis Ábalos, diputado y exministro de Transportes del primer gobierno de Pedro Sánchez. Se sospecha que se habría visto beneficiado de unas presuntas comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia del COVID19.
Abalos, que no entregó su acta de diputado en el Congreso cuando fue requerido por el partido, ha sido suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE, con lo que ha sido desplazado al Grupo parlamentario Mixto, donde dejará de estar bajo la disciplina de su partido.
En el parlamento de España, se denomina Grupo Mixto a un grupo parlamentario formado por todos los diputados que no cumplen los requisitos esenciales para formar un grupo parlamentario propio, según se recoge en el reglamento interno del parlamento.
Muchas de las iniciativas y discusiones parlamentarias se tramitan a través de los grupos parlamentarios, por lo que tiene mucha importancia la capacidad o no de una formación de formar un grupo parlamentario propio. El Grupo Mixto asume la capacidad de esos diputados minoritarios para canalizar sus iniciativas. A pesar de las limitaciones, en general el Grupo Mixto disfruta las mismas posibilidades de intervención en las labores de la Cámara que los otros grupos parlamentarios.
Actualmente, el Grupo Mixto está formado por ocho diputados de los 350 que tiene el Congreso.
24/2/24
Mordida
El Caso Koldo ha sido objeto de atención en España esta semana. Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, fue detenido en relación con supuestas mordidas en la compra de mascarillas durante la epidemia de COVID-19. El montante de estas transacciones supera los 50 millones de euros.
La investigación de la llamada Operación Delorme, dirigida por la Audiencia Nacional y en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas. Se les acusa de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Los contratos bajo sospecha involucran material destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
Es importante destacar que este caso ha generado interés y ha afectado a varios políticos y funcionarios públicos en España. La investigación sigue en curso, y se espera que se aclaren más detalles en el futuro.
La mordida o también conocida como cohecho, coima o soborno, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en el ofrecimiento de una dádiva a una autoridad o funcionario público a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Es decir, se trata de dar dinero o beneficios indebidos para influir en el comportamiento de una persona en una posición de poder.
En el contexto público, el cohecho puede ser simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función, o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo.
15/2/24
Narcolancha
Las comúnmente llamadas “narcolanchas” son embarcaciones semirrígidas, en su mayoría, de entre 12 y 16 metros de eslora, propulsadas hasta con cinco motores de 200 caballos de potencia cada uno, avitualladas con numerosos bidones de combustible o incluso se les realizan modificaciones en el casco para albergar mayores depósitos de gasolina de hasta 5.000 litros.
Aprovechando las características de la propia embarcación realizan los viajes de transporte ilegal, generalmente droga, en poco tiempo alcanzando velocidades de hasta 60 nudos (unos 111 kilómetros por hora) y desembarcan en cualquier costa de fácil acceso, en ocasiones a plena luz del día y delante de los bañistas y turistas que están en la playa convirtiéndolos en espectadores involuntarios.
Estas embarcaciones forman parte de una compleja red de operaciones de tráfico de drogas y representan un desafío para las autoridades en la lucha contra el narcotráfico. Por todo ello están prohibidas en España desde el año 2018. Pero los traficantes las adquieren en otros países, como Portugal.
Esta semana se ha hablado mucho de ellas debido al arrollamiento, durante la persecución de una de estas lanchas, a dos guardias civiles que realizaban labores de vigilancia en una embarcación más pequeña y menos potente. Este hecho ha generado conmoción en la sociedad porque ha quedado patente la superioridad de estos criminales en cuanto a los medios de los que disponen frente a aquellos que manejan las fuerzas de seguridad del Estado.
8/2/24
Tractorada
Esta semana como en otros países europeos, las protestas del sector primario han ocupado las páginas de todos los medios informativos. Los agricultores han usado sus vehículos para intentar colapsar las principales vías de acceso a las grandes ciudades españolas a modo de protesta.
Son las llamadas tractoradas y pretenden llamar la atención del gobierno acerca de la mala situación económica que está padeciendo el sector agrícola.
Una excesiva regulación y burocracia por las políticas comunitarias, restricción en el uso de pesticidas y un aumento de los costes de producción que no repercute en un aumento de los beneficios, entre otras cosas, están provocando que el sector agrario se lance a las carreteras sin nada que perder.
Las protestas se tornan cada vez más extremas y nada parece calmar la furia de un grupo cada vez más cohesionado y alimentado por bulos y conspiraciones de la extrema derecha en las redes sociales.
2/2/24
Fachosfera
El término fachosfera ha llegado este martes al Congreso de los Diputados. Esta palabra apareció hace ya cinco años en un informe de la Asamblea Nacional Francesa sobre las organizaciones de extrema derecha. Y antes, dos periodistas franceses publicaron un ensayo de título ‘Fachosphère’. Sus autores lo definieron como “la extrema derecha en internet”, como referencia a toda la galaxia de blogs, páginas, cuentas o canales que buscan imponer su verdad.
A día de hoy es un término muy recurrente en tertulias de medios galos y en Estados Unidos se ha usado para hacer referencia a movimientos como el que acabó con el asalto al Capitolio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de fachosfera el domingo pasado, en una entrevista con el diario La Vanguardia. Denunció la existencia de una ‘fachosfera’ que se dedica a “polarizar, insultar y generar una desconfianza con un fin claro”. Después se replicó este martes en el Congreso de los Diputados, donde las miradas están puestas en la Ley de Amnistía. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también la verbalizó. Preguntó “en qué punto de la fachosfera estaba Sánchez” cuando aseguraba que la amnistía era inconstitucional y que la violencia contra los policías era “intolerable”. Aunque siendo escrupulosos ni Feijóo ni Sánchez han sido los primeros en rescatar este término. El primero en utilizarlo, a principios de enero, fue el ministro de transportes Oscar Puente. “Regalarle tanto espacio a los castigados sin postre de Ciudadanos y otros tránsfugas, esperando que le puedan quitar algún voto al PSOE, es la muestra más evidente de la desesperación en la que vive la fachosfera”, expresó.
25/1/24
EBAU
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que, a partir de 2025, las 11 comunidades autónomas que están gobernadas por su formación llevarán una EBAU “común”. Se trata de una equiparación de los contenidos, los criterios de corrección y la fecha de celebración de los exámenes de Selectividad.
La EBAU, acrónimo de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, hace referencia a la actual prueba de acceso que debe realizar el alumnado que quiera ingresar en la universidad.
El líder popular pretende “garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de todos los alumnos con independencia del lugar en que realicen la prueba, de acuerdo con las competencias que la Constitución española atribuye al Estado”. Y ha criticado que “tras la llegada de Pedro Sánchez esta prueba ha sido devaluada considerablemente”.
Al ser la Educación una competencia que le corresponde a las Comunidades Autónomas, los contenidos, criterios de evaluación, fechas de celebración de estas pruebas, son diferentes en los distintos lugares de España. Aunque la nota numérica resultado de esta evaluación sí que es válida para cualquier universidad en el territorio español. Es evidente que hay desajustes y desigualdades que el Partido Popular pretende resolver así.
En la práctica, expertos, estudiantes y miembros de otras fuerzas políticas se han pronunciado en contra de esta medida por la imposibilidad de ejecutarla. Una de las razones es que en cada comunidad se estudian unos contenidos adaptados, que serían imposibles de homogeneizar (por ejemplo las autonomías que tienen lengua propia y que forma parte del currículo de estudio.
18/1/24
Personas con discapacidad
El Congreso de los Diputados debate y vota esta semana la reforma de la Constitución para eliminar el término “disminuido” en relación con las personas con discapacidad. Para ello, al tratarse de una modificación constitucional, se exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace imprescindible los votos a favor del PP y del PSOE (que suman 257), y que los tiene asegurados.
El PP y el PSOE han propuesto emprender la tercera reforma de la Constitución vigente. El texto constitucional fue redactado en 1978, cuando aún no había una cierta sensibilización respecto a los colectivos más minoritarios. Prueba de ello son algunas crónicas de la época que se referían a las personas con discapacidad como “subnormales”. Pero el tiempo pasa, y la concienciación va ganando terreno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordaron el pasado 22 de diciembre suprimir la palabra “disminuido” de la Constitución en el marco de sus negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. Este pacto se materializaría en la presente modificación constitucional: “Resulta patente que la redacción original del artículo 49 (…) precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido”, indica su exposición de motivos.
11/1/24
Vertido de pellets
Esta semana en España se empieza a hablar (por fin) del vertido accidental de pellets de plástico, de unos 4 o 5 mm de diámetro y 20 mg de peso, y que se utilizan como materia prima para fabricar diversos productos, como bolsas o envases. El vertido está cubriendo poco a poco la arena de las playas del norte de España. Hasta ahora los responsables políticos habían restado importancia al suceso.
Ha pasado más de un mes desde que el oleaje atlántico volcó al mar un contenedor con millones de microbolas de plástico que se han extendido rápidamente por toda la costa norte española. Los pellets han llegado a Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi.
Los microplásticos que cayeron de un buque a 80 kilómetros de la costa portuguesa el pasado 8 de diciembre se han extendido por cuatro comunidades y han puesto en alerta a los gobiernos de todos los niveles.
El 13 de diciembre una persona encuentra los primeros pellets en una playa de Vilar en Ribeira (A Coruña). Están en unos sacos de rafia y también hay bolas sueltas. A partir de ese momento comienzan a aparecer estos pellets en diferentes playas del litoral gallego.
Pero no es hasta el día 5 de enero que el Gobierno regional de la Xunta de Galicia activa el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental por el vertido de millones de pequeñas bolas de plástico.
Desde entonces surge el cruce de acusaciones sobre incapacidad y pasividad entre distintas administraciones de los gobiernos regional y nacional (de diferente color político) precisamente en el momento en que Galicia se encuentra en periodo de campaña electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas del 14 febrero.
Mientras tanto, ciudadanos voluntarios de la región organizados autónomamente van cada día a las playas para recoger a mano los residuos con herramientas caseras.
4/1/24
Piñata
El año comienza fuerte en cuanto a polémicas en el mundo de la política. Esta semana se ha hablado de la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, representada en una piñata frente a la sede de su partido en el contexto de las manifestaciones celebradas contra su proyecto político de una ley de amnistia.
Una piñata es una olla de barro o de cartón, o una estructura de alambre cubierta de papel maché, adornada de papel de colores y usualmente con 7 picos, que en su interior contiene frutas, dulces u otros premios. Las piñatas se cuelgan de una cuerda a lo alto para ser rota con un palo o garrote por una persona, y que al romperse libera su contenido sobre los participantes en el juego.
Las piñatas constituyen un elemento central de los cumpleaños y otros eventos festivos de celebración como la Navidad.
La última noche del año, varios de los asistentes a las protestas frente a la sede del partido socialista, colgaron un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. En diversos vídeos difundidos en redes sociales se puede escuchar insultos contra el Gobierno y gritos de “¡Dale!” o “Hay que acabar así con él” y ver cómo le propinaban golpes.
Tras estos hechos, varios ministros socialistas se han pronunciado para mostrar su profundo rechazo ante lo sucedido. “Ya no solo asedian nuestra sede, ahora también simulan el apaleamiento del presidente del Gobierno de España. Basta de odio. Basta de energúmenos”, ha expresado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
8/12/23
Puente de la Constitución
No, no estamos hablando de una construcción de ingeniería civil conmemorativa.
Hablamos de la encadenación de una serie de días festivos para formar una pequeña pero agradecida agrupación de días de descanso laboral al principio de este mes.
A lo largo de esta semana se celebra en España el conocido como puente de la Constitución o puente de diciembre, ya que se juntan en el calendario laboral 2023 dos festivos entre semana: el miércoles 6 de diciembre y el viernes 8 de diciembre.
De este modo, son muchos los trabajadores que optan por coger como día libre el jueves 7 de diciembre, de tal modo que se concatena un largo puente de cinco días, contando con el fin de semana.
El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución Española al ser el día que se ratificó en referéndum por la sociedad española la Carta Magna del año 1978.
Por otro lado, el viernes 8 de diciembre, también tiene lugar otra de las llamadas festividades nacionales no sustituibles, por lo que se aplica al calendario laboral de toda España. Se trata de la fiesta de la Inmaculada Concepción.
El Día de la Inmaculada Concepción constituye una festividad de origen religioso, que conmemora la concepción de la Virgen María.
3/12/23
Verificador
Esta semana se habla en España del verificador que estará presente en las negociaciones entre el partido independentista catalán (Junts) y el PSOE, en el contexto del acuerdo de investidura que firmaron los dos partidos y que fue necesario para que Sánchez se convirtiera de nuevo en el jefe de Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la figura del verificador para salvar la “extraordinaria desconfianza” que hay entre el PSOE y los partidos independentistas.
PSOE y Junts mantienen el secretismo sobre su primera reunión tras la investidura de Sánchez que celebrarán en Suiza con un verificador internacional.
La función del verificador es la de constatar que todo lo hablado y acordado se vaya cumpliendo de ahí en adelante.
Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), estos verificadores internacionales -que pueden ser personas u organizaciones- se encargan de realizar “pronunciamientos e informes públicos en relación a los avances que se registren en la implementación y a los puntos de discusión y controversia sobre los que podrán hacer recomendaciones de solución”.
La organización que se encargará de esta verificación es el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant que es una fundación de diplomacia privada con sede en Ginebra. El centro Henri Dunant fue el organismo encargado de certificar el 3 de mayo de 2018 la disolución de ETA a las 14.00 horas. Su director, David Harland lo comunicó a los gobiernos español y francés destacando que el 93 % de la banda había votado a favor de su disolución.
24/11/23
Consejo de Ministros
Tras la toma de posesión de Pedro Sanchez como presidente del Gobierno, esta semana ha sido el turno de conformar el nuevo Consejo de Ministros y celebrar la primera reunión del Gobierno al completo.
El Consejo de Ministros es el principal órgano colegiado de decisión del Gobierno de España, formado por el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y los ministros.
El nuevo Gobierno tendrá 17 titulares de cartera del PSOE y cinco de la formación política con la que forma coalición, Sumar, incluida la propia Yolanda Díaz, que mantendrá el rango de vicepresidenta segunda.
En total, habrá cuatro vicepresidentas: además de la número 1 de Sumar, repiten Nadia Calviño y Teresa Ribera y se une María Jesús Montero.
Trece miembros repiten en esta nueva configuración, nueve llegan por primera vez y ocho abandonan el órgano.
Sánchez ha asegurado que el nuevo Ejecutivo de coalición emprende su nueva etapa con “más determinación, ganas y entusiasmo que nunca” y lo ha definido como “de alto perfil político, para una legislatura de alto perfil político” y en la que tratará de “dotar de estabilidad al país”.
Habitualmente, el Gobierno, se reúne una vez por semana, los martes laborables a las 10:00 horas en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.. Además, con carácter extraordinario, pueden celebrarse a cualquier día y hora cuantas reuniones del Consejo de Ministros sean oportunas, tanto en el Palacio de la Moncloa como en cualquier otra parte del territorio nacional. También puede ser presidido por el rey de España, a petición del presidente del Gobierno, en cuyo caso el Consejo informa al rey sobre los asuntos de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución.
18/11/23
Investidura de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez ha sido investido como presidente del Gobierno este jueves, 16 de noviembre, con una mayoría absoluta que ya tenía asegurada gracias a los diferentes pactos con siete formaciones políticas. El Congreso de los Diputados ha respaldado la propuesta del socialista con 179 votos a favor frente a los 171 en contra de PP, Vox y UPN.
Tras la sesión de investidura, Sánchez prometió su cargo como presidente del Ejecutivo en el Palacio de la Zarzuela (Madrid) ante el rey Felipe VI y las demás autoridades del Estado. Queda solo conformar un gabinete de ministros cuyos nombres conoceremos en los próximos días.
PP, Vox y UPN han votado en contra de la investidura de Sánchez, que no ganó las elecciones del 23J, pero ha sido capaz de fraguar una difícil mayoría parlamentaria pactando con los independentistas una ley de amnistía que ha sido el centro de toda la negociación, de este pleno de investidura y apunta a ser tema clave en la legislatura que arranca, por lo menos de inicio.
Todo apunta a una legislatura conflictiva, bronca, muy dividida y con una fuerte polarización con los dos principales partidos, PSOE y PP, que parecen condenados a no entenderse.
11/11/23
Protestas en Ferraz
Esta semana en España (y en medio mundo) se habla de las protestas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, por el reciente acuerdo con el partido Junts, que dirige Carles Puigdemont, para el apoyo a la investidura del socialista.
En este pacto el PSOE, a cambio de recibir el apoyo en la investidura, prometió iniciar la tramitación de una Ley de Amnistía que libere de toda responsabilidad política y penal a todos aquellos que tienen causas pendientes con la justicia en relación al desafío independentista de lo que se vino a llamar el “procés” catalán desde 2012 hasta el presente.
Las protestas se vienen sucediendo cada noche desde el pasado 2 de noviembre en la calle Ferraz de Madrid, donde se encuentra la sede nacional del Partido Socialista, donde se profieren cánticos y proclamas contra Pedro Sanchez y su partido, se producen actos vandálicos contra el espacio público y se arrojan todo tipo de objetos contra la policía que defiende la integridad de la sede del partido, que por metonimia, se conoce popularmente como Ferraz, al estar allí ubicada.
2/11/23
Juramento de la princesa de Asturias
Esta semana se ha hablado en España del juramento de la Constitución española de la princesa Leonor, el día en que cumplía 18 años, la mayoría de edad en España, hecho que la legitima como heredera a la corona española o lo que es lo mismo, futura reina y jefa de Estado.
Leonor de Borbón pronunció el juramento de acatamiento de la Constitución ante su padre Felipe VI, en un acto solemne ante las Cortes Generales, el Parlamento español.
Con este juramento, Leonor de Borbón está legitimada para suplir a su padre en caso de fallecimiento, abdicación o incapacidad, sin necesidad de que haya una regencia.
La heredera del trono, y que como tal ostenta el título de princesa de Asturias, estuvo acompañada de sus padres, Felipe VI y la reina Letizia, y de su hermana, la infanta Sofía.
Después de prestar juramento, la princesa de Asturias recibió en el Palacio Real el collar de la Orden de Carlos III. En este acto intervino el presidente del Gobierno, como gran canciller de la Orden. Tras la entrega de la más alta distinción civil española, tuvo lugar un almuerzo al que acudieron los más altos representantes del Estado
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, calificó el acto de “histórico” y definió a la princesa como “digna representante de este país moderno y abierto al mundo, una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación“.
Antes de la jura, la familia real fue recibida por el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, para escuchar el himno nacional, tras lo que el rey, como jefe de Estado, pasó revista a un batallón de honores de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil española.
26/10/23
Acuerdo de Gobierno de coalición
Esta semana se habla en España de la firma del acuerdo de Gobierno de coalición entre la formación política del actual presidente del Gobierno y segunda fuerza parlamentaria, PSOE y la cuarta fuerza, Sumar.
Tras meses de negociaciones, el PSOE y Sumar han cerrado esta semana un acuerdo para formar un Gobierno de coalición progresista en caso de que el actual presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, consiga los votos necesarios en la investidura para renovar su cargo. El acuerdo entre ambos partidos incluye medidas como la reducción de la jornada laboral, una de las principales propuestas de la agrupación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz.
El pacto alcanzado entre los partidos permitirá al país, según aseguran en el comunicado de ambas formaciones, “seguir creciendo de manera sostenible y con empleo de calidad, desarrollando políticas basadas en la justicia social y climática, y ampliando derechos, conquistas feministas y libertades”.
19/10/23
Volcado de mercancía en la frontera
Esta semana en España se ha vivido un fenómeno que no es nuevo.
Decenas de agricultores franceses bloquearon el paso fronterizo de Le Boulou para detener a los camioneros españoles que transportaban productos agrícolas. Además los viticultores franceses saquearon camiones españoles lanzando el producto sobre el asfalto para destruir la mercancía transportada.
Los agricultores franceses cortaron la frontera para protestar contra lo que consideran una competencia desleal debido a que los precios del vino producido en España son más bajos. Los sindicatos agrarios galos involucrados en el boicot han pedido que se detengan las importaciones españolas, ya que estarían, según su visión, hundiendo a muchas explotaciones del sur de Francia.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha denunciado los ataques producidos en la frontera francesa contra camiones que importaban productos españoles. La circulación de la AP-7 ha sido cortada en sentido norte debido a estos hechos.
El gobierno español ha condenado estos ataques y ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas para evitar que se repitan y ha pedido a las autoridades francesas que se restablezca la normalidad y no se reproduzcan estos incidentes.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez, ha apelado al diálogo y al entendimiento para buscar acuerdos tras los ataques a camiones con productos españoles en la frontera francesa.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha condenado los ataques producidos en la frontera francesa contra camiones que importaban productos españoles, al considerar que “atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea (UE) y que perjudican los intereses de los afectados”.
12/10/23
Cruzar la Raya
Esta semana se repite mucho la expresión “cruzar la Raya”. La Raya es la denominación coloquial (y regional de los pueblos fronterizos que separan Portugal y España) para hacer referencia a la frontera entre estos países.
En el contexto de la subida de precios debido a la inflación a la que están sometidos los productos de alimentación, higiene y combustibles, cruzar esa raya, se ha convertido en algo habitual con el objetivo de encontrar los mejores precios a uno o a otro lado de la frontera.
Portugueses que vienen a España en busca de combustibles y españoles que viajan a Portugal buscando aceite de oliva más barato que en los supermercados españoles.
Desde la entrada de ambos países en el espacio Schengen, en 1995, el tránsito de ciudadanos entre las dos zonas ha sido siempre fluido, pero en el contexto de crisis de precios actual parece que este tránsito se hace cada vez más regular.
No confundir esta expresión con otra muy parecida y de significado diferente, pasarse de la raya, que indica que se traspasa algún límite.
5/10/23
Cumbre europea en Granada
Esta semana se habla en España de la cita que tienen la casi totalidad de altos mandatarios europeos en Granada. La ciudad andaluza acoge este jueves 5 y viernes 6 de octubre una cumbre que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno europeos y que el Ejecutivo español en funciones espera que ayuden a trazar las líneas maestras de lo que se espera que sea el continente en 2030.
Granada está siendo la sede de un Consejo Europeo extraordinario, y además lo es también de la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 líderes de las naciones de la Unión Europea y a los de otros 17 países europeos que no forman parte del club comunitario.
El día 5 de octubre se pone en marcha la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, una iniciativa que lanzó el presidente francés, Emmanuel Macron, en mayo de 2022 para buscar acuerdos de cooperación con Estados que han decidido permanecer al margen del bloque comunitario, como Reino Unido, Noruega o Suiza, así como con los que aspiran a entrar al club, como Moldavia, los países de los Balcanes y Ucrania.
El presidente del Consejo Europeo ya adelantó que la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en la capital granadina será el “punto de partida” para iniciar los debates sobre la ampliación de la UE en 2030. La Comisión Europea debe presentar en octubre los informes sobre los progresos que han realizado todos los países candidatos, incluidos Moldavia, las naciones de los Balcanes Occidentales y Ucrania.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo será otro de los asuntos sobre la mesa, una vez que los Veintisiete han desbloqueado el último escollo de la reforma migratoria europea.
La ciudad andaluza se ha blindado para garantizar la seguridad de estas reuniones y algunos monumentos estarán cerrados, como el Palacio de la Alhambra, donde los jefes de Estado y de Gobierno se harán la foto de familia. Además, compartirán una cena de gala y disfrutarán de un concierto en el monumento nazarí.
28/9/23
Investidura fallida
Esta semana se ha celebrado el debate y la votación para la hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno de España.
El resultado ha sido desfavorable a una investidura por no haber alcanzado la mayoría absoluta en primera votación ni una mayoría simple en segunda votación. El candidato del Partido Popular no ha conseguido reunir los apoyos suficientes para alcanzar los 176 votos que dan la mayoría en la cámara.
Es turno ahora de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno en funciones, para presentarse como candidato alternativo.
Sánchez sí que parece reunir los apoyos suficientes para alcanzar esa mayoría, pero nada es seguro aun. De no superar su examen nos encontramos en el escenario de la repetición electoral, que muy probablemente se llevará a cabo en enero del año próximo.
El candidato socialista ha generado mucha polémica porque una de las condiciones que ponen los independentistas, necesarios para darle la investidura a Sánchez, es la tramitación urgente de una ley de amnistía para todo lo relacionado con el asunto del proceso independentista en Cataluña. El partido del gobierno se ha mostrado favorable a esa amnistía y la oposición política ha reprochado esta cesión, considerada un ataque a la Constitución y al Estado.
21/9/23
Pinganillo
Esta semana, la palabra pinganillo se ha convertido en la protagonista absoluta de la vida política por lo que simboliza.
Esto tiene que ver con que, a partir de ahora, los diputados del parlamento español empezarán a usarlos cuando el orador utilice una de las lenguas reconocidas actualmente por la cámara diferentes al castellano y esté siendo interpretado.
El pinganillo, según el diccionario, es un auricular inalámbrico poco visible, pero en el uso común se extiende a cualquier aparato que transmite la voz de alguien que da instrucciones desde otro lugar. Por ejemplo, los guardaespaldas, presentadores de televisión o artistas sobre un escenario.
Precisamente en su primer día de uso ya entrañó una polémica. Los diputados del grupo parlamentario VOX, en acto de protesta por esta nueva política lingüística que favorece las lenguas minoritarias, salieron de la sesión, interrumpiendo al diputado socialista Gomez Besteiro que estaba utilizando el gallego en su intervención. A medida que abandonaban el hemiciclo fueron dejando los aparatos receptores de traducción simultánea sobre el asiento del presidente Pedro Sánchez, que estaba ausente en ese momento.
Según manifestó después Santiago Abascal, líder del partido, las políticas del presidente Pedro Sánchez están llevando a España a la fractura y polarización por la imposición de unas lenguas que solo buscan dificultar el diálogo.
15/9/23
Las lenguas cooficiales llegan al Parlamento
La Mesa del Congreso de los Diputados en España ha acordado esta semana, gracias al voto de la mayoría progresista que las lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- puedan utilizarse en la cámara, a partir de la sesión plenaria del próximo martes 19 de septiembre, pleno en el que se debatirá precisamente la proposición que reforma el Reglamento para su implantación definitiva.
Las lenguas cooficiales en España son aquellas que se consideran oficiales, junto al castellano, en algunas Comunidades Autónomas históricas que tienen reconocida y protegida, por su Estatuto de Autonomía, la utilización en su ámbito territorial.
Son: el catalán, en las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares; el gallego en Galicia y el Euskera en el País Vasco.
Estas lenguas contarán, a partir del próximo martes, con interpretación simultánea.
Además de las lenguas cooficiales que requerirán traducción simultánea de varios intérpretes, los diputados que lo deseen podrán hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se “autotraduzca” utilizando el tiempo de intervención.
Sin embargo, frente a esta decisión política nos encontramos la realidad técnica de los letrados del Congreso de los Diputados que han avisado de que resulta “muy difícil” aplicar el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria “a corto plazo”, ya que la reforma del Reglamento que se plantea para esta implantación afecta al “entero funcionamiento de la Cámara”.
8/9/23
#SeAcabó
La etiqueta #SeAcabó, colocada en publicaciones de redes sociales, en pancartas y en mensajes se ha convertido en las últimas semanas en el grito de contestación del movimiento feminista frente a la actitud del presidente de la Federación española de futbol, Luis Rubiales, en relación al famoso beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso durante la celebración del campeonato mundial de futbol femenino.
Considerado el equivalente español al célebre #MeToo, que se convirtió en tendencia hace ya 6 años, manifiesta el deseo de un sector de la población de terminar con estas actitudes y actuaciones cotidianas que demuestran dominación de género. #SeAcabó plasma el hartazgo de las mujeres frente a la violencia, la desigualdad, la impunidad de quienes la ejercen y de quienes las permiten y las sostienen.
Además se da la casualidad de que el jueves 7 de septiembre falleció a los 73 años la cantante María Jiménez, que hizo célebre su canción Se acabó, publicada hace 45 años y que desde un contexto muy diferente fue considerada un canto al feminismo de la época posfranquista.
1/9/23
Amnistía
“Una amnistía para todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas sancionables administrativamente, realizados desde el 1 de enero de 2013.” Esa fue la reclamación que en 2021 los partidos independentistas en Cataluña exigieron al gobierno a cambio de mantener su apoyo parlamentario.
Una petición que ha vuelto a estar en el centro de la actualidad política porque Carles Puigdemont, líder de Junts, ha exigido poner la amnistía sobre la mesa para negociar su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura a presidente del gobierno.
“No investiremos a ningún presidente del Estado español que no aborde la solución del conflicto político con Cataluña, esto pasa por abordar la amnistía y la autodeterminación”. Así de tajante se muestran desde el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts) que, junto con Esquerra Republicana (ERC), exigen una nueva ley de amnistía en España.
La amnistía es una herramienta jurídica que supone un acto de perdón o indulgencia otorgado por una autoridad, generalmente un gobierno, que implica el perdón y la renuncia a castigar a todas aquellas personas que han cometido ciertos delitos o faltas en el pasado. Implica un olvido de los actos delictivos y por tanto Puigdemont quedaría exento de pasar por el proceso judicial que todavía tiene pendiente en España.
Un amplio debate está abierto actualmente respecto a las posibilidades reales que otorga el ordenamiento jurídico español para esta medida. Algunos expertos juristas afirman que la amnistía es contraria al régimen legal que ofrece la Constitución española. Otros, en cambio, manifiestan que la Constitución no menciona nada sobre amnistía. Eso implica que no se prohíbe explícitamente y, por tanto, es posible llevarla a cabo.
De cualquier manera no parece que este asunto vaya a resolverse de inmediato, como así lo exigen las circunstancias.
27/8/23
El beso de Rubiales
El asunto del que se ha hablado más esta semana en España se refiere al beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de medallas posterior a la consecución del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.
La acción ha generado polémica y críticas desde diferentes estamentos sociales y políticos.
Ha sido considerado inapropiado y muchos incluso lo calificaron como violencia sexual.El presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que “lo que vimos fue un gesto inaceptable” y ha pedido la dimisión de Rubiales. La propia jugadora Jenni Hermoso admitió que el beso no le había gustado.
Rubiales, que en un primer momento emitió un comunicado disculpándose, ha justificado su polémico beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial de fútbol femenino diciendo que fue espontáneo, mutuo y consentido.
La Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) y la agencia de representación de Jennifer Hermoso han pedido medidas ejemplares contra Rubiales. La Fiscalía General del Estado ha recibido ya tres denuncias contra Rubiales por el beso en la boca que dio a la jugadora. La FIFA ha abierto un expediente disciplinario a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso. Además, el Consejo Superior de Deportes (CSD) elevará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias contra el mandatario.
El protagonista, Luis Rubiales, que a pesar de todas las críticas se resiste a dimitir de su cargo reprocha al “falso feminismo” un ataque hacía él: “El falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un momento mutuo y consentido, no fue sin consentimiento. Fue consentido“, ha dicho.
Por su parte, Jennifer Hermoso niega estas afirmaciones y se considera víctima de una agresión y de recibir presiones por parte de la RFEF.
La FIFA ha determinado finalmente suspender cautelarmente a Luis Rubiales como presidente de la Federación de fútbol española por 90 días, periodo en el cual se espera que quede aclarado el asunto.
17/8/23
La Mesa del Congreso
Con la constitución de las Cortes de este pasado jueves con motivo de las elecciones generales del 23 de julio, lo primero que han hecho los nuevos parlamentarios ha sido elegir al presidente de la Cámara y luego al resto de miembros de la Mesa, el órgano supremo de gobierno y la institución del Parlamento. El control de este órgano es especialmente relevante debido a que el resultado del 23J no arrojó una mayoría clara.
El Reglamento del Congreso establece que “la Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada de ésta en los actos a que asista”. Entre sus funciones está la de “adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara” o elaborar el proyecto de Presupuesto del Congreso de los Diputados, dirigir y controlar su ejecución y presentar ante el Pleno de la Cámara, al final de cada ejercicio, un informe acerca de su cumplimiento“.
También corresponde a la Mesa “calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos” y “decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria”. El órgano rector “programa las líneas generales de actuación de la Cámara, fija el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones para cada período de sesiones y coordina los trabajos de sus distintos órganos, todo ello previa audiencia de la Junta de Portavoces”.
En cuanto al presidente, el texto señala que “ostenta la representación de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir “. Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”, añade el Reglamento.
La diputada socialista Francina Armengol ha sido elegida por mayoría de 178 votos la nueva Presidenta del Congreso y deja ver que el partido de Pedro Sanchez toma ventaja de cara a una hipotética investidura a la Presidencia del Gobierno, ya que ha conseguido más apoyos que su adversario y partido más votado en las elecciones, el Partido Popular cuya candidata, Cuca Gamarra, solo ha podido obtener 139 votos.
11/8/23
golpe de calor
Las elevadas temperaturas registradas en España estos últimos días debido a la ola de calor, ha puesto en alerta a varias regiones por el riesgo extremo para la salud de las personas.
Este mismo viernes murió en Córdoba un trabajador del campo por un golpe de calor mientras realizaba labores de vendimia. Precisamente la región estaba en alerta roja por calor desde ese mismo día a las 13h.
La vicepresidenta segunda y ministra en funciones de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que Inspección “ya está actuando” para averiguar lo ocurrido y ha demandado adaptar el trabajo a las altas temperaturas.
Díaz ha exigido “garantizar la salud y seguridad de los trabajadores” y adaptar el trabajo a las altas temperaturas, debido a que el fallecido se encontraba realizando labores de vendimia en una jornada con temperaturas máximas previstas de 44 grados centígrados.
En este sentido, la ministra aseguró hace algunos meses que se estaba estudiando la posibilidad de prohibir el trabajo al aire libre en episodios de calor extremo como esta semana. El adelanto electoral dejó esta propuesta en el aire.
Este verano, otros tres hombres fallecieron mientras realizaban labores agrícolas a causa de un ‘golpe de calor’ en Mazarrón (Murcia), Aznalcóllar (Sevilla) y Cinco Casas (Ciudad Real).
Los expertos recuerdan que la exposición al calor puede causar efectos de distinta gravedad, desde erupciones en la piel a calambres, deshidratación o un golpe de calor, episodio en el que la temperatura corporal supera los 40,6 grados, y recomiendan evitar las horas centrales del día y mantenerse hidratado.
4/8/23
modelo de financiación autonómica
Estos días se habla en España del modelo de financiación autonómica.
El planteamiento de que el Gobierno central asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña a cambio de un posible apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez ha generado polémica en la política española.
La ministra de Hacienda en funciones y ‘número dos’ del PSOE, María Jesús Montero, reconoció este lunes que existía la posibilidad de que algunos grupos independentistas pudieran plantear esta cuestión en la negociación, aunque veía “precipitado” hablar en este momento de este escenario.
“Es ahora mismo anticiparse a un debate que todavía no está encima de la mesa”, añadió María Jesús Montero sobre esta cuestión, que apostó a su vez por reformar el sistema de financiación autonómica en la siguiente legislatura.
En este contexto, varios Ejecutivos autonómicos alzaron este martes la voz contra la idea de condonar parte de la deuda a Cataluña, entre ellos el presidente en funciones de Aragón, el socialista Javier Lambán, que cree que el Gobierno debe asumir una quita de esta deuda autonómica “sin más agravios entre comunidades”.
La Xunta de Galicia ha mostrado inquietud porque el Gobierno pueda llevar a cabo esta posible condonación de deuda, lo que considera que sería una medida “inequitativa”
En el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pide que no se perdone la deuda de Cataluña y critica que el jefe del Ejecutivo en funciones está “dispuesto a cualquier mecanismo para seguir en La Moncloa”.
Lo que es cierto es que el modelo de financiación autonómica tiene pendiente una reforma desde hace catorce años (debería revisarse cada cinco) y este parece ser el momento ideal para consensuar una renovación (cosa difícil) aprovechando las negociaciones de cara a la investidura de un futuro gobierno tras las elecciones del pasado 23 de julio.
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27/7/2023
Gobierno en funciones
Tras las elecciones generales (legislativas) celebradas el pasado domingo 21 de julio, el Gobierno actual de Pedro Sánchez en España pasa a estar “en funciones” al haberse extinguido su mandato. Esto significa que hasta que no se forme un nuevo Ejecutivo elegido en el parlamento, el Gobierno cesante tendrá una serie de cometidos y de limitaciones que vienen recogidas en la ley del Gobierno.
De esta manera, los cometidos de un gabinete en situación de interinidad son los siguientes:
* Facilitar el desarrollo del proceso de formación de un nuevo Gobierno, así como traspasar los poderes a este.
* Limitar su gestión al “despacho ordinario de los asuntos públicos”.
* Abstenerse de adoptar otras medidas, “salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.
Y sus límites:
* Presidente en funciones. No puede disolver ninguna de las dos Cámaras estatales, plantear una cuestión de confianza ni tampoco proponer la convocatoria de un referéndum consultivo.
* Gobierno en funciones. No puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año correspondiente ni presentar proyectos de ley en el Congreso de los Diputados para que estos completen su tramitación parlamentaria.
Se habla estos días de cuánto tiempo estará el presidente Pedro Sánchez gobernando en funciones, ya que los resultados electorales han dejado al poder legislativo en una situación de bloqueo para formar gobierno. Un escenario posible sería la repetición electoral, hecho que alargaría la condición de interinidad del jefe del gobierno.
El récord en España lo ostenta, hasta ahora, Mariano Rajoy que en 2015 estuvo 314 días gobernando en funciones.
30/6/23
Presidencia española del Consejo de la UE
España asume el 1 de julio la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, de acuerdo al sistema de rotación entre los 27 países miembros.
Será la quinta Presidencia española desde su ingreso a la UE en 1986 y sucede a Suecia, que ha dirigido el Consejo de la UE en el primer semestre del año. La Presidencia de turno representa al Consejo en sus relaciones con otras instituciones de la Unión Europea, entre las que destacan la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
Durante el semestre de Presidencia, España organizará 23 reuniones informales de ministros en 21 ciudades repartidas en toda la geografía nacional, además de la Conferencia de Presidentes del Parlamento, un viaje del Colegio de Comisarios a Madrid y una reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno que tendrá lugar en Granada en octubre.
En las sedes que acogerán las reuniones que se celebrarán en España están representadas todas las comunidades autónomas en un esfuerzo por el gobierno para hacer llegar esta presidencia a todos los españoles.
La unidad europea frente a la guerra en Ucrania, la autonomía estratégica abierta, las nuevas reglas fiscales, una mayor competitividad de la UE y fortalecer las relaciones con otras regiones como América Latina y el Caribe van a estar entre los temas prioritarios de la agenda de la Presidencia.
A lo largo de los seis meses de Presidencia habrá una cumbre en Bruselas en julio entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cita que no se celebra desde hace ocho años, la reunión de la Comunidad Política Europea en Granada en octubre y otras reuniones de alto nivel con los países de los Balcanes Occidentales y de la región euromediterránea.
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22/6/23
debates electorales
Esta semana se habla de los debates cara a cara en España porque el presidente Pedro Sánchez retó al líder del PP Alberto Núñez Feijóo a celebrar seis debates (uno cada semana) de este tipo hasta las elecciones generales del 23 de julio, para que el presidente del gobierno y el líder de la oposición puedan confrontar sus ideas y proyecto político en vistas a la nueva legislatura. El PP rechazó la propuesta y ha calificado la idea de “excentricidad”.
En su lugar, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propone celebrar un debate a tres con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Los socialistas rechazaron esta propuesta porque la consideraron una provocación, mientras que Díaz respaldó la idea de un debate a tres.
Los medios de comunicación también han lanzado sus propuestas. Todos quieren un debate para su audiencia. RTVE propone tres debates: un cara a cara entre Sánchez y Feijóo el 10 de julio; uno a cuatro entre PSOE, PP, Vox y Sumar el 17 de julio con los cuatro líderes, y un debate a siete entre PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, PNV y EH Bildu el 13 de julio.
Por el momento los partidos no han confirmado nada.
15/6/23
Valle de Cuelgamuros
Un equipo de forenses comenzó a trabajar el pasado lunes en las criptas del Valle de Cuelgamuros para iniciar 128 exhumaciones pendientes de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. Algunos de sus descendientes llevan dos décadas esperando que se cumpliera su reclamación.
El mausoleo del Valle de Cuelgamuros, antes llamado Valle de los Caídos, alberga en sus diferentes criptas los restos de unos 33.000 muertos de la guerra civil española y fue un proyecto faraónico del dictador Franco. La Ley de Memoria Democrática, de 2022, pretende resignificar el monumento y resarcir a los familiares de las víctimas allí enterradas.
El pasado mes de abril se exhumaron los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y en 2019 fueron trasladados los del dictador Francisco Franco, ambos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Los trabajos arrancaron después de que el pasado viernes el abogado de víctimas del franquismo, Eduardo Ranz, presentara ante el Defensor del Pueblo una queja por el incumplimiento de nueve exhumaciones en el Valle de los Caídos, entre ellas las de los hermanos Lapeña de Calatayud, a raíz de una sentencia dictada por un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en 2016.
8/6/23
tuberculosis bovina
La tuberculosis bovina es una enfermedad muy contagiosa que puede afectar a varias especies de animales domésticos y silvestres, y también al ser humano.
Una epidemia de tuberculosis bovina en la comunidad autónoma de Castilla y León ha generado polémica en las últimas semanas por la gestión del gobierno regional (la Junta de Castilla y León) controlado por el PP y Vox, que intentó relajar las medidas de control de la enfermedad, contraviniendo la normativa nacional y europea. La intención de la Junta era ganarse la confianza y la simpatía de los ganaderos intentando evitar pérdidas económicas derivadas de la enfermedad en el sector.
El Ministerio de Agricultura recurrió la orden de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la suspendió. Esto provocó el malestar de los ganaderos, que protestaron violentamente en Salamanca e intentaron asaltar la sede de la delegación de la Junta. Esto es un nuevo episodio del choque entre los distintos niveles de administraciones dirigidos por adversarios políticos como ya sucedió en Andalucía con el Parque de Doñana durante los pasados meses.
1/6/23
adelanto electoral
Este pasado lunes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar las
elecciones tras sufrir una derrota electoral en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, donde el Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox han obtenido unos resultados históricos, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus socios (la coalición formada por Unidas Podemos) han perdido apoyos y gobiernos.
Sánchez busca con esta convocatoria movilizar a su electorado y evitar un mayor desgaste de su gobierno, que ha estado marcado por la gestión de la pandemia, las tensiones internas entre los socios de coalición y las negociaciones con los partidos independentistas.
El adelanto electoral también supone un reto para la Unión Europea, ya que España asume el 1 de julio la Presidencia del Consejo de la UE y tendrá que afrontar temas clave como la recuperación económica, el cambio climático o la migración con un gobierno en funciones.
La convocatoria electoral, que debería haber sido a finales de este año, pasará a celebrarse cinco meses antes, el 23 de julio. Se da la circunstancia de que serán las primeras elecciones generales celebradas en el mes de julio, mes reservado tradicionalmente a las vacaciones de un importante porcentaje de españoles, lo que implica que puede repercutir de forma negativa en la participación de los votantes. Un escenario inédito que vaticina un verano movido en la política española.
26/5/23
delito de odio
El racismo en el fútbol español es un problema grave que afecta a muchos jugadores, especialmente a los de origen africano o latinoamericano. Uno de los casos más recientes es el del delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, que fue víctima de insultos racistas por parte de varios aficionados del Valencia CF en el partido que se jugó el domingo pasado en el campo de Mestalla.
Este no es el primer caso de racismo que sufre Vinicius en España. Según el presidente de LaLiga (la competición responsable del campeonato de fútbol español), el organismo ha presentado ocho denuncias por este motivo, pero ninguna ha prosperado hasta ahora. La Fiscalía ha conseguido identificar a los autores de los cánticos y han sido arrestados por la policía.
La polémica llegó a las páginas de diversos medios internacionales que se hicieron eco de la historia. Incluso el presidente de Brasil, Lula da Silva, compatriota de Vinicius, se mostró enérgico contra este tipo de comportamientos y exigió contundencia para castigarlos.
El Real Madrid ha mostrado su apoyo a Vinicius y ha exigido a las autoridades que se investigue lo ocurrido como un delito de odio, que son aquellos motivados por el racismo y la xenofobia. Por su parte, el jugador ha agradecido todas las muestras de apoyo y de cariño recibidas en los últimos días.
18/5/23
las listas electorales de Bildu
Este es un asunto controvertido que genera opiniones encontradas en la sociedad y en el ámbito político. Unos argumentan que los condenados por terrorismo tienen derecho a participar en la vida pública una vez cumplidas sus penas, mientras que otros consideran que es una falta de respeto a las víctimas y una amenaza para la convivencia democrática.
El partido político Bildu defiende la creación de un Estado soberano que integre el País Vasco y Navarra, así como el derecho a decidir y la solución dialogada del conflicto vasco. Esta semana se ha generado una polémica por las listas electorales de Bildu que incluyen a 44 condenados de ETA (organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria en activo entre 1958 y 2018) en las candidaturas de la izquierda abertzale (nacionalista) para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023.
Entre ellos, había siete etarras condenados por asesinato, que finalmente renunciaron a sus puestos tras el rechazo social y político que generó su presencia. El PSOE ha sido el principal blanco de las críticas del PP y de otros partidos por no romper sus acuerdos con Bildu en Navarra y el País Vasco.
El presidente Pedro Sánchez ha defendido que hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y ha acusado al PP de cinismo y de alimentar a Vox con su estrategia.
18/5/23
las listas electorales de Bildu
El partido político Bildu defiende la creación de un Estado soberano que integre el País Vasco y Navarra, así como el derecho a decidir y la solución dialogada del conflicto vasco. La polémica por las listas de Bildu se refiere a la inclusión de 44 condenados de ETA en las candidaturas de la izquierda abertzale (nacionalista) para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023.
Entre ellos, había siete etarras condenados por asesinato, que finalmente renunciaron a sus puestos tras el rechazo social y político que generó su presencia. El PSOE ha sido el principal blanco de las críticas del PP y de otros partidos por no romper sus acuerdos con Bildu en Navarra y el País Vasco.
El presidente Pedro Sánchez ha defendido que hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y ha acusado al PP de cinismo y de alimentar a Vox con su estrategia.
Este es un asunto controvertido que genera opiniones encontradas en la sociedad y en el ámbito político. Unos argumentan que los condenados por terrorismo tienen derecho a participar en la vida pública una vez cumplidas sus penas, mientras que otros consideran que es una falta de respeto a las víctimas y una amenaza para la convivencia democrática.
11/5/23
Decreto contra la sequía
La falta de precipitaciones está afectando a los campos y los embalses españoles están disminuyendo (hasta el 40% de su capacidad). La sequía provocada por la falta de lluvias en España (los últimos seis meses prácticamente sin llover) ha empeorado la situación en el campo. La cosecha de cereales se ha visto afectada. Se considera la peor sequía en años.
El Gobierno otorgará ayudas directas a los agricultores afectados por la actual sequía, dentro del paquete que ha aprobado el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria este jueves.
La Moncloa ha precisado que la cita se ha centrado en “abordar un conjunto de medidas con el que seguir afrontando las consecuencias de la sequía en España” que incluyen exenciones en el IBI agrario.
El paquete ha sido detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por parte de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y el titular de Agricultura, Luis Planas.
Podemos ve insuficiente el decreto contra la sequía y propone un “escudo climático”, acusan a la parte socialista del Ejecutivo de “falta de ambición”, los morados plantean crear “refugios climáticos” o garantizar que residencias y colegios tengan una temperatura adecuada.
4/5/23
bandera azul
Esta semana se ha conocido el número de banderas azules conseguidas por España durante este año 2023.
Las banderas azules son un distintivo que se otorga a las playas y puertos que cumplen unos criterios de calidad ambiental, seguridad, servicios e información. Este año 2023, España ha obtenido un total de 729 banderas azules, de las cuales 627 son para playas, 97 para puertos y 5 para embarcaciones turísticas. España sigue siendo el país líder en este reconocimiento a nivel mundial, seguido de Grecia y Turquía.
La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) es la encargada de otorgar las banderas azules en España. Entre las playas que han recibido la bandera azul 2023, hay 10 que la obtienen por primera vez, como El Espigón Juan Carlos I en Huelva, Brazomar en Cantabria o Cancho del Fresno en Cáceres. La Comunidad Valenciana es la región con más banderas azules en sus playas, con 153, seguida de Andalucía con 148 y Galicia con 12.
27/4/23
ley de vivienda
La ley de vivienda en España, aprobada en el Congreso de los Diputados el 27 de abril de 2023, es la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. La ley tiene como objetivos favorecer el acceso a la vivienda a precios asequibles, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, combatir la especulación inmobiliaria y regular el mercado del alquiler.
Algunas de las medidas que incluye la ley son ampliar las zonas tensionadas donde se puede limitar el precio del alquiler según criterios de renta e ingresos, definir a los grandes tenedores como aquellos que poseen más de 10 viviendas o más o reforzar las medidas de protección frente a los desahucios y garantizar una alternativa habitacional.
Aspectos polémicos de la ley de vivienda son la gestión de la ocupación de viviendas, que dificulta y ralentiza el desalojo de los okupas o de los inquilinos morosos, y que exige a los grandes tenedores ofrecer alternativas habitacionales a las personas vulnerables o el gravamen a las viviendas vacías, que faculta a los ayuntamientos para aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas desocupadas durante más de dos años.
Estos aspectos han generado debate y críticas entre diferentes sectores, como los propietarios, los inversores, los promotores o la oposición política. Algunos argumentan que la ley protege la función social de la vivienda y garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada. Otros sostienen que la ley desincentiva la oferta de alquiler, perjudica a los propietarios y no resuelve el problema de fondo del acceso a la vivienda.
21/4/23
regadíos en Doñana
Existe una polémica en curso sobre la propuesta de ley de reordenación de los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana que se tramita en el Parlamento de Andalucía.
Los regadíos son sistemas de cultivo en los que se suministra agua a las plantas de manera artificial para complementar la lluvia natural. Esto permite cultivar en zonas con poca precipitación o en épocas de sequía. El agua se obtiene de ríos, embalses, pozos o acuíferos y se distribuye a través de canales, tuberías y sistemas de riego.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado la retirada de esta propuesta, impulsada por el Partido Popular con el apoyo de Vox. Hay preocupaciones sobre el impacto ambiental y económico en la zona. Según científicos de la estación biológica, Doñana está en un punto crítico debido a la pérdida de humedales y biodiversidad por la falta de lluvia y el aumento de regadíos intensivos en su entorno. La Junta (el gobierno) de Andalucía quiere regularizar hasta 1.500 hectáreas ilegales sin perjuicio, según afirma, de la reserva y asegura que la regulación de los regadíos en Doñana es necesaria por el impacto económico en la zona.
La Comisión Europea ha reiterado que la proposición de ley podría acarrear sanciones y poner en riesgo los fondos europeos que debe recibir España.
Ecologistas, científicos, oposición al gobierno de Andalucia y gobierno central rechazan la iniciativa.
5/4/23
gestación subrogada
Esta semana en España se ha hablado, y mucho, sobre la gestación subrogada a raíz de conocerse la noticia de que Ana Obregón, actriz y presentadora de 68 años, muy popular en el país, habría recurrido a esta práctica para volver a ser madre, después de la perdida de su único hijo, hace 3 años.
La gestación subrogada, o vientre de alquiler, es ilegal en España y por eso la actriz ha tenido que recurrir a una madre gestante en el estado de Florida, Estados Unidos.
La polémica está servida tanto por dos aspectos:
Primero, por el hecho de que una persona célebre haya recurrido a esta práctica tan poco ética para amplios sectores de la sociedad y que lo haya hecho además a la edad de 68 años.
Segundo, porque a pesar de que el hecho se haya producido en el extranjero, tiene una compleja homologación jurídica en España. Por ejemplo, un proceso adopción sería el único vinculo legalmente permitido en este caso, pero la norma prohibe expresamente que la diferencia de edad entre el adoptado y el adoptante sea superior a 45 años.
El giro más loco a esta historia ha venido solo unos días más tarde, cuando se ha hecho público que el hijo ya fallecido de Ana Obregón sería el padre de la recien nacida. Asi que la actriz sería en realidad la abuela biologica y no la madre adoptiva.
29/3/23
torrijas
Durante estos días de Pascua en España tradicionalmente se cocinan (y se comen) las torrijas. Un dulce y delicioso pedazo de pan empapado en leche y huevo y después frito en aceite de oliva. Una vez fuera de la sartén se espolvorea con azúcar y canela y ya puedes probarlo, caliente o frio, según el gusto de cada uno.
Este año, este producto típico de Semana Santa, va a ser más caro que nunca debido a la inflación, que ha disparado los precios de todos sus ingredientes, todos ellos básicos en la cesta de la compra. El coste del azúcar ha experimentado en un año un alza de 52,1%, la leche es un 33,2% más cara, el aceite de oliva ha subido un 33,1%, los huevos cuestan un 28% más y para comprar una barra de pan hay que pagar un 13,2% adicional.
El postre, que ha estado siempre al alcance de todas las familias, este año será un objeto de lujo para todos los españoles.
Como curiosidad la palabra torrija se suele usar en el lenguaje coloquial para hacer referencia a la intoxicación etílica fruto de la ingesta excesiva de alcohol. Al igual que la torrija, el borracho está relleno de liquido por dentro.
16/3/23
Las Fallas de Valencia
Desde principios del mes y hasta el 19 de marzo, Valencia se entrega a la celebración de su fiesta grande: las Fallas. Una fiesta que combina tradición, fuego, pólvora, sátira y arte y que es considerada un símbolo de las celebraciones tradicionales de España.
En las plazas y en los cruces de calles se alzan las fallas que son unos impresionantes monumentos de cartón-piedra, alrededor de una, dos o tres figuras gigantescas, que pueden alcanzar los veinte metros de altura. Construidas por los artistas falleros, representan escenificaciones, tratando satíricamente temas de la actualidad social y política. La noche del 15 de marzo tiene lugar la Plantà de estos monumentos, acto con el que se abre la semana grande de la fiesta. Existen varias categorías de fallas que compiten por obtener distintos premios, destacando las fallas de la sección especial que son las más grandes y espectaculares.
La culminación de estas celebraciones tiene lugar el día 19 de Marzo, festividad de San José, con la Cremà en la que se prende fuego, entre la luz y el color de los fuegos artificiales, a todos los monumentos falleros.
El origen de la fiesta de las Fallas se remonta a la antigua tradición de los carpinteros de la ciudad, que en vísperas de la fiesta de su patrón, San José, quemaban frente a sus talleres, en las calles y plazas públicas, los trastos inservibles junto con los artilugios de madera que empleaban para elevar los candiles que les iluminaban mientras trabajaban en los meses de invierno.
8/3/23
Ley de paridad
El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una norma anunciada el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que persigue garantizar la presencia femenina en los centros de decisión.
Uno de los puntos clave de la futura ley es establecer una cuota de mujeres para órganos de Gobierno como el Consejo de Ministros y otros espacios de toma de decisiones como la dirección de grandes empresas, que deberán asegurar que el 40% de sus componentes son mujeres.
Con el establecimiento de las llamadas listas cremalleras, el proyecto quiere garantizar que haya la mitad de mujeres en el Congreso, en el Senado, en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Quiere blindar que el Consejo de Ministros sea paritario gobierne quien gobierne; y obligar a la presencia equilibrada en las masculinizadas juntas directivas de los colegios profesionales y también en los jurados de los premios con financiación pública.
La norma está pensada para la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio anual.
El incumplimiento de la cuota de al menos el 40% en los consejos de administración de las grandes empresas conllevará sanciones a partir del año que viene para las empresas que cotizan en Bolsa.
2/3/23
El ‘caso Mediador’
El llamado “Caso Mediador” es una trama de presuntos sobornos y extorsiones de empresarios y políticos canarios que ha provocado la dimisión del diputado nacional por el PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El caso, que se desveló la semana pasada, sitúa como vinculo entre políticos y empresarios, al hombre que le ha dado nombre a la trama: el mediador.
Marco Antonio Navarro Tacoronte es quien está poniendo todos los detalles en conocimiento de los investigadores del caso. La función de este empresario canario era la intermediar entre los supuestos responsables de la trama corrupta y los empresarios captados.
Juan Bernardo Fuentes, exdiputado socialista, al que se le conoce como ‘Tito Berni’, está acusado de recibir las comisiones por parte de los empresarios. Los pagos eran la llave para recibir favores. Entre estos favores incluirian: extender sus negocios por Canarias, disfrutar de un trato especial en subvenciones o frenar sanciones. Al salir a la luz esta trama, Fuentes tuvo que renunciar a su cargo de diputado. A pesar de que la jueza quería que entrase en prisión asegurando que había peligro de “destrucción de pruebas”, finalmente mantiene su libertad debido a que la Fiscalía no ha pedido prisión para él.
El exdiputado, de 60 años, fue diputado por Canarias en las VIII y XIV legislaturas y está siendo investigado por los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado.
25/2/23
gálibo
Estas últimas semanas se ha hablado en España del gálibo en la red de ferrocarriles del norte peninsular. Pero, ¿que es el gálibo? Es la dimensión máxima de un vehículo, largo, alto y ancho, que permite determinar si ese vehículo puede circular por un recorrido, sin chocar con ningún obstáculo. La administración responsable del transporte ferroviario transmitió incorrectamente esos valores al fabricante de los vehículos. Esto ha derivado en la fabricación de 31 trenes, que iban a dar servicio a la red, con un gálibo mayor al que permite el trazado. Con unos trenes ahora inútiles, los responsables de este costoso error, no han tenido otra opción que la de dimitir de sus cargos.
16/2/23
El MIR
El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes los resultados provisionales de los exámenes MIR de este año.
El examen MIR, acrónimo de Médico Interno Residente, es la prueba exigida a médicos, españoles o extranjeros, para acceder a una plaza de médico especialista en formación en el Sistema Nacional de Salud en España. El MIR 2023 ha ofertado 8550 plazas, un 5% más que el año pasado.
La oposición ha acusado al gobierno de no convocar suficientes plazas. Precisamente estas semanas los profesionales médicos se manifiestan por todo el país por las malas condiciones profesionales en el sector de la sanidad pública.
4/2/23
los perros de caza
¿Por qué se habla de los perros de caza estos días en España?
La nueva Ley de Bienestar Animal quiere proteger a las mascotas por encima de todo.
Sin embargo, el Partido Socialista ha propuesto una enmienda para que la nueva ley solo se aplique a los animales de compañía.
Esta ley califica a los animales de compañía como seres sintientes. Por contra excluye a los perros de caza, así como a los perros guardianes, dejándolos desprotegidos. Esta discriminación obviamente ha disgustado a animalistas, que consideran que todos los perros deberían ser tratados por igual.
4/2/23
salario mínimo interprofesional
Esta semana el presidente del Gobierno ha anunciado una subida del salario mínimo interprofesional para este año de 80 euros mensuales, tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos. Se llega así hasta los 1.080 euros repartidos en 14 pagas.
Tras el anuncio, el presidente ha señalado que el Ejecutivo cumple así con el compromiso adquirido al principio de la legislatura de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio español. Además, ha destacado que el salario mínimo ha subido en España un 36% desde que llegaron al Gobierno.
28/1/23
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en vez de DISMINUIDOS
La palabra “disminuido” genera polémica en España. “Disminuido” es el término con el que, desde 1978, la Constitución española se refiere a las personas con discapacidad.
Esta semana el Gobierno español y el principal partido de la oposición han llegado a un principio de acuerdo para modificar el artículo 49. Se trata de cambiar el término “disminuido” por el de “personas con discapacidad”.
La propuesta de reforma se viene trabajando desde el 2006, por la falta de consenso entre: la Real Academia Española, el colectivo afectado y los legisladores, acerca de la elección de un término que sirva de sustituto.
20/1/23
Zonas de Bajas Emisiones
Estas últimas semanas en España se ha hablado de las Zonas de Bajas Emisiones.
Son áreas delimitadas dentro de las ciudades, donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes.
La Ley de Cambio Climático y Transición energética obliga a los municipios españoles, de más de cincuentamil habitantes, a tener estas áreas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire.
Ya funcionan en ciudades como Madrid, Barcelona y Pontevedra. No obstante, hay otros municipios que, por falta de interés político, todavía no las tienen listas y esperan ponerlas en marcha en los próximos meses.
9.12.2022
el delito de malversación
El presidente del gobierno ha sugerido esta semana la posibilidad de reforma del delito de malversación.
Esto se considera una nueva concesión para favorecer a los líderes independentistas en Cataluña, procesados en la causa de la celebración del referéndum en 2017.
El delito de malversación está relacionado directamente con la corrupción. Se trata de un delito de apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal de los bienes que lo componen. Solo puede cometerse por una autoridad o funcionario público y tiene lugar cuando estos sujetos alteran el patrimonio público.
4.12.2022
jugar a las cocinitas
¿Quien quiere jugar a las cocinitas? Poco a poco, los anuncios de televisión en los que vemos a un grupo de niñas, exclusivamente ellas, sosteniendo muñecas en brazos, o los catálogos de juguetes en los que solo niñas aparecen jugando a las cocinitas irán quedando atrás. Y es que a partir del 1 de diciembre, entra en vigor el código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes.
Desde ahora, todos los anuncios y publicidades que se hagan nuevos sobre juguetes deberán ser “mixtos”. Con esta norma se pretende evitar la asociación exclusiva de juguetes que reproduzcan roles.
Los juguetes, no podrán presentarse con la indicación expresa o tácita de que son para uno u otro sexo ni se harán asociaciones de colores (como el rosa para las niñas, y el azul para los niños).
25.11.22
tomadura de pelo
Así es como ha calificado la ministra para la transición ecológica, Teresa Ribera, la propuesta de la Comisión Europea para fijar un tope de 275 euros en el megavatio hora al precio de las compras de gas.
La ministra, que también definió este tope como una broma de mal gusto, lanzó un mensaje claro: España no respaldará ninguna medida energética más, hasta que se haga una propuesta seria que incluya un tope factible al precio del gas.
18.11.2022
rebajas de penas a agresores sexuales
Esta semana se habla en España de las rebajas de penas a agresores sexuales.
Un reciente cambio normativo que pretendía ser más estricto con los delitos sexuales hacia las mujeres, está produciendo el efecto contrario por un defecto de forma en la redacción de la ley.
Este defecto ha permitido solicitar una rebaja en las penas de carcel a algunos condenados, ya que los distintos tipos delictivos se han fusionado en uno solo. Esto ha derivado en una reducción en la duración de los castigos impuestos.
El gobierno acusa a los jueces de malinterpretar la ley y los jueces acusan al gobierno de no haber previsto este efecto indeseable en la redacción de la ley.
La polémica está servida.
12.11.2022
desórdenes públicos agravados
Es la nueva denominación propuesta por el gobierno para reemplazar el delito de sedición en el Código Penal español.
Además del cambio de nombre, ahora mucho más explícito, se adopta una reducción significativa de las penas de cárcel que lleva asociadas. La oposición habla de concesión al independentismo catalán, al ser este el delito por el que Carles Puigdemont está siendo perseguido en España desde 2017.
5.11.2022
exhumación
La Hermandad de la Macarena exhumó en la madrugada del jueves los restos del militar golpista Gonzalo Queipo de Llano que permanecían inhumados en el interior de su basílica en Sevilla, considerada un lugar privilegiado, desde hace 71 años. La exhumación se han realizado en base a la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática, que entró en vigor en octubre de este año.
Para algunos sectores de la sociedad es una reivindicación histórica, pero para una parte de la derecha parlamentaria es una forma de revivir conflictos históricos y se oponen a este tipo de acciones.
28.10.2022
sedición
El delito de sedición se considera un delito contra el orden público.
La sedición se atribuye a aquellas personas que se alcen tumultuariamente contra cualquier autoridad para impedir la aplicación de las leyes.
De acuerdo con la sentencia, eso es lo que hicieron los políticos y líderes civiles catalanes que organizaron el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, y por ese motivo fueron condenados.
El Código Penal prevé entre 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta para personas que formen parte de la autoridad del pais.
22.10.2022
libre autodeterminación de género
Esta semana en España los partidos del gobierno discuten sobre la Ley Trans.
La libre autodeterminación de género es el principio según el cual los poderes públicos tratarán a una persona según su identidad de género libremente expresada. Dicho de otra manera, que la administración se dirija a las personas respetando el género con el que se identifican.
16.10.2022
devoluciones en caliente
Se trata de la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo. Es decir, ocurren cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expulsan a personas migrantes o refugiadas, sin la debida protección ni garantías. Estas personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar la expulsión.
